27 mayo 2017

Hartazgo.


No me llama la atención que profesionales de cincuenta años y con más de veinte de ejercicio -o mejor dicho, desde que aprobamos la oposición y repito, desde que aprobamos la oposición, porque todos los funcionarios de los grupos A de la Administración del Estado hemos aprobado una oposición y no un master, tres cursos, dos trabajos o, peculiaridades académicas varias- piensen, pensemos, en lo que nos queda para despedirnos de la tutela judicial efectiva de los 152.954 abogados ejercientes en el censo del año 2016 (en el año 2015 fueron 151.866) y de los derechos de los millones de conciudadanos que o, nunca han sabido lo que firmaban o, nunca han leído nada de lo que sabían. O lo sabían todo por la televisión, que de todo hay y como dice un antiguo portero del Real Madrid en “situaciones difíciles” “hagámoslo fácil”. 

Claro que sí “hagámoslo fácil”, con ochenta y dos facultades de derecho produciendo abogados en cuatro años y un master, cualquiera puede cascarle un recurso de casación al Tribunal Supremo, así que tampoco podrá sorprendernos que la conciliación haya sustituido al burofax de correos, que las demandas de los juicios ordinarios traten de ganar el asunto por el peso y por no la calidad de la fundamentación y, que sigamos prefiriendo un buen pleito a cualquier clase de acuerdo. De hecho ya son legión los abogados que se traen de casa y por escrito, las conclusiones de los juicios que luego leen sin recato y, todo ello después de la práctica de una prueba que era imprescindible en la audiencia previa o multitudinaria en el juicio verbal y que se obvia por que, evidentemente, no venía escrita, ni concluida de casa. 

Y es que en el otro lado, en el nuestro, solo cabe guardar un prudente silencio, que todo pase y a ver si con suerte nos dejan en paz. El caso Mari Luz fue paradigmático en este sentido y un buen aviso a navegantes: se centró el foco en el Magistrado y en la Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal y, no en los incompetentes que han regido y rigen la gestión de la Administración de Justicia desde que el Tribunal Constitucional tuvo la ocurrencia de partir aquella en tres trocitos. No niego responsabilidades en la casa, pero por aquí pasan y pasan saltimbanquis que van y vienen y, a ninguno se le piden cuentas por nada y, sucede que en mi Juzgado todos, comenzando por la Magistrado y terminando por el Auxilio Judicial, tiramos de agenda a pezuña para computar plazos o señalamientos, porque el famoso Cicerone de gestión procesal es un programa tan obsoleto y, hay que dar tantos pasos para cualquier cosa que al final lo más práctico es el bolígrafo y el papel. 

Valencia no tiene facultad de Veterinaria (la pública más cercana está en Zaragoza), ni de Ciencias del Mar, pero tiene cuatro estupendas facultades de Derecho y sumamos y seguimos y si los planes de estudios de los años setenta eran como eran, los de ahora son con son y, de hecho una de ellas produce un licenciado de Derecho en un año con las convalidaciones oportunas. Con el título, el master, y los artículos 24 CE y 231 LEC la cosa está hecha. 

¿La cosa está hecha? Pues claro que está hecha y encima transporta un virus contagioso, porque por edad, por modificaciones legales y por la situación económica, esos abogados de los años ochenta y noventa están desapareciendo o ya evitan los enfrentamientos en los juicios y prefieren mandar a gente de sus despachos a que cojan tablas y, ojalá que el público de ese teatro fuera también funcionarios cogiendo tablas, pero cuando eso no sucede vamos pensando que lo mejor es cumplir sesenta años y llegar a treinta años de servicio

24 mayo 2017

La cuestión compleja en la ejecución de la jura de cuentas.

La regulación de la jura de cuentas en la Ley de Enjuiciamiento civil constituye una vía privilegiada de protección de los derechos y honorarios de abogados y de procuradores, siendo así que en el caso de los primeros se ampara el pago de los «honorarios que hubieren devengado en el asunto», siempre que se presente una «minuta detallada» (art.35.1 LEC). 

Dice el ATS, Sala 1ª, del 17 de junio de 2015 (ROJ: ATS 5027/2015) que las características propias del procedimiento de jura de cuenta conducen a reconocerle un carácter incidental, es decir, un procedimiento en dependencia inmediata con un pleito principal. Estas características serían las siguientes: (i) presupone siempre un proceso anterior; (ii) los sujetos legitimados activamente serían los abogados y los procuradores que hubieran intervenido en el proceso precedente; (iii) la integración del sujeto pasivo y del objeto vendrían, igualmente, determinados por el proceso anterior; (iv) la comprobación de los presupuestos y requisitos para su admisión y el examen de las posibles excepciones e impugnaciones habrían de hacerse en relación con el pleito anterior; (v) la clase de resolución que en la ley ha elegido el legislador para su conclusión adoptará la forma de decreto; (vi) lo decidido en este trámite, como norma, no tendría efectos de cosa juzgada, en cuanto podría promoverse un juicio posterior; (vii) la competencia funcional para su tramitación correspondería al órgano que conoció del proceso anterior; y (viii) la propia sistemática seguida para la regulación del procedimiento se sitúa entre las disposiciones relativas a la intervención de los abogados y procuradores, y no dentro de los procesos especiales. 

Y en palabras de la STS, Sala 1ª, de 19 de junio de 2008 (ROJ: STS 4138/2008), la jura de cuentas sería un procedimiento ejecutivo, de naturaleza sumaria y especial, que otorgaría una singular protección a los letrados, en cuanto les posibilitaría a hacer efectivos de forma expeditiva los créditos derivados de su actuación profesional en los procesos, evitándoles acudir a la vía declarativa ordinaria, la cual, de todas formas, no quedaría excluida ya que el interesado podría optar por una u otra. 

No obstante, en los casos en los que por el requerido de pago se formularan excepciones que desbordasen los límites del procedimiento, debería someterse la cuestión al juicio declarativo correspondiente. De lo contrario, se ampararían situaciones de abuso, al tiempo que quedaría mermado el derecho de defensa. Aunque tampoco bastaría cualquier alegación de cuestión compleja, sino que por el órgano judicial habría de determinarse sí efectivamente las razones esgrimidas por el demandado contarían con visos de verosimilitud. Para terminar, deberá atenderse a la obligación de solventar la reclamación y la impugnación que en su caso pudiera formularse, según el estado de las actuaciones y, de la documental que hubiera podido aportarse. Pues bien, dicho todo lo anterior, el problema surge cuando el demandado guarda silencio frente al requerimiento y una vez despachada ejecución formula una oposición fundada en la existencia de una «cuestión compleja», que excedería los reducidos límites del art. 35 LEC y que tampoco encontraría acomodo, en principio, en los arts. 556 y ss. LEC. Digo que excedería los límites del art. 35 LEC porque en tales circunstancias, nos encontraríamos con una problemática que presentaría una complejidad que excedería del ámbito del juicio sumario y debería examinarse en el juicio declarativo (ATS, Sala 1ª, 20 de septiembre de 2011, ROJ: ATS 9983/2011). 

Y ¿qué sucede con la ejecución? Adviértase que en este supuesto lo que el ejecutado plantearía sería la inexistencia del arrendamiento de servicios entre las partes y por ende, de una relación entre el letrado y la parte en el que estaría incluido el proceso que originó la reclamación del primero. Esto es, lo que realmente se sometería a consideración del órgano judicial sería la eficacia y el alcance de lo pactado y, pese a ello la oposición que se articulase no prosperaría salvo, claro está, la decisión que pudiera adoptarse en el proceso declarativo sobre esta cuestión. 

Ahora bien la reciente Sentencia TJUE, Sala Quinta, de 16 de febrero de 2017 (asunto C‑503/15), puede haber abierto la puerta a otra interpretación. La sentencia define la jura de cuentas como un procedimiento que se sitúa al margen del sistema jurisdiccional nacional. Por una parte, la incoación del procedimiento de jura de cuentas no da lugar a que, por causa de litispendencia, pueda impedirse que un tribunal ordinario sustancie autónomamente un proceso declarativo o un procedimiento monitorio, ni tampoco constituye una causa de inadmisibilidad de los motivos que pudieran formularse, simultánea o sucesivamente, ante tal tribunal ordinario, y, por otra parte, el decreto por el que se pone fin al expediente de jura de cuentas es similar a una resolución de carácter administrativo, puesto que tal decreto, aun siendo firme e inmediatamente ejecutivo, sin que se admita contra él ningún recurso, no goza de los atributos de una resolución judicial, especialmente de la fuerza de cosa juzgada material. 

De las consideraciones anteriores resultaría que, en el ámbito del expediente de jura de cuentas, el Letrado de la Administración de Justicia no constituiría un «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE y sería el juez de la ejecución competente para acordar el apremio sobre la cantidad debida, quien debería examinar —de oficio si fuera necesario— el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual que figurase en el contrato celebrado entre un abogado y un cliente suyo (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2015, C‑32/14 y de 18 de febrero de 2016, C‑49/14) y, por la misma razón, podría admitirse la oposición que el ejecutado formulase por la existencia de una «cuestión compleja» entre las partes.

19 mayo 2017

No habrá Juzgados Bis en Valencia para las reclamaciones bancarias (ii).


ACTA de la junta celebrada el día 5 de mayo de 2017 por los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia. 

Secretario Coordinador Provincial.
LAJ de los Juzgados de 1ª Instancia nº 1, nº 2, nº 4, nº 10, nº 12, nº 14, nº 16, nº 18, nº 19, nº 20, nº 22 y nº 23 
Excusan asistencia LAJ de los Juzgados de 1ª Instancia nº 5, nº7, nº 17, nº 21 que delega voto en el LAJ 1ª Instancia nº 22 y nº 25 y delega voto en el LAJ 1ª Instancia nº 4. 
No han sido convocados los LAJ destinados en los Juzgados de Familia y de Incapacidades.


ORDEN DEL DÍA: 
Se informe sobre la posibilidad de la constitución de un Juzgado Bis para la TRAMITACIÓN y RESOLUCIÓN de los asuntos civiles que se indican y, en su caso, sobre la dotación de su plantilla. 
El Secretario Coordinador Provincial informa a la junta que la aprobación de la constitución de un Juzgado Bis para la resolución de los conocidos como asuntos bancarios compete al CGPJ y que su plantilla se compondría de 2 Letrados y 4 funcionarios. No obstante, el parecer del Ministerio de Justicia y de la Consejería de Justicia es que no dotaran las plazas que correspondan hasta que no tengan datos del número de registro de demandas en el decanato. 
Por su parte, la Sala de Gobierno del TSJ ha aprobado la petición del Juez Decano de prorrogar el refuerzo de los Magistrados que en comisión de servicio actúan en los Juzgados de Primera Instancia. Sin embargo, la medida será provisional en tanto se constituya el Juzgado Bis, por lo que a diferencia de lo sucedido en el caso de Bankia, será este último — y no todos los Juzgados de Primera Instancia— el que asuma esta clase de asuntos. 
— Sobre la resolución de los conocidos como asuntos bancarios por un Juzgado Bis. Se vota por unanimidad el siguiente ACUERDO. 
La Junta entiende que la constitución de un Juzgado Bis es la mejor medida para tramitar y resolver los asuntos de esta naturaleza, por las siguientes razones: 
a) Evita las disfunciones y perjuicios del sistema vigente —refuerzo de varios Magistrados en todos los Juzgados sin otra dotación de personal— en el particular relativo al señalamiento paralelo que estaba produciendo en cada órgano entre los asuntos que enjuiciaba el Magistrado titular y los que conocían los Magistrados de refuerzo, lo que implicaba que unos asuntos se solventaran con mayor celeridad que otros y 
b) Atribuye a un solo órgano —el Juzgado Bis— todos los asuntos de la misma naturaleza lo que facilita su gestión y tramitación y permite unificar criterios y prácticas de actuación. 
Las razones que se exponen y que justifican la constitución del Juzgado Bis implicarían, por necesidad, las siguientes medidas organizativas: 
a) La dotación de plantilla suficiente para responder a las necesidades del órgano, lo que evitará el riesgo de colapso en el caso que el número de entrada de asuntos sea muy elevado. 
b) La dotación informática que corresponda, incluyendo la apertura de una cuenta bancaria propia. 
c) La competencia sobre cualquier gestión burocrática o administrativa en los asuntos que conozca el Juzgado Bis y en particular en lo que se refiere a la elaboración de la estadística, cuestiones de personal y peticiones de información que se formulen por otras Administraciones. 
d) La determinación del destino de la bolsa de asuntos que pueda quedar pendiente de tramitar o de ejecutar en el Juzgado Bis, si dicha medida de refuerzo no se prorrogara hasta finalizar todos los asuntos de su competencia. 
— Sobre la elaboración de un protocolo que unifique prácticas en la tramitación y ejecución en el Juzgado BIS Se vota por unanimidad el siguiente ACUERDO. 
La Junta entiende que deberá elaborarse un protocolo que unifique prácticas en los siguientes actos: 
Emplazamiento de las partes. 
Forma y presentación de documentos en los traslados de copias. 
Forma de cumplimiento de la sentencias. 
Liquidaciones de intereses. 
Práctica e impugnación de las tasaciones de costas.

En fechas recientes se ha tenido noticia que el Juzgado Bis designado ha sido el Primera Instancia nº 25 y que la Comunidad Valenciana no facilitará la constitución del Juzgado Bis, lo que no sorprende y que obligará a elaboración del protocolo. No obstante, tampoco estamos ante un asunto sencillo y, de hecho las juntas se están convocando con arreglo a la previsión del art.26.3 Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

11 mayo 2017

Buena fe procesal y los actos del último minuto (ATS, 26-4-2017)


Una de las situaciones que se reproducen a modo de plaga en cualquier órgano judicial es del acto del último minuto: en juicios señalados con meses de antelación se comienzan a pedir cosas cuarenta y ocho horas antes de la vista o, mejor aún, en el mismo día del juicio se suceden apuds actas, se personan partes, se reclaman presuntas nulidades y, se pregunta por la pericial que no aparece, pero que estaba, solo había que buscarla. Una especie de entente cordiale permite estas prácticas y hasta los desistimientos y los acuerdos del “déjenos un mínuto que estamos hablando”, ¿un mínuto?, pero ¿si se señaló el juicio hace siete meses? 

En estas se ha publicado el ATS, Sala 1ª de 26 de abril de 2017 (ROJ: ATS 3863/2017) que desestima un recurso de audiencia en justicia contra la decisión de la Sala de imponer a CAIXABANK, SA una multa de seis mil euros por haber conculcado las reglas de la buena fe procesal ya que esperó al día anterior al señalado para la deliberación y fallo del asunto para desistir del recurso, pese a tener conocimiento del citado señalamiento desde hacía más de un mes y haber interpuesto el recurso hacía más de dos años. 

La recurrente argumentó, en síntesis, que el motivo del desistimiento estaba justificado y motivado por el acuerdo alcanzado entre las partes, al que se había llegado tras una negociación prolongada en el tiempo; también se argumentó que la LEC permite desistir a las partes en cualquier momento procesal con anterioridad a la notificación de la sentencia, por lo que dicho desistimiento no podía considerarse un fraude procesal; por último, se alegó que la Sala había requerido a la recurrente para que identificase todos los recursos que tenía interpuestos con contenido similar, por lo que el esfuerzo, tiempo y dedicación de los magistrados no habrían sido baldíos pues servirían para la resolución de los quince recursos pendientes con idéntica cuestión jurídica. 

Dice la Sala que recurso planteado reproduce, básicamente, los argumentos del escrito de alegaciones que fueron ya tenidos en cuenta al resolver sobre la actuación del demandado que motivó la actuación correctora de la, con lo que no se aprecian razones de hecho ni de derecho para que la audiencia en justicia pueda ser acogida, al subsistir las causas que motivaron la imposición de la sanción acordada. Y previa remisión al auto recurrido resuelve que, en síntesis, se consideró injustificable que se hubiera esperado al día anterior al señalado para la deliberación, votación y fallo del recurso para presentar el escrito de desistimiento, porque no había obstáculo para haberlo presentado antes y porque, de ser cierto que el acuerdo no se alcanzó hasta ese momento (lo cual no ha quedado demostrado), se pudo advertir al tribunal con suficiente antelación de lo avanzado de las negociaciones, para que pudiera suspenderse al menos momentáneamente la deliberación, votación y fallo, y señalar otro recurso en sustitución del suspendido. Y termina diciendo:


TERCERO.- La alegación de que no existe fraude procesal es inane, porque la sanción no se impuso por la existencia de fraude procesal, sino por haber conculcado Caixabank las reglas de la buena fe procesal. 
Esta sala no cuestiona que los arts. 19, 20 y 22 LEC faculten a Caixabank para desistirse del recurso. Caso de que Caixabank no hubiera estado facultado para ello, la decisión de la sala hubiera sido la de no acceder a la solicitud de desistimiento. El ejercicio de los derechos conculcando las exigencias de la buena fe supone que, efectivamente, el sujeto está ejercitando un derecho que le concede el ordenamiento jurídico, pero las circunstancias concretas concurrentes hacen que, por su excepcionalidad, tal ejercicio sea jurídicamente reprochable porque se defraudan las legítimas expectativas que los interesados en la relación jurídica podían tener respecto de un ejercicio correcto del derecho.
Eso es lo acaecido en el presente caso, en el que, sin justificación, se ha esperado a la víspera del día señalado para la deliberación, votación y fallo del recurso para comunicar al tribunal el desistimiento del recurso. 
Por último, la existencia de otros recursos que se dicen similares (sin que se haya argumentado mínimamente el porqué de tal similitud) no es argumento que sirva para desvirtuar las circunstancias que determinan el comportamiento contrario a la buena fe de la recurrente. El señalamiento del recurso, mantenido hasta el último momento, ha impedido que pueda señalarse otro asunto con el correspondiente perjuicio para la recta administración de justicia. Como ya se indicó en el auto hoy recurrido, la actuación de la recurrente no supone únicamente una desconsideración hacia los miembros de este tribunal sino también un mal uso de los recursos públicos que redunda en perjuicio del resto de justiciables .

No nos preocupemos que en la primera instancia seguiremos suspendiendo lo suspensible azotados por los arts. 231 LEC y 24 CE, (menos cuando aparece el impulso de oficio del art. 179 LEC que de todo hay) o, mejor dicho, no hace falta articulado alguno: ¿un auto para la audiencia en justicia más la nulidad que vendría después, el recurso de queja en la Audiencia Provincial y la correspondiente, por trámite, en el Tribunal Superior de Justicia a cambio de un desistimiento? Evidentemente el desistimiento y hasta del último segundo.

09 mayo 2017

Los Juzgados Bis, la mejor solución entre las peores para las reclamaciones bancarias (i).


Las sucesivas intervenciones del TJUE tan incomprensiblemente aplaudida por algunos – esperen a que la inexistencia de la cosa juzgada les sorprenda en un asunto y verán el espectáculo- parece conducirnos a una segunda oleada de litigios contra las entidades bancarias y, sí en el primero fue Bankia el actor invitado en el proceso civil, en esta segunda entrega van a ser varias las entidades bancarias afectadas. Mientras tanto creo que el proceso penal sigue su curso, prudencia ante todo. 

Y quien les escribe tiene cierta experiencia en esto de las más de 20.000 demandas que se registraron en el Decanato de Valencia, se turnaron a los 21 Juzgados de Primera Instancia y con el único refuerzo de varios Magistrados en comisión de servicio, mal que bien logramos sacar el lío adelante. Observen lo del refuerzo, porque la Comunidad Autónoma decidió ponerse de perfil y el Ministerio de Justicia nombró un único Letrado, mientras que el CGPJ aprobaba sucesivas prórrogas que en ocasiones llegaron a cinco Jueces de Adscripción Territorial en un solo trimestre. Y otro detalle que se deja escapar como si tal cosa: la dificultad jurídica de los asuntos contra Bankia disminuyó con el paso del tiempo (entiéndase como pronunciamientos en sentido contrario) y de hecho, desde hace un par de años no se interpone ningún recurso de apelación y el contenido de las sentencias es sustancialmente idéntico. 

Vayamos ahora con el famosísimo Juzgado bis y el punto de vista del consumidor, porque si me lo permiten a mi condición de Letrado de la Administración, uno la circunstancia de haber firmado una escritura de hipoteca y hasta podría verme afectado por algún hecho que me obligara a presentar una demanda en un Juzgado de Primera Instancia y, bajo esta triple condición la constitución de estos para-órganos se antoja la mejor solución entre las peores posibles, que tampoco sé muy bien cuales serían. 

La primera razón de peso es que unifica la respuesta de la primera instancia civil y evita el juego procesal de las sentencias contradictorias. Insisto en que no estamos hablando del copia-pega de las sentencias contra Bankia, sino de litigios que aunque sean de la misma naturaleza, podrán tener diferentes grados de complejidad y, en esta tesitura parece aconsejable que sea el Tribunal Supremo el encargado de fijar una doctrina y no que cada órgano de la instancia resuelva según su entender en la materia. 

La segunda razón afecta al doble turno de señalamiento que producen los llamados refuerzos transversales y a los perjuicios que ello implica para otras reclamaciones civiles. Esto es, cuando intervienen varios Magistrados de refuerzo se organiza un turno de señalamiento paralelo al que tiene cada Juzgado y, como solo se dedican a esta clase de asuntos, al juicio (cuando se celebra) y al dictado de la sentencia, no hará falta ilustrarles sobre la celeridad de este segundo turno, que repito se produce en el mismo Juzgado. 

La tercera afecta a la ejecución y a las tasaciones de costas. El segundo beneficio procesal que produce la intervención de un solo órgano es que la unidad de criterio del proceso declarativo se traslada al de ejecución en la interpretación y ejecución del fallo y, cuando hablo de ejecución me refiero al día siguiente al de la firmeza de la sentencia y a la posibilidad de arbitrar prácticas que permitan y obliguen el cumplimiento voluntario. 

En cuanto a las costas la pelea – y aquí no cabe otro calificativo- entre Bankia y varios colegios de abogados provocó que la primera denunciara a siete de ellos en la Comisión de la Competencia y, que los Juzgados se hayan llenado de impugnaciones de tasaciones en las que me da que el ciudadano-consumidor poco ha tenido que ver pese a que fuera el titular del crédito y que, no hará falta decirlo, provocan un hartazgo mayúsculo. 

Y para terminar no creo que la dotación de medios tal y como se entiende en España y, que consiste en el amontonamiento de funcionarios interinos de todos los cuerpos en todos los Juzgados sirva de argumento en sentido contrario.

27 abril 2017

Las costas en la división de la cosa común


Las actuaciones tendentes a conseguir la efectiva división de la cosa común no constituyen propiamente un procedimiento de ejecución, aunque se pudiera llegar a acordar la subasta con intervención de licitadores extraños. Se trata de un procedimiento especial en el que no habría (en teoría) intereses contrapuestos entre demandante y demandado y en el que ambos estarían dirigidos al mismo fin de hacer líquido el bien para repartir su importe. Por ello cada parte deberá hacer frente a las costas causadas a su instancia y las comunes serán por mitad ya que no habrá pronunciamiento o imposición de costas (con independencia del pronunciamiento de las causadas en la fase declarativa) y no resultaría aplicable el art. 539.2 LEC. 

Ésta es la postura mayoritaria en la doctrina de las Audiencias Provinciales, pues concurriendo la voluntad de cumplimiento, no puede entenderse que deba existir efectivo pronunciamiento sobre costas procesales. 

Y, en la misma línea, la SAP SAN SEBASTIÁN, Sección 3ª, de 5 de febrero de 2008 (ROJ: SAP SS 355/2008), resuelve que no sería ejecutada únicamente la demandada del proceso declarativo sino también el propio actor del proceso de ejecución (y en ese solo sentido ejecutante) que igualmente estaría vinculado por el fallo a ejecutar, de tal forma que los gastos y costas que se fueran produciendo deberían ser a cargo de todos ellos y no exclusivamente de la demandada ejecutada. 

Esto es, la existencia de la ejecución dimana de la necesidad de acudir a la vía judicial y de ahí que no tenga aplicación lo dispuesto en el art. 539.2 LEC, siendo así que los preceptos del Código civil ponen de manifiesto que el propio legislador entiende que la división de cosa común sería una actuación conjunta de todos los comuneros y, que en consecuencia habría de sufragarse por todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas. 

En definitiva, leemos en el AAP CADIZ, 256/2016, Sección 8ª, de 17 de octubre de 2016 (EDJ 2016/236310) que la jurisprudencia menor modera el criterio de la imposición de las costas a cargo del ejecutado del art. 539.3 LEC cuando se trata de ejecutar una sentencia dictada en el ejercicio de una acción de división de la cosa común ya que no cabría hablar propiamente de ejecutante y ejecutado, pues siendo el bien propiedad de ambas partes, ambas tendrían exactamente los mismos derechos respecto al mismo y, no existiendo oposición del ejecutado, estaríamos ante una situación peculiar en cuanto que no se trataría de una ejecución dineraria ni de una obligación de dar o no hacer, sino de una obligación de hacer, pero con la especialidad de que este hacer sería la venta en pública subasta, lo cual no exigiría ninguna intervención personal del ejecutado, ni dependería de su voluntad, por lo que se consideraría contrario al principio de equidad que los gastos de la subasta y los de asesoramiento jurídico de una de las partes debieran ser sufragados por la contraria. 

Por último, aparece un criterio distinto y singular en la SAP ALICANTE, 168/2011, Sección 6ª del 21 de diciembre de 2011 (ROJ: SAP A 3830/2011) que equipara la oposición a la ejecución con la permanencia en actitud pasiva de una de las partes ante la obligación de hacer, lo que implicaría que hubiera de sufrir las consecuencias de que «la otra parte se vea obligada, por si sola, a interesar la ejecución del título judicial, pues no hay que olvidar que en el proceso civil rige el principio de justicia rogada». Más aún, se advierte que la sentencia que declara la extinción de la situación de indivisión y ordena la subasta del inmueble, constituiría una obligación de hacer que obligaría a ambas partes, siendo así que la parte ejecutada debería acreditar que trató de llegar a acuerdos extrajudiciales en cuanto a la forma de llevar a cabo la división o de interesar conjuntamente la ejecución de la sentencia. Esa omisión, que obligaría a la ejecutante a tener que hacer uso de la asistencia letrada y de la oportuna representación procesal para la apertura de la vía de apremio, implicaría que las costas y gastos fueran a cargo del ejecutado (art. 539 LEC). 

Dejo apuntada una sola nota: ni la oposición equivale a la inactividad, ni el art. 539 LEC contiene una excepción por el hecho de presentar primero la demanda de ejecución y que la petición de la tramitación (que no otra cosa) de la venta en pública subasta, no convierte a una parte en ejecutante sin más, máxime cuando la otra no se opone.

20 abril 2017

¿Y por qué esta fiesta es gratis?: a propósito del copago en justicia y de los consumidores.


Hagamos una previa aclaración. A la derecha, la gestión de la justicia le importa treinta y tres y a la izquierda, esa cantidad por tres y aún me quedo corto. No me extiendo mucho: la derecha ve la justicia como un mal necesario y no sabe lo que hacer con ella; la izquierda como un asunto electoral, que permite colocar tres o cuatro consignas y cientos de querellas a ver si hay suerte (moda, por cierto, a la que luego se han apuntado todos los demás). De los nacionalistas no sé qué decir, porque empeñados en poner fronteras en cada barrio les preocupa la identidad y nada la eficacia y en estas, no es de extrañar el altísimo nivel intelectual de todos los debates que protagoniza el llamado tercer poder del estado (todo con minúsculas). 

Y ¿es necesario el copago en justicia? Estupenda pregunta que contesto con rotundidad: Si. Y ¿por qué? Vuelvo a contestar con rotundidad: la mitad (cómo poco) de los asuntos que entran en los Juzgados merece el calificativo de “litigiosidad artificial”, innecesaria, inasumible y, en consecuencia, prescindible. Esto se ha escrito y publicado. El problema es que estos debates no pueden abrirse como quien se va a la playa, porque el vecino de sombrilla tiene a mano, un inteligentísimo abanico de respuestas: “ataque a la tutela judicial efectiva”, “los derechos de los pobres” y la “justicia para ricos”. ¿Justicia para ricos? Pero ¿ustedes creen que los ricos acuden a la justicia para solventar sus problemas? y a, propósito ¿qué es un rico? Cuando llevamos al “absurdo” esta clase de eslóganes, no hay nada detrás. 

¿Quieren un debate serio? Calculen lo que cuesta el tiempo que emplea un funcionario Judicial, el trabajador de correos, un Juez, un Letrado de Justicia y otro funcionario de Gestión o Tramitación en un juicio verbal de 200,00€ y añadan el coste de la Sala y el sistema de grabación. Puedo quedarme escaso con los 200,00€ - que juicios hay y no pocos de ese importe e inferior-, así que vayamos a un juicio ordinario de 6.000,00€: cuando la sentencia se recurre en apelación y se obliga a intervenir, para empezar, a otros tres magistrados no estamos hablando de justicia. Y eso por no hablar de las cientos de denuncias penales contra vecinos (cuestión de educación que se resuelve en España a multa limpia) o, de los procesos contenciosos administrativos que se interponen por funcionarios, haya o no derecho, porque en asuntos de personal la cosa iba de gratis, aunque muchas veces también gracias a comportamientos de las administraciones públicas que lindan con el ilícito penal. 

En tales circunstancias la tasa judicial respondió a la famosa ley española del péndulo, que no tiene definición, pero si una secuencia temporal que comenzó cuando el movimiento del mismo llegó a un extremo (cualquier cosa terminaba en un Juzgado) y que finalizó cuando el péndulo, por una ley de la física que no explico, acabó en el otro (Juzgados atascados y falta de dinero para crear nuevas “unidades judiciales”). En el recorrido se queda – o, el péndulo se llevó por delante- el derecho a la justicia gratuita y la deficiente gestión de las Comunidades Autónomas, pero esto es solo a medias, porque el primero consiste en pagar, pagar y pagar a los Colegios de Abogados y de Procuradores y de la segunda responde siempre el maestro armero; de hecho, es muy habitual que los gestores de la cosa pública judicial salten de puesto en puesto y, de derecho, que solo hayan sabido construir edificios (“ciudades de las justicias”) y eso, creo, tiene poco mérito, nulo esfuerzo intelectual y mucho de LEGO®. 

Llegados aquí más de un lector estará con él “y tú más”, el horario de los juzgados o, el maltrato del Juez del Quince, pero si hablamos de péndulo habrá que dar una explicación al movimiento y no a su ausencia; esto es, el colapso en los Juzgados no lo han provocado los funcionarios que se van una hora de cafés, ni los juicios que se retrasan una hora o más, ni el Juez del Quince y dramático es, que tampoco sepamos realmente la causa, porque seguimos sin tener en justicia datos fiables de nada, ni modo de obtenerlos a corto plazo. Con lo que entran en juego los volúmenes: (a) el de las modas (cesiones de créditos, ejecuciones hipotecarias, SWAP, preferentes y reclamaciones de consumidores), (b) el de la necesidad (monitorios por gastos de propiedad horizontal, que se han triplicado) y (c) el del gasto (imposibilidad de seguir montando juzgados a la puerta de cada domicilio) y como quiera que los volúmenes no han disminuido, la solución fue echarle mano o, mejor garra, al bolsillo del ciudadano. 

Sí, claro, habría una primera y única solución: inmediata devolución al Estado de las competencias transferidas en Justicia y supresión de todas las Consejerías del ramo, pero luego es muy probable que me cayera de la cama y despertara al vecino del golpetazo. Eso por no indicar que la red de intereses creados es de tal magnitud, que salvo imposición europea mediante una cuestión prejudicial se antoja imposible esta devolución. 

Así que justificado el movimiento del péndulo y partiendo del hecho reconocido que España está llena de españoles, el Ministerio de Justicia no hizo otra cosa que seguir el ejemplo de la Dirección General de Tráfico. Esto es, imponer tasas desproporcionadas y no olvidemos tampoco que desde la casa se había reclamado con insistencia que se pusiera coto al abuso con el que se empleaba la Justicia (¿recuerdan alguna pretensión de justicia gratuita que se haya calificado de insostenible?) y frente a ello siempre se había sacado a paseo el art. 24 Constitución, no una alternativa. 

El problema no se limitaba a la desprotección del ciudadano frente a la Administración, que es ahora máxima, sino a que nadie parece importarle, salvo a dos o tres Colegios de Abogados y eso también tiene su explicación. Nos movemos según nos tocan el bolsillo o, los privilegios y, después de sucesivas congelaciones o disminuciones de sueldo, a pocos nos importa si, por la tasa judicial el asunto llegaba o no la apelación; salvo, claro está, que uno fuera el apelante. 

Ni que decir tiene que la supresión de la tasa no sirve contra las modas que bambolean la Justicia española. Y ahora estamos con el arbitraje y la mediación tratando de ver cómo es posible, si lo es, que los miles de asuntos que acechan la estabilidad física de los edificios judiciales tengan alguna salida rápida que no sea la papelera. 

No me ocupare del arbitraje, al que se han apuntado los Colegios de Abogados y sus minutas de honorarios, sino a la mediación, que es una suerte de conciliación en la que el Juzgado se pone en medio de las partes para que se lleven bien o para no se sabe bien qué, porque hasta ayer, la función del Juzgado consistía precisamente en ponerse en medio de los llamados litigantes a fin de ordenar una salida racional al asunto. Folios y más folios en el estudio de la cuestión (o sea, en cómo darse la mano) cuando basta echar un vistazo a cualquier sede judicial para comprobar que el problema no tiene que ver con el derecho, sino con la educación, pero ahí seguimos dándole vueltas a la teoría o a los calamares, que tanto da. 

Y mientras tanto esperamos que los miles de consumidores que no sabíamos lo que firmábamos, inunden por segunda vez los Juzgados civiles con toda clase de reclamaciones por abusividades varias, al mismo tiempo que acuden (en esta parada quien firma se bajo hace tiempo) a las sucursales bancarias atraídos por esos créditos de pronta entrega e interés remuneratorio cercano al 20% ¿Cercano al 20%?, pero ¿de verdad se creían que llevarse por delante la ejecución hipotecaria y parte del sistema créditicio iba a salir gratis? 

Pero lo peor de todo es que la cosa no tiene solución. Es imposible reformar la casa sin un plan y este debe diseñarse a largo plazo y ni este, ni aquel pueden sujetarse a los vaivenes electorales (esperen que ahora vuelvo de echarme unas risas o unos lloros, lo que prefieran) y como eso es imposible y basta echarle un vistazo a cualquier parlamento de los dieciocho que nos pagamos por estos lares para llegar a esa conclusión, nos queda la moda. Y de la moda de las unidades judiciales al lado de cada parada de autobús y de la nueva oficina judicial, hemos pasado a la moda de la justicia digital y electrónica y, como no hay dinero para tanto desfile, muchas sedes judiciales dan pena, cuando no asco, la nueva oficina judicial está a punto de cumplir diez años sin haber empatado un partido en una gran capital de provincia (por número de órganos judiciales afectados por el invento) y, los sistemas informáticos echan el humo característico de las locomotoras de hace dos siglos.

11 abril 2017

El plazo del año para el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble.


El art. 675 LEC establece que si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado, mientras que si estuviera ocupado, el Letrado de la Administración de Justicia acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal hubiera resuelto, con arreglo a lo previsto en el art. 661.2 LEC, que el ocupante u ocupantes no tendrían derecho a permanecer en él. 

El tercer supuesto es el que motiva un doble interrogante. Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente según lo dispuesto en el art. 661.2 LEC, el adquirente podrá pedir al Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes pudieran considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda. 

Y ¿dónde se encontraría el doble interrogante? En el cómputo del plazo del año o, mejor dicho, en su inicio y en la definición de «adquirente». Respecto a la primera cuestión, la ley fija el «dies a quo» en el momento en el que se produce «la adquisición del inmueble» y dice la STS, Sala 1ª, de 18 de marzo de 2009 (ROJ: STS 1141/2009) que en los casos de venta judicial en pública subasta la perfección se produciría con el acto de la subasta y aprobación del remate, y la consumación de la venta, que producirá los efectos traslativos de dominio, con la adjudicación al adquirente del bien subastado, esto es, en el momento en que se dicte el decreto de adjudicación. De ahí que con independencia de la impropiedad que supone el empleo del término «venta» para identificar la enajenación forzosa que se lleva a cabo mediante la subasta judicial, es lo cierto que, en todo caso, la repetida enajenación deberá perfeccionarse y consumarse ya que en nuestro sistema jurídico el contrato de compraventa no transmite la propiedad sino va seguido de la tradición. 

Iniciándose el cómputo en la fecha del dictado del decreto o, en el momento en el que se produzca su firmeza, sucede que la tradición se producirá con la plasmación de la venta en el testimonio del decreto de aprobación (o de adjudicación) expedido por el Letrado de la A. de Justicia. Requisito de titulación indispensable para que pueda entenderse que se ha producido la transmisión del dominio, la cual exige que exista título y que concurra modo de adquirir mediante la tradición o entrega (art. 609 CC). Y lo dicho significa que la posesión del art. 675 LEC se estaría refiriendo en todo caso al lanzamiento, pues la entrega del testimonio conllevaría la de la primera. 

Por lo demás, habrá que tener en cuenta que no serían posibles interrupciones del plazo de tal modo que solicitado el lanzamiento deberá llevarse a cabo y, si el adquiriente solicitará la suspensión de la diligencia o ésta debiera repetirse, ni se reanudaría el plazo que faltara por cumplir, ni comenzaría a correr de nuevo: el Juzgado estaría cumpliendo una diligencia ya acordada. En el mismo sentido el plazo del año tampoco admitiría prorrogas y no podría interrumpirse por la existencia de sucesivos ocupantes y, aunque en la práctica se ordene el lanzamiento pese a tener constancia del abandono del inmueble, vuelve a insistirse en que nos encontraríamos ante el cumplimiento de una resolución judicial por lo que cuando el Servicio Común devolviera el mandamiento sin haber practicado el lanzamiento no volveríamos a iniciar el cómputo del plazo. 

Solventado el primer interrogante y entrando ahora en el segundo, precisaremos que el «adquirente» no sería el «ejecutante» y, por tanto, a este también se le aplicaría el plazo del año cuando se hubiera adjudicado el inmueble. Se confunde en esta sede lo que es el objeto de la ejecución con el derecho del ejecutante a la satisfacción de su título y, mientras aquel suele consistir en la realización de bienes en una vía de apremio, este se limita al pago (en la ejecución dineraria y en la hipotecaria), por lo que no existiría un hipotético derecho del ejecutante a la entrega del inmueble ajeno al art. 675 LEC y al repetido plazo del año. 

Por idéntica razón que el ocupante sea o no el ejecutado es una cuestión que en nada afecta a la limitación temporal del mandato, pues no se trataría de «hacer efectiva la posesión del ejecutante adjudicatario del inmueble, mediante el lanzamiento de la propia parte ejecutada» como erróneamente suele entenderse, sino como hemos visto de satisfacer el título ejecutivo mediante la realización del bien.

05 abril 2017

Comunicación de los LAJ de Valencia sobre la gestión de los asuntos de la cláusula suelo


Como sabrán los lectores, Valencia ha sido una de las ciudades especialmente afectadas por los llamados pleitos en masa contra entidades bancarias. La avalancha se solucionó mediante la designación de varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que en número variable de tres a cinco según los meses, eran los encargados de la vista de los juicios verbales y de las audiencias previas y de las vistas de los juicios ordinarios. Varios funcionarios del Decanato de Valencia y una Letrado de la Administración de Justicia gestionaron las Salas necesarias, de tal modo que los Juzgados de Primera Instancia continuaban con la tramitación de cada asunto desde el registro de la demanda hasta la vista y, desde el dictado de la sentencia hasta su definitivo cumplimiento, lo que incluía la ejecución y la posible oposición que se formulase. 

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cláusula suelo y una segunda posible entrada masiva de asuntos bancarios motivo, que se redactara por los Letrados de la Administración de Justicia de Valencia el documento que a continuación se recoge:


Comunicación de los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia sobre la gestión de los asuntos de la cláusula suelo. 
1. Postura sobre la posible atribución a un solo Juzgado de Primera Instancia de los asuntos sobre la cláusula suelo. 
1.1. Dado el desconocimiento sobre los términos en los que el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado respecto a la atribución a un único Juzgado de todos los asuntos sobre la cláusula suelo y, de los requisitos que deberá o no reunir el órgano afectado, la Junta observa que en las condiciones actuales de medios informáticos y personales dicha atribución no es una medida adecuada para responder al probable incremento de asuntos y, solo garantizará a muy corto plazo su colapso. 
2. Postura sobre el mantenimiento del refuerzo transversal mediante el nombramiento de Jueces de refuerzo. 
2.1. Durante los últimos tres años todos los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Valencia se han reforzado con tres o cuatros Jueces que solo han resuelto determinados asuntos bancarios. Dicho refuerzo no ha supuesto ningún incremento de plantilla, ni mejora en los medios informáticos y, pese a ello el registro de más de 20.000 demandas ha provocado una multiplicación imposible de cuantificar en las resoluciones de trámite, el movimiento en la cuenta de consignaciones, las diligencias de tasaciones de costas, su impugnación y en los despachos de ejecución. Súmese a lo dicho la atención al público y a profesionales que tampoco ha merecido ninguna dotación extraordinaria para los órganos judiciales afectados. 
2.2. Dado que como en el caso del plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, también se desconoce si se va a mantener el refuerzo transversal en forma de nombramientos de Jueces para sentenciar los asuntos sobre la cláusula suelo, Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia muestran su preocupación a que por segunda vez se obligue a los órganos judiciales de la Primera Instancia de Valencia a tramitar y a gestionar una avalancha de procesos, cuyo número y dificultad jurídica se ignora en la actualidad, sin auxilio o dotación complementaria de ninguna clase. 
2.3. En consecuencia, los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia entienden que cualquier medida de refuerzo que sobrecargue la actividad diaria de dichos órganos, deberá realizarse con arreglo a un plan que vaya más allá del nombramiento de Jueces encargados de sentenciar asuntos ya que de nada sirve dicha celeridad resolutiva en determinados asuntos, si no puede observarse en los demás procesos, ni mantenerse aquella en la tramitación posterior al dictado de la correspondiente resolución o, en la ejecución. 
Se ha remitido esta comunicación al Ilte. Secretario Coordinador Provincial de Valencia y entregado al Ilmo. Magistrado-Juez Decano de Valencia.

.

28 marzo 2017

¿Triciclo o patines? La última sobre la NOJ en la Comunidad Valenciana (III)


Y miren, como esto de la implantación a martillo de la Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana no le importa a nadie en la casa, salvo un par de Magistrados de trinchera que anda moviéndose por aquí y por allá con nulo éxito de crítica y escaso de público, he pensado que quien redacta estas líneas debe dejarse arrastrar por el impulso modernizador de esa nueva organización de la oficina judicial que se rige por el principio de “se hace camino al andar” aunque nadie sepa dónde está el camino, ni si al final del mismo hay un precipicio. 

Con esta introducción ya indico que este será el último comentario sobre la Nueva Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana, sus sesiones de formación informática de tres horas en salones de actos o en las salas de bodas de los decanatos, sus miles de modelos triplicados en el Cicerone procesal y su versión 19 y, por supuesto, sus servicios generales, comunes, mediopensionistas y ocasionales y, el tránsito de procesos o de pedazos procesales entre unos, otros y los de más allá. 

Así que llegados a este punto son cuatro las importantísimas dudas que me asaltan. ¿Estaremos asistiendo al definitivo ocaso de la grapa judicial, subespecie de la grapa de tono cobrizo o grisáceo, que a modo de plaga infectan procesos y archivos? y, por necesarias alusiones ¿los fasteneres corren el mismo riesgo de desaparición gracias a que los pedazos procesales saltarán de ordenador en ordenador -y no de mesa en mesa-, aunque no necesariamente en el mismo orden jurisdiccional, ni entre los encargados de su tramitación? 

¿Patines o un triciclo? Esta es la tercera cuestión que me tiene alterado el sueño, porque como se queda un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) por cada tres Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD), los años van cayendo y no conozco a ningún LAJ que tenga seis brazos y cuatro piernas, será imprescindible algún soporte que facilite el desplazamiento autónomo entre aquellas y, permita desempeñar esas notabilísimas funciones que cada reforma adjudica al Cuerpo. 

Y nos queda la cuarta y última: ¿seguirán haciéndose los miles de testimonios de sentencias, autos y decretos mientras los originales de esos documentos se conservan en cajas sin orden, índice y en concierto propio de la anarquía? Supongo que lo ignoran pero el primer gasto que se ahorró la administración – y con razón- fue el de la encuadernación de esos miles de folios. 

Pasen un buen día y si hacen algún comentario y no leen una respuesta es que no puedo hacerla. He entrado en un bucle informático del que todavía no he logrado salir.

21 marzo 2017

El pago o cumplimiento como motivo de oposición a la ejecución.


Una larga tradición en nuestro proceso que confunde su finalidad de declarar el derecho y de ejecutarlo, con el inexistente de las partes a servirse del mismo así como prácticas carentes de sentido con las nuevas tecnologías, transforma los requisitos del pago o cumplimiento del título y con ello afecta a los límites del despacho de ejecución y de una posible oposición. La reforma del expediente de consignación en la Ley 15/2015 y una adecuada exégesis de las normas procesales obligaría a despejar el proceso de estas costumbres y, a que el pago o cumplimiento fuera ajeno al mismo hasta que apareciera como motivo de oposición a la ejecución. 

Les dejo el artículo publicado en la ley sobre esta cuestión.

10 marzo 2017

Depósitos para recurrir y tutela judicial efectiva (versión 2017).


Permítanme que reitere una anécdota. En las dos últimas audiencias previas en las que he intervenido, los recursos de reposición interpuestos se fundaron en el artículo 24 CE y aún después de la aclaración solicitada a la parte, no hubo forma de averiguar qué infracción se había cometido; llegándose a afirmar, en uno de los casos, que la interpretación del Tribunal Constitucional en materia de recursos no admitía restricciones de ninguna clase. 

Evidentemente nadie afirma que esta anécdota sea regla general, pero tampoco puede menospreciarse el hecho del aumento desproporcionado de los recursos ordinarios (reposición, reforma y apelación) que enfrenta el derecho de acceso al recurso con la dilación indebida. No lo digo yo, aunque lo piense. La Exposición de motivos de la Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma para la implantación de la nueva oficina judicial (que modifica la LOPJ 6/1985) justificó la introducción de un depósito para recurrir en la finalidad de disuadir a quienes recurrían sin fundamento jurídico alguno, para que no prolongaren indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso. 

La contundencia con la que se expresa el legislador no paró en la dilación indebida, sino que advirtió del “uso abusivo” del recurso. Nadie que, en la actualidad, se relacione con esta Administración puede sorprenderse con esta afirmación y menos aún, entender atacado cualquier derecho. No existe en nuestro ordenamiento el derecho al recurso sin más y porque sí – entiéndase la libertad de estilo- y eso es, precisamente, lo que sucede en la actualidad. 

El legislador tenía otras dos opciones para frenar esa avalancha de impugnaciones de trámite: fijar una cuantía mínima para el acceso a la segunda instancia y el llamado “permiso para la apelación”. La primera, que no parece tener predicamento, haría irrecurribles los procesos “antieconómicos”, entendiendo por tales aquellos en los que la inversión que hace la Administración para prestar la tutela judicial excede desproporcionadamente la cuantía de la acción ejercitada. La segunda funciona en otros países a modo de obstáculo procesal para el acceso a la segunda instancia, pero precisamente por ello no ahorra a los órganos de la primera instancia ningún recurso y además, el éxito de la medida viene condicionado por el criterio de otro magistrado – el que concede el permiso- con lo que se antojaba una tarea de titanes distinguirlo del vigente recurso de queja. Despejada esta incógnita, la medida de la introducción de una tasa para recurrir fue acertada y como también lo fue que afectase a toda clase de recursos, ordinarios y extraordinarios. 

Pero esto es España y disculpándome por anticipado por si algún lector se ofende ya que es un Letrado de la Administración de Justicia quien suscribe estas líneas, tardamos bien poco en interpretar la norma en beneficio del recurso aunque con ello nos lleváramos por delante el trámite del mismo y, sin entrar en lo que tiene preferencia, sorprende que luego haya quien se extrañe de la anarquía procesal que vivimos. Dicho de otra forma, una cosa es subsanar un defecto y otra muy distinta dar una segunda oportunidad para realizar un acto omitido. La subsanación regía en el Derecho Español cuando aprobé la oposición (oposición que nada tiene que ver con un curso, un master o cualquier otro apaño académico-práctico) ; lo otro, lo de la segunda oportunidad era algo propio del Derecho Anglosajón, se creaba derecho donde no lo había

Por razones que a pocos escapa ni se me ocurre entrar en el asunto de la cuantía del depósito – comparen los 50,00€ para una casación con la carta de la mayoría de los restaurantes de España– habida cuenta que la Justicia debe ser el único servicio público gratuito y más gratuito; ni en el destino de los depósitos, tampoco lo haré en su aplicación a las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia, no vaya a ser que el Tribunal Constitucional se auto-planteé otra cuestión de inconstitucionalidad y la tengamos dentro de cinco años. 

Empero sí que entraré en el hecho que en la actualidad que casi nadie cumple a la primera. Y escribo esto porque hasta la intervención del Tribunal Supremo no se advertían especiales problemas en la aplicación práctica de la norma porque el depósito se consignaría en la Cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado o tribunal (Disposición adicional 15ª.6) y se había previsto un trámite de subsanación de dos días de cualquier defecto, omisión o error en la constitución del depósito con lo que sería la parte la que, en su caso, sufriría las consecuencias de un error en el ingreso mediante la inadmisión del recurso. 

Pues bien el ATS, Sala 1ª de 30 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS 14628/2010) abrió una senda en la que nunca debió aventurarse. En esa resolución y en otras del mismo año se resolvió que la Disposición Adicional 15ª se refería a tres posibles deficiencias en la constitución del depósito: defecto, omisión o error. El defecto o error en la constitución del depósito, por la propia naturaleza de los términos utilizados por el legislador, partían de la existencia de un depósito realizado, aun cuando este depósito se hubiera realizado bien de manera defectuosa, bien de manera errónea. La cuestión que planteaba más problemática era la de determinar el alcance que había de darse a la posible subsanabilidad de la deficiencia consistente en la omisión en la constitución del depósito ya que la forma en que estaba redactado dicho término permite varias interpretaciones: Se podía partir de una interpretación amplia y favorable a la posible subsanación y considerar que el término omisión comprendía la posibilidad de subsanación por no haber efectuado aún consignación o, por haberla efectuado fuera del plazo legalmente establecido para ello, o por el contrario, y manteniendo una postura más restrictiva, considerar que la omisión indicada partía del presupuesto de que el depósito debía estar constituido y la omisión, defecto o error se refería a la acreditación de la constitución del mismo, de tal manera que la existencia del depósito era presupuesto de hecho de la deficiencia subsanable. 

Como ya imaginan el Tribunal Supremo entendió que la ley permitía la subsanación no solo de los supuestos en los que no se hubiera aportado el justificante que acreditase o justificase la constitución del depósito, sino que comprendía también la posibilidad de subsanación por no haber efectuado aún la consignación o por haberla efectuado fuera del plazo legalmente establecido para ello. Se consideró que esta interpretación favorable a la posible subsanación enlazaba con principio general de subsanabilidad de los actos procesales y con la consideración del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial efectiva del art. 24 CE y con el llamado principio de proporcionalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había puesto de manifiesto en diversas ocasiones que debía de haber un equilibrio justo entre el respeto de los requisitos formales y el derecho de acceso a los tribunales (ver, entre muchas otras, Sentencia de 19 febrero 1998 [TEDH 1998\7]). 

Eso no era una subsanación, era una segunda oportunidad para el cumplimiento de un requisito que no suscitaba duda alguna, pero abierta la puerta cualquiera la cerraba y, por eso en el ATS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 2015 (ROJ: ATS 621/2015) el recurrente se quejó de que la Audiencia Provincial no le había indicado que, en caso de recurrir la sentencia, debían constituirse los preceptivos depósitos y, ello pese a que se le concedieron diez días para la consignación los depósitos y la justificación del pago de la tasa judicial. Y un tercer otrosí: "aunque pueda argumentarse sobre el contenido impreciso de la diligencia de ordenación por la que la secretario judicial de la Audiencia Provincial requirió a la recurrente para la subsanación de la falta de constitución del depósito para recurrir [ en el presente caso, la de 29 de abril de 2014 ], en esa diligencia se citó expresamente la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ , por lo que la recurrente -asistida de abogado y procurador- no puede alegar ignorancia respecto una norma que, además, ya llevaba tiempo en vigor cuando la recurrente fue requerida". 

Ahora estamos en la tercera fase, la de la proporcionalidad, que no es otra cosa que más de lo mismo y, así en ATS, Sala 1ª, del 14 de diciembre de 2016 (ROJ: ATS 11041/2016) se indica que no es admisible la pretensión de dar validez a la interposición del recurso sin haber constituido el preceptivo depósito so pretexto de infracción del principio de proporcionalidad y de tutela judicial efectiva, e infracción de la jurisprudencia del TEDH, toda vez que la LOPJ en su DA 15.ª, exige la constitución de un depósito para cada uno de los recursos extraordinarios que se interpongan. 

Y de momento el éxito de la subsanación es notable, tan notable que como era de esperar es ahora la regla general: primero se omite y luego se subsana y, cuando se omite y no se subsana nos aparece una nulidad de actuaciones que va camino de convertirse en un recurso ordinario como cualquier otro.

04 marzo 2017

El mecanismo del sacapuntas en la NOJ de la Comunidad Valenciana (II)


Recordarán que hace un tiempo se pusieron de moda las Ciudades de las Justicias, que consistían, básicamente, en hacer un edificio y meter dentro a todos los órganos judiciales de la ciudad. La dificultad de la idea, próxima a la comprensión del funcionamiento de un sacapuntas manual, pareció calar en algunos sitios y junto a la de Valencia, encontramos el invento en Málaga y Barcelona. La falta de dinero y la creación de nuevas unidades judiciales – cursilada que reemplazo al tradicional de órganos judiciales- provocó que dejaran de construirse estos edificios y, se pensara en reformar la estructura de la casa antes de seguir jugando a la arquitectura. 

Y aquí apareció la Nueva Oficial Judicial (NOJ, en adelante) y que consiste, básicamente, en que los Jueces van por una carretera y todos los demás por otra paralela, con las correspondientes conexiones entre las dos vías para que aquellos cumplan su obligación constitucional de juzgar y ejecutar y, todos los demás hagamos que sea posible. La genialidad de la idea obliga a que las conexiones funcionen, lo hagan bien y rápido y, de eso se ocupa la informática. 

Informática que en Valencia no funciona. Y pese a que no funcione se han empeñado en colocarnos en la NOJ porque sí, razón de peso donde las haya y, que ya ha provocado frases antológicas como la siguiente: -Según los cálculos que hemos hecho cada Juez se queda con dos tramitadores y medio gestor. A lo que añado: - Y con un tercio de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). 

Otro sí. Desaparecen los auxilios de todos los Juzgados y cada día mandarán a uno donde toque, mientras en estos, el LAJ que se quede patinará entre los tres juzgados que le toquen; el Magistrado se quedará con sus dos funcionarios y medio y, el resto seguirá donde trabaja en la actualidad, pero pertenecerá a un servicio común de ejecución que nadie sabe dónde estará, aunque ya existe en el papel del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. 

En un Juzgado de Primera Instancia en la actualidad tenemos: 1 MAG.X 1 LAJ.X 3 GP.X 5 TRAM. X 1 AUX. Con la NOJ el mismo Juzgado quedaría así: 1 MAG. X 1/3 LAJ. X ½ GP. X 2 TRAM

Los otros 2/3 del LAJ se irían a un servicio de ejecución así como los 2/3 de los Gestores y los 3 Tramitadores, pero sin moverse físicamente del Juzgado y, a la espera de la creación del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, que de momento se queda en el papel. 

Lean, si les apetece, un informe que redacté para el Secretario Coordinador de Valencia.

02 marzo 2017

Regreso al futuro: El libro blanco de la Justicia y mi amigo el astronauta (1999-2017)


La revista Secretarios Judiciales (1998-2003) del grupo editorial La Ley fue intento de entrar en el mercado de lo procesal y de hecho murió de éxito, pero llevándose por delante a otra revista del mismo grupo editorial en la que se invertía setenta y tres veces más ( y más allá). Hoy recupero uno de los trabajos que publique en la revista para que los jóvenes y las jovenas que se dedican a esto, aprecien lo mucho que ha cambiado la forma de gestionar la casa desde el año 1999.
 

23 febrero 2017

La cuestión del domicilio de las personas jurídicas en la tasación de costas de la ejecución.


En el proceso de ejecución suele plantearse el debate sobre la inclusión de los honorarios y derechos del letrado y del procurador cuando en aplicación de lo dispuesto en el art.32.5 LEC, se alega que la ley permite valerse de dichos profesionales cuando el domicilio de la parte defendida está en lugar distinto al de aquel en que se tramita el juicio. Petición que obliga a dos pronunciamientos diferentes: la posibilidad de la aplicación del mandato al proceso de ejecución y, la precisión de lo que deba entenderse por un domicilio en lugar distinto al de aquel en que se tramita el juicio. 

Respecto a la primera cuestión la discutida excepción del art. 32.5 LEC sobre el domicilio de la parte defendida, será siempre objeto de pronunciamiento en una sentencia (vide «salvo que el Tribunal aprecie») y no cabrá, en la liquidación de las costas, una resolución sobre este particular. Esto es, la tasación es un mero cauce de liquidación de cantidades ilíquidas, en el que no podrían alterarse las bases de cálculo que pertenecen a una fase del proceso definitivamente cerrada (por todos ATS, Sala 1ª, 15 de abril de 2015, ROJ: ATS 2741/2015) y de esta definición se concluye que no cabría discutir en esta sede la exégesis del repetido art. 32.5 LEC, al tratarse de una cuestión ajena a la liquidación que nos ocupa. 

Entrando en el segundo interrogante, la regla general sería la de que el domicilio de las personas jurídicas vendría a identificarse con cualquier lugar donde la entidad ostentase una mínima infraestructura material y humana (sucursales, agencias, delegaciones, establecimientos abiertos al público etc.) siendo así además que el art. 51.1 LEC admite que las personas jurídicas sean demandadas «en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado, para actuar en nombre de la entidad», de forma que, en su representación pueda obrar en el pleito cualquiera de sus dependientes o apoderados sin necesidad de desplazamiento (ex. SAP VIZCAYA, 503/2010, Sección 3ª, 27 de Octubre de 2010, ROJ SAP BI 1632/2010). 

Pero, ¿qué sucede cuando la sociedad tiene un domicilio en el lugar distinto del art. 32.5 LEC y ninguna sucursal, delegación o agencia en territorio nacional ya que opera en el mismo, sin ningún límite geográfico, mediante una web, el correo electrónico, el teléfono y el fax? En estos supuestos la regla general sería otra ya que si bien ejercería las principales funciones de su instituto en todo el territorio nacional (ex. art. 41 CC), el lugar que podría fijarse como domicilio carecería de relevancia a los efectos del art. 32.5 LEC. 

En estos casos no cabría una interpretación del tantas veces citado art. 32.5 LEC que desconociera la realidad social del tiempo en que ha de aplicarse, su espíritu y finalidad (art. 3.1 CC) y, del mismo modo que una sociedad puede decidir que sus relaciones comerciales se realicen al margen de sucursales, delegaciones o agencias, pues así lo permite el desarrollo tecnológico, no puede admitirse que por mor de un domicilio social, sito en el lugar que estima procedente, pueda ver indebidamente favorecida por la inclusión en la tasación de costas de los honorarios del Letrado o los derechos del Procurador (ex. AAP ALICANTE, 106/2015, Sección 8ª, 21 de abril de 2015, ROJ AAP A 33/2015) 

En definitiva conviene no olvidar que el art. 32.5 LEC es una modificación del art. 11 LEC 1881, con lo que nada podía prever sobre la cuestión que se ventila y que según el ATC del Pleno, 333/2006, de 26 de septiembre, la razonabilidad del elemento diferencial establecido por el legislador en el primero (la distancia al lugar de la celebración del juicio), se reconoce a quien encuentra mayores dificultades para comparecer y defenderse a sí mismo, al tener su domicilio en lugar distinto de aquél en el cual debe celebrarse el juicio; justificación que mal puede predicarse de una sociedad que solo actúa a través de internet y de otros medios de comunicación.

16 febrero 2017

Felipe II y la reforma de la Justicia: un análisis para no pisar charcos.


Andaba dándole vueltas a la formación informática de dos horas en los salones de actos o, en las salas de bodas de los edificios judiciales, que solo sirve para echar un vistazo a los compañeros, sin barra de bar por medio o en medio y a que gracias a Dios, ni pilotos, ni capitanes de barcos gozan de dicha suerte académica, cuando entre cláusula y cláusula abusiva y monitorio de reclamación de gastos de propiedad horizontal, me ha venido a cuento lo mucho que hemos avanzado en esto de la reforma de la Justicia. 

Observen. No puede hablarse de la transferencia de la casa a pedazos a las Comunidades Autónomas, pese a que según las zonas tengamos seis, siete u ocho velocidades y alguna vaya de paseo de la mano de su enamorado; tampoco del éxito o del fracaso de las cientos de reformas legales que nuestro legislador, –al que no tenemos el gusto, porque no nos lo han presentado– publica y olvida; imposible aventurar una opinión sobre el funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ni sobre la legislación que los sustenta; mal asunto el de tratar de racionalizar la ubicación de los órganos judiciales y su número, aunque sea imposible que haya uno al lado de cada Mercadona o, frente a la parada del autobús del cole de los niños; dejaremos para mejor ocasión lo de las tasas y la gratuidad de la justicia, gratuidad que, por cierto, pagamos todos; y quizá para otro año podamos dedicar algún segundo, no más, a las licenciaturas de derecho, si es que se siguen llamando así y a las ochenta y tantas facultades que tenemos en España. 

Así mirado y aprovechando la ola podríamos dedicarle unas líneas a las cláusulas abusivas, que creo que casi nadie ha estudiado en los últimos años, pero su relación con la reforma de la Justicia es discutible, salvo que mejorásemos el sistema de los siete Magistrados que por rotación han intervenido en Valencia en cada uno de los Juzgados de Primera Instancia. Y escribo mejorásemos porque dejaré para otro momento, que nunca llegará, la opinión sobre la diferencia entre las famosas preferentes y las acciones y, el curso procesal de cada asunto, que no pasa de los cinco minutos. 

Total que llegados a este punto creo que lo mejor es que nos centremos en Felipe II y su Consejo de Castilla y su indiscutible relación con la Nueva Oficina Judicial, aunque ahora que lo pienso no contaba uno con las nacionalidades actuales y sus historias y, como se me está haciendo tarde y veo próximo un charco cercano, por volumen, a un pantano, parece oportuno que también dejemos este análisis para mejor ocasión.