31 mayo 2017

Tres polémicas en las costas del proceso de ejecución.


La Revista de Jurisprudencia de El Derecho ha publicado el artículo “Tres polémicas en las costas del proceso de ejecución”. Por razones que se ignoran los llamados costes del proceso carecen de regulación en nuestro ordenamiento y, dejando al margen los escasos preceptos que la Ley de Enjuiciamiento Civil dedica a la tasación de costas, los conflictos procesales que en esta sede se originan son múltiples. Centrándonos en el proceso de ejecución destacan, entre otros, la aplicación del límite del art. 394.3 LEC o las costas en la ejecución del proceso monitorio y a dichos interrogantes se dedica este trabajo así como a las diferentes teorías que han tratado de solucionarlos.

27 mayo 2017

Hartazgo.


No me llama la atención que profesionales de cincuenta años y con más de veinte de ejercicio -o mejor dicho, desde que aprobamos la oposición y repito, desde que aprobamos la oposición, porque todos los funcionarios de los grupos A de la Administración del Estado hemos aprobado una oposición y no un master, tres cursos, dos trabajos o, peculiaridades académicas varias- piensen, pensemos, en lo que nos queda para despedirnos de la tutela judicial efectiva de los 152.954 abogados ejercientes en el censo del año 2016 (en el año 2015 fueron 151.866) y de los derechos de los millones de conciudadanos que o, nunca han sabido lo que firmaban o, nunca han leído nada de lo que sabían. O lo sabían todo por la televisión, que de todo hay y como dice un antiguo portero del Real Madrid en “situaciones difíciles” “hagámoslo fácil”. 

Claro que sí “hagámoslo fácil”, con ochenta y dos facultades de derecho produciendo abogados en cuatro años y un master, cualquiera puede cascarle un recurso de casación al Tribunal Supremo, así que tampoco podrá sorprendernos que la conciliación haya sustituido al burofax de correos, que las demandas de los juicios ordinarios traten de ganar el asunto por el peso y por no la calidad de la fundamentación y, que sigamos prefiriendo un buen pleito a cualquier clase de acuerdo. De hecho ya son legión los abogados que se traen de casa y por escrito, las conclusiones de los juicios que luego leen sin recato y, todo ello después de la práctica de una prueba que era imprescindible en la audiencia previa o multitudinaria en el juicio verbal y que se obvia por que, evidentemente, no venía escrita, ni concluida de casa. 

Y es que en el otro lado, en el nuestro, solo cabe guardar un prudente silencio, que todo pase y a ver si con suerte nos dejan en paz. El caso Mari Luz fue paradigmático en este sentido y un buen aviso a navegantes: se centró el foco en el Magistrado y en la Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal y, no en los incompetentes que han regido y rigen la gestión de la Administración de Justicia desde que el Tribunal Constitucional tuvo la ocurrencia de partir aquella en tres trocitos. No niego responsabilidades en la casa, pero por aquí pasan y pasan saltimbanquis que van y vienen y, a ninguno se le piden cuentas por nada y, sucede que en mi Juzgado todos, comenzando por la Magistrado y terminando por el Auxilio Judicial, tiramos de agenda a pezuña para computar plazos o señalamientos, porque el famoso Cicerone de gestión procesal es un programa tan obsoleto y, hay que dar tantos pasos para cualquier cosa que al final lo más práctico es el bolígrafo y el papel. 

Valencia no tiene facultad de Veterinaria (la pública más cercana está en Zaragoza), ni de Ciencias del Mar, pero tiene cuatro estupendas facultades de Derecho y sumamos y seguimos y si los planes de estudios de los años setenta eran como eran, los de ahora son con son y, de hecho una de ellas produce un licenciado de Derecho en un año con las convalidaciones oportunas. Con el título, el master, y los artículos 24 CE y 231 LEC la cosa está hecha. 

¿La cosa está hecha? Pues claro que está hecha y encima transporta un virus contagioso, porque por edad, por modificaciones legales y por la situación económica, esos abogados de los años ochenta y noventa están desapareciendo o ya evitan los enfrentamientos en los juicios y prefieren mandar a gente de sus despachos a que cojan tablas y, ojalá que el público de ese teatro fuera también funcionarios cogiendo tablas, pero cuando eso no sucede vamos pensando que lo mejor es cumplir sesenta años y llegar a treinta años de servicio

24 mayo 2017

La cuestión compleja en la ejecución de la jura de cuentas.

La regulación de la jura de cuentas en la Ley de Enjuiciamiento civil constituye una vía privilegiada de protección de los derechos y honorarios de abogados y de procuradores, siendo así que en el caso de los primeros se ampara el pago de los «honorarios que hubieren devengado en el asunto», siempre que se presente una «minuta detallada» (art.35.1 LEC). 

Dice el ATS, Sala 1ª, del 17 de junio de 2015 (ROJ: ATS 5027/2015) que las características propias del procedimiento de jura de cuenta conducen a reconocerle un carácter incidental, es decir, un procedimiento en dependencia inmediata con un pleito principal. Estas características serían las siguientes: (i) presupone siempre un proceso anterior; (ii) los sujetos legitimados activamente serían los abogados y los procuradores que hubieran intervenido en el proceso precedente; (iii) la integración del sujeto pasivo y del objeto vendrían, igualmente, determinados por el proceso anterior; (iv) la comprobación de los presupuestos y requisitos para su admisión y el examen de las posibles excepciones e impugnaciones habrían de hacerse en relación con el pleito anterior; (v) la clase de resolución que en la ley ha elegido el legislador para su conclusión adoptará la forma de decreto; (vi) lo decidido en este trámite, como norma, no tendría efectos de cosa juzgada, en cuanto podría promoverse un juicio posterior; (vii) la competencia funcional para su tramitación correspondería al órgano que conoció del proceso anterior; y (viii) la propia sistemática seguida para la regulación del procedimiento se sitúa entre las disposiciones relativas a la intervención de los abogados y procuradores, y no dentro de los procesos especiales. 

Y en palabras de la STS, Sala 1ª, de 19 de junio de 2008 (ROJ: STS 4138/2008), la jura de cuentas sería un procedimiento ejecutivo, de naturaleza sumaria y especial, que otorgaría una singular protección a los letrados, en cuanto les posibilitaría a hacer efectivos de forma expeditiva los créditos derivados de su actuación profesional en los procesos, evitándoles acudir a la vía declarativa ordinaria, la cual, de todas formas, no quedaría excluida ya que el interesado podría optar por una u otra. 

No obstante, en los casos en los que por el requerido de pago se formularan excepciones que desbordasen los límites del procedimiento, debería someterse la cuestión al juicio declarativo correspondiente. De lo contrario, se ampararían situaciones de abuso, al tiempo que quedaría mermado el derecho de defensa. Aunque tampoco bastaría cualquier alegación de cuestión compleja, sino que por el órgano judicial habría de determinarse sí efectivamente las razones esgrimidas por el demandado contarían con visos de verosimilitud. Para terminar, deberá atenderse a la obligación de solventar la reclamación y la impugnación que en su caso pudiera formularse, según el estado de las actuaciones y, de la documental que hubiera podido aportarse. Pues bien, dicho todo lo anterior, el problema surge cuando el demandado guarda silencio frente al requerimiento y una vez despachada ejecución formula una oposición fundada en la existencia de una «cuestión compleja», que excedería los reducidos límites del art. 35 LEC y que tampoco encontraría acomodo, en principio, en los arts. 556 y ss. LEC. Digo que excedería los límites del art. 35 LEC porque en tales circunstancias, nos encontraríamos con una problemática que presentaría una complejidad que excedería del ámbito del juicio sumario y debería examinarse en el juicio declarativo (ATS, Sala 1ª, 20 de septiembre de 2011, ROJ: ATS 9983/2011). 

Y ¿qué sucede con la ejecución? Adviértase que en este supuesto lo que el ejecutado plantearía sería la inexistencia del arrendamiento de servicios entre las partes y por ende, de una relación entre el letrado y la parte en el que estaría incluido el proceso que originó la reclamación del primero. Esto es, lo que realmente se sometería a consideración del órgano judicial sería la eficacia y el alcance de lo pactado y, pese a ello la oposición que se articulase no prosperaría salvo, claro está, la decisión que pudiera adoptarse en el proceso declarativo sobre esta cuestión. 

Ahora bien la reciente Sentencia TJUE, Sala Quinta, de 16 de febrero de 2017 (asunto C‑503/15), puede haber abierto la puerta a otra interpretación. La sentencia define la jura de cuentas como un procedimiento que se sitúa al margen del sistema jurisdiccional nacional. Por una parte, la incoación del procedimiento de jura de cuentas no da lugar a que, por causa de litispendencia, pueda impedirse que un tribunal ordinario sustancie autónomamente un proceso declarativo o un procedimiento monitorio, ni tampoco constituye una causa de inadmisibilidad de los motivos que pudieran formularse, simultánea o sucesivamente, ante tal tribunal ordinario, y, por otra parte, el decreto por el que se pone fin al expediente de jura de cuentas es similar a una resolución de carácter administrativo, puesto que tal decreto, aun siendo firme e inmediatamente ejecutivo, sin que se admita contra él ningún recurso, no goza de los atributos de una resolución judicial, especialmente de la fuerza de cosa juzgada material. 

De las consideraciones anteriores resultaría que, en el ámbito del expediente de jura de cuentas, el Letrado de la Administración de Justicia no constituiría un «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE y sería el juez de la ejecución competente para acordar el apremio sobre la cantidad debida, quien debería examinar —de oficio si fuera necesario— el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual que figurase en el contrato celebrado entre un abogado y un cliente suyo (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2015, C‑32/14 y de 18 de febrero de 2016, C‑49/14) y, por la misma razón, podría admitirse la oposición que el ejecutado formulase por la existencia de una «cuestión compleja» entre las partes.

19 mayo 2017

No habrá Juzgados Bis en Valencia para las reclamaciones bancarias (ii).


ACTA de la junta celebrada el día 5 de mayo de 2017 por los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia. 

Secretario Coordinador Provincial.
LAJ de los Juzgados de 1ª Instancia nº 1, nº 2, nº 4, nº 10, nº 12, nº 14, nº 16, nº 18, nº 19, nº 20, nº 22 y nº 23 
Excusan asistencia LAJ de los Juzgados de 1ª Instancia nº 5, nº7, nº 17, nº 21 que delega voto en el LAJ 1ª Instancia nº 22 y nº 25 y delega voto en el LAJ 1ª Instancia nº 4. 
No han sido convocados los LAJ destinados en los Juzgados de Familia y de Incapacidades.


ORDEN DEL DÍA: 
Se informe sobre la posibilidad de la constitución de un Juzgado Bis para la TRAMITACIÓN y RESOLUCIÓN de los asuntos civiles que se indican y, en su caso, sobre la dotación de su plantilla. 
El Secretario Coordinador Provincial informa a la junta que la aprobación de la constitución de un Juzgado Bis para la resolución de los conocidos como asuntos bancarios compete al CGPJ y que su plantilla se compondría de 2 Letrados y 4 funcionarios. No obstante, el parecer del Ministerio de Justicia y de la Consejería de Justicia es que no dotaran las plazas que correspondan hasta que no tengan datos del número de registro de demandas en el decanato. 
Por su parte, la Sala de Gobierno del TSJ ha aprobado la petición del Juez Decano de prorrogar el refuerzo de los Magistrados que en comisión de servicio actúan en los Juzgados de Primera Instancia. Sin embargo, la medida será provisional en tanto se constituya el Juzgado Bis, por lo que a diferencia de lo sucedido en el caso de Bankia, será este último — y no todos los Juzgados de Primera Instancia— el que asuma esta clase de asuntos. 
— Sobre la resolución de los conocidos como asuntos bancarios por un Juzgado Bis. Se vota por unanimidad el siguiente ACUERDO. 
La Junta entiende que la constitución de un Juzgado Bis es la mejor medida para tramitar y resolver los asuntos de esta naturaleza, por las siguientes razones: 
a) Evita las disfunciones y perjuicios del sistema vigente —refuerzo de varios Magistrados en todos los Juzgados sin otra dotación de personal— en el particular relativo al señalamiento paralelo que estaba produciendo en cada órgano entre los asuntos que enjuiciaba el Magistrado titular y los que conocían los Magistrados de refuerzo, lo que implicaba que unos asuntos se solventaran con mayor celeridad que otros y 
b) Atribuye a un solo órgano —el Juzgado Bis— todos los asuntos de la misma naturaleza lo que facilita su gestión y tramitación y permite unificar criterios y prácticas de actuación. 
Las razones que se exponen y que justifican la constitución del Juzgado Bis implicarían, por necesidad, las siguientes medidas organizativas: 
a) La dotación de plantilla suficiente para responder a las necesidades del órgano, lo que evitará el riesgo de colapso en el caso que el número de entrada de asuntos sea muy elevado. 
b) La dotación informática que corresponda, incluyendo la apertura de una cuenta bancaria propia. 
c) La competencia sobre cualquier gestión burocrática o administrativa en los asuntos que conozca el Juzgado Bis y en particular en lo que se refiere a la elaboración de la estadística, cuestiones de personal y peticiones de información que se formulen por otras Administraciones. 
d) La determinación del destino de la bolsa de asuntos que pueda quedar pendiente de tramitar o de ejecutar en el Juzgado Bis, si dicha medida de refuerzo no se prorrogara hasta finalizar todos los asuntos de su competencia. 
— Sobre la elaboración de un protocolo que unifique prácticas en la tramitación y ejecución en el Juzgado BIS Se vota por unanimidad el siguiente ACUERDO. 
La Junta entiende que deberá elaborarse un protocolo que unifique prácticas en los siguientes actos: 
Emplazamiento de las partes. 
Forma y presentación de documentos en los traslados de copias. 
Forma de cumplimiento de la sentencias. 
Liquidaciones de intereses. 
Práctica e impugnación de las tasaciones de costas.

En fechas recientes se ha tenido noticia que el Juzgado Bis designado ha sido el Primera Instancia nº 25 y que la Comunidad Valenciana no facilitará la constitución del Juzgado Bis, lo que no sorprende y que obligará a elaboración del protocolo. No obstante, tampoco estamos ante un asunto sencillo y, de hecho las juntas se están convocando con arreglo a la previsión del art.26.3 Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

11 mayo 2017

Buena fe procesal y los actos del último minuto (ATS, 26-4-2017)


Una de las situaciones que se reproducen a modo de plaga en cualquier órgano judicial es del acto del último minuto: en juicios señalados con meses de antelación se comienzan a pedir cosas cuarenta y ocho horas antes de la vista o, mejor aún, en el mismo día del juicio se suceden apuds actas, se personan partes, se reclaman presuntas nulidades y, se pregunta por la pericial que no aparece, pero que estaba, solo había que buscarla. Una especie de entente cordiale permite estas prácticas y hasta los desistimientos y los acuerdos del “déjenos un mínuto que estamos hablando”, ¿un mínuto?, pero ¿si se señaló el juicio hace siete meses? 

En estas se ha publicado el ATS, Sala 1ª de 26 de abril de 2017 (ROJ: ATS 3863/2017) que desestima un recurso de audiencia en justicia contra la decisión de la Sala de imponer a CAIXABANK, SA una multa de seis mil euros por haber conculcado las reglas de la buena fe procesal ya que esperó al día anterior al señalado para la deliberación y fallo del asunto para desistir del recurso, pese a tener conocimiento del citado señalamiento desde hacía más de un mes y haber interpuesto el recurso hacía más de dos años. 

La recurrente argumentó, en síntesis, que el motivo del desistimiento estaba justificado y motivado por el acuerdo alcanzado entre las partes, al que se había llegado tras una negociación prolongada en el tiempo; también se argumentó que la LEC permite desistir a las partes en cualquier momento procesal con anterioridad a la notificación de la sentencia, por lo que dicho desistimiento no podía considerarse un fraude procesal; por último, se alegó que la Sala había requerido a la recurrente para que identificase todos los recursos que tenía interpuestos con contenido similar, por lo que el esfuerzo, tiempo y dedicación de los magistrados no habrían sido baldíos pues servirían para la resolución de los quince recursos pendientes con idéntica cuestión jurídica. 

Dice la Sala que recurso planteado reproduce, básicamente, los argumentos del escrito de alegaciones que fueron ya tenidos en cuenta al resolver sobre la actuación del demandado que motivó la actuación correctora de la, con lo que no se aprecian razones de hecho ni de derecho para que la audiencia en justicia pueda ser acogida, al subsistir las causas que motivaron la imposición de la sanción acordada. Y previa remisión al auto recurrido resuelve que, en síntesis, se consideró injustificable que se hubiera esperado al día anterior al señalado para la deliberación, votación y fallo del recurso para presentar el escrito de desistimiento, porque no había obstáculo para haberlo presentado antes y porque, de ser cierto que el acuerdo no se alcanzó hasta ese momento (lo cual no ha quedado demostrado), se pudo advertir al tribunal con suficiente antelación de lo avanzado de las negociaciones, para que pudiera suspenderse al menos momentáneamente la deliberación, votación y fallo, y señalar otro recurso en sustitución del suspendido. Y termina diciendo:


TERCERO.- La alegación de que no existe fraude procesal es inane, porque la sanción no se impuso por la existencia de fraude procesal, sino por haber conculcado Caixabank las reglas de la buena fe procesal. 
Esta sala no cuestiona que los arts. 19, 20 y 22 LEC faculten a Caixabank para desistirse del recurso. Caso de que Caixabank no hubiera estado facultado para ello, la decisión de la sala hubiera sido la de no acceder a la solicitud de desistimiento. El ejercicio de los derechos conculcando las exigencias de la buena fe supone que, efectivamente, el sujeto está ejercitando un derecho que le concede el ordenamiento jurídico, pero las circunstancias concretas concurrentes hacen que, por su excepcionalidad, tal ejercicio sea jurídicamente reprochable porque se defraudan las legítimas expectativas que los interesados en la relación jurídica podían tener respecto de un ejercicio correcto del derecho.
Eso es lo acaecido en el presente caso, en el que, sin justificación, se ha esperado a la víspera del día señalado para la deliberación, votación y fallo del recurso para comunicar al tribunal el desistimiento del recurso. 
Por último, la existencia de otros recursos que se dicen similares (sin que se haya argumentado mínimamente el porqué de tal similitud) no es argumento que sirva para desvirtuar las circunstancias que determinan el comportamiento contrario a la buena fe de la recurrente. El señalamiento del recurso, mantenido hasta el último momento, ha impedido que pueda señalarse otro asunto con el correspondiente perjuicio para la recta administración de justicia. Como ya se indicó en el auto hoy recurrido, la actuación de la recurrente no supone únicamente una desconsideración hacia los miembros de este tribunal sino también un mal uso de los recursos públicos que redunda en perjuicio del resto de justiciables .

No nos preocupemos que en la primera instancia seguiremos suspendiendo lo suspensible azotados por los arts. 231 LEC y 24 CE, (menos cuando aparece el impulso de oficio del art. 179 LEC que de todo hay) o, mejor dicho, no hace falta articulado alguno: ¿un auto para la audiencia en justicia más la nulidad que vendría después, el recurso de queja en la Audiencia Provincial y la correspondiente, por trámite, en el Tribunal Superior de Justicia a cambio de un desistimiento? Evidentemente el desistimiento y hasta del último segundo.

09 mayo 2017

Los Juzgados Bis, la mejor solución entre las peores para las reclamaciones bancarias (i).


Las sucesivas intervenciones del TJUE tan incomprensiblemente aplaudida por algunos – esperen a que la inexistencia de la cosa juzgada les sorprenda en un asunto y verán el espectáculo- parece conducirnos a una segunda oleada de litigios contra las entidades bancarias y, sí en el primero fue Bankia el actor invitado en el proceso civil, en esta segunda entrega van a ser varias las entidades bancarias afectadas. Mientras tanto creo que el proceso penal sigue su curso, prudencia ante todo. 

Y quien les escribe tiene cierta experiencia en esto de las más de 20.000 demandas que se registraron en el Decanato de Valencia, se turnaron a los 21 Juzgados de Primera Instancia y con el único refuerzo de varios Magistrados en comisión de servicio, mal que bien logramos sacar el lío adelante. Observen lo del refuerzo, porque la Comunidad Autónoma decidió ponerse de perfil y el Ministerio de Justicia nombró un único Letrado, mientras que el CGPJ aprobaba sucesivas prórrogas que en ocasiones llegaron a cinco Jueces de Adscripción Territorial en un solo trimestre. Y otro detalle que se deja escapar como si tal cosa: la dificultad jurídica de los asuntos contra Bankia disminuyó con el paso del tiempo (entiéndase como pronunciamientos en sentido contrario) y de hecho, desde hace un par de años no se interpone ningún recurso de apelación y el contenido de las sentencias es sustancialmente idéntico. 

Vayamos ahora con el famosísimo Juzgado bis y el punto de vista del consumidor, porque si me lo permiten a mi condición de Letrado de la Administración, uno la circunstancia de haber firmado una escritura de hipoteca y hasta podría verme afectado por algún hecho que me obligara a presentar una demanda en un Juzgado de Primera Instancia y, bajo esta triple condición la constitución de estos para-órganos se antoja la mejor solución entre las peores posibles, que tampoco sé muy bien cuales serían. 

La primera razón de peso es que unifica la respuesta de la primera instancia civil y evita el juego procesal de las sentencias contradictorias. Insisto en que no estamos hablando del copia-pega de las sentencias contra Bankia, sino de litigios que aunque sean de la misma naturaleza, podrán tener diferentes grados de complejidad y, en esta tesitura parece aconsejable que sea el Tribunal Supremo el encargado de fijar una doctrina y no que cada órgano de la instancia resuelva según su entender en la materia. 

La segunda razón afecta al doble turno de señalamiento que producen los llamados refuerzos transversales y a los perjuicios que ello implica para otras reclamaciones civiles. Esto es, cuando intervienen varios Magistrados de refuerzo se organiza un turno de señalamiento paralelo al que tiene cada Juzgado y, como solo se dedican a esta clase de asuntos, al juicio (cuando se celebra) y al dictado de la sentencia, no hará falta ilustrarles sobre la celeridad de este segundo turno, que repito se produce en el mismo Juzgado. 

La tercera afecta a la ejecución y a las tasaciones de costas. El segundo beneficio procesal que produce la intervención de un solo órgano es que la unidad de criterio del proceso declarativo se traslada al de ejecución en la interpretación y ejecución del fallo y, cuando hablo de ejecución me refiero al día siguiente al de la firmeza de la sentencia y a la posibilidad de arbitrar prácticas que permitan y obliguen el cumplimiento voluntario. 

En cuanto a las costas la pelea – y aquí no cabe otro calificativo- entre Bankia y varios colegios de abogados provocó que la primera denunciara a siete de ellos en la Comisión de la Competencia y, que los Juzgados se hayan llenado de impugnaciones de tasaciones en las que me da que el ciudadano-consumidor poco ha tenido que ver pese a que fuera el titular del crédito y que, no hará falta decirlo, provocan un hartazgo mayúsculo. 

Y para terminar no creo que la dotación de medios tal y como se entiende en España y, que consiste en el amontonamiento de funcionarios interinos de todos los cuerpos en todos los Juzgados sirva de argumento en sentido contrario.