14 julio 2017

Cesiones de crédito a fondos buitre: el ATS 10 de mayo de 2017.


La postura del editor de este blog respecto a las cesiones de créditos en masa es conocida: (i) es una operación financiera que carece de regulación en el ordenamiento, civil o procesal; (ii) el retracto del art. 1535 CC tampoco regula la figura y (iii) el deudor tendría a derecho a satisfacer el comprador el precio pagado. 

Y también conocen la postura mayoritaria: (i) la cesión se justifica en un documento notarial repleto de numeritos, (ii) el cesionario, aunque haya pagado 2 céntimos por el crédito tiene derecho (sic) a seguir con el proceso de ejecución despachado, más los intereses y las costas (fijen la cantidad que quieran) ; (iii) el concepto de crédito incluye las sentencias, que también pueden venderse, perdón cederse y (iv) el retracto del art. 1535 CC solo se aplica en el proceso declarativo. 

No parece seguir la doctrina mayoritaria, unánime diría, el ATS, Sala 1ª de 10 de mayo de 2017 (ROJ: ATS 4273/2017) y su fundamento de derecho tercero:


TERCERO.- A la vista de lo expuesto no cabe sino denegar la sucesión procesal solicitada por las siguientes razones:
a) porque pese a que Alcmena Bidco S.A.R.L afirma que se hizo una sustitución contractual y que la sustitución se hizo con plenos efectos sin que se limitase a partir de determinada fecha, lo cierto y verdad es que tal y como resulta de la escritura de cesión de créditos de fecha 15 de abril de 2015, estipulación tercera, apartado b) se estableció que la sucesión procesal debía gestionarse en los juzgados correspondientes en el plazo máximo de seis meses desde la firma de la escritura, de suerte que siendo la escritura de cesión de créditos de fecha 15 de abril de 2015 y presentado la solicitud de sucesión procesal el 15 de febrero de 2017 es claro que ha transcurrido con creces el plazo fijado al efecto en la propia cesión de créditos, siendo la petición ahora realizada claramente extemporánea. 
b) porque el cambio de parte puede perjudicar notoriamente la defensa de la parte recurrente, existiendo pedimentos en la demanda que únicamente se pueden hacer valer respecto de la parte transmitente, tal y como señala el apartado segundo del artículo 17.2, párrafo segundo, de la LEC. A tales efectos debe tenerse en cuenta que Alcmena Bidco S.A.R.L es una entidad con domicilio social en Luxemburgo, que carece de bienes radicados en España, no quedando acreditado que sea una entidad financiera habilitada para conceder préstamos sino que tiene por objeto el recobro de créditos dudosos, siendo posible que no disponga de los medios suficientes para cumplir, en su caso, con las obligaciones de hacer contenidas en el suplico de la demanda y a las que estaría obligada en caso de estimación de la demanda. En concreto la parte recurrente solicitó en su demanda la condena de la demandada a otorgar un préstamo hipotecario tradicional en euros, cuestión que le puede resultar de muy difícil o imposible cumplimento a la ahora solicitante de la sucesión procesal, dificultando enormemente para la recurrente, en su caso, la ejecución de una posible resolución judicial estimatoria de la demanda e incluso el poder hacer efectiva una posible condena en costas de la recurrida. 
En consecuencia, atendido lo dispuesto en el artículo 17.2 LEC, párrafos segundo y tercero, procede denegar la sucesión procesal solicitada, debiendo continuar el transmitente, Catalunya Banc, S.A., en el juicio en la condición de parte recurrida que venía ostentando, todo ello sin perjuicio de las relaciones jurídicas privadas que le vinculen con la sociedad que interesa ocupar su posición, todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Observe estimado lector que la letra a), que a mi entender nada tiene que ver con la sucesión del art.17 LEC, sería perfectamente aplicable en el proceso de ejecución, introduciendo otro requisito en el acceso del fondo buitre a la vía de apremio, mientras que la argumentación de la letra b) en una interpretación nada extensiva y partiendo de la existencia del perjuicio, podría llevar a entender que el ejecutado debería tener la posibilidad de satisfacer el precio pagado por la cesión o, mejor dicho, la venta.

04 julio 2017

Y si los consumidores no aparecen, habrá que buscarlos.


Imagen de un panfleto depositado en el buzón de quien redacta está mañana y, que guardaba turno con la factura de telefónica y una carta de la aseguradora del Santander. Les pido disculpas por el inadecuado empleo del tipex, pero la Ley de protección de datos me ha obligado a uso excesivo del  que ha terminado produciendo la especie de gotelé que impregna el papel.  

Y sin comentarios. Quiero decir que en esta ocasión que cada lector saque sus conclusiones, porque nadie sabe realmente lo que hay en la cara oscura de la luna.

28 junio 2017

Dos guerras perdidas y la certificación del art.654.3 LEC.


Hay dos guerras pérdidas en los Juzgados. Y escribo de guerras y no de batallas porque ahora que nos invade la cuarta cesión de créditos a fondos domiciliados fuera de España, si alguien cree que el art. 1535 CC regula la figura tiene el mismo derecho a creer que los Reyes Magos vienen de París (creo que era algo por el estilo, pero hay horas que uno no está para lindezas poéticas) y eso que vamos camino de tener consumidores y sus quejas hasta la próxima década. 

La segunda guerra se ha perdido con los Registros de la Propiedad que ya se han convertido por su derecho propio en una segunda instancia paralela a la que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Juzgados de Primera Instancia. Y como ahora no lo recordarán hagamos memoria (a secas). La Ley 1/2013 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificó el art. 654 LEC, introduciendo un apartado 3 que padece una desafortunada redacción y provoca una complicada exégesis. Dice así: «en el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además el tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas».  
La lectura del mandato no suscita dudas: cuando haya deuda pendiente, habrá certificación y, perdón, pero nada más lejos de la realidad. 

La primera duda es a resolver es determinar sobre la ejecución a la que nos referimos. La exposición de motivos de la ley 1/2013 indica que para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés. 

Todo eso no aparece en el precepto, aunque la aclaración nos pueda obligar a concluir que el art.654.3 LEC regula el importe por el que se seguirá la ejecución dineraria del art.579 LEC, para el supuesto que toda la deuda no se hubiera saldado en la ejecución hipotecaria anterior. Desde este punto de partida y como quiera que el art. 570 LEC impide terminar una ejecución hasta que el título no se haya satisfecho y que el primer apartado del citado art. 654 LE regula el destino del precio del remate para las ejecuciones, sin distinguir la naturaleza del título ejecutivo, parece lógico entender que el desglose que prevé el art. 654.3 LEC se aplicará solo a las ejecuciones hipotecarias y cualquiera que sea el bien que se haya realizado, lo que deberá entenderse sin perjuicio de las especialidades que contiene el art. 579.2 LEC respecto a las viviendas habituales. 

En cuanto a la certificación no faltan opiniones que la consideran documento imprescindible para promover esta continuación de la ejecución y, de ahí que si no se hubiere expedido no podría iniciarse la ejecución del art. 579 LEC, al no constar claramente las cantidades por las que habría de despacharse ejecución en concepto de intereses moratorios y costas. Por tanto, se requerirá al demandante para que, en el supuesto de solicitar el despacho de ejecución por las cantidades restantes, previamente solicite en el proceso hipotecario del que trae causa, la expedición de la referida certificación, y cuando sea traída al proceso de ejecución, despachar ésta. 

Por varias razones en modo alguno puede compartirse esta opinión. La primera atañe al título ejecutivo. La postura mayoritaria defiende que será la escritura de préstamo en aquella parte del crédito que no haya sido satisfecho por la adjudicación. Hablaríamos de la ejecución de un título no judicial, que podría despacharse contra los fiadores y en la que estos dispondrían de los motivos de oposición propios de dicha clase de título, pero la novedosa redacción del art. 579.2 LEC y el reconocimiento como título ejecutivo del decreto que dicta el Letrado de la Administración de Justicia, también permite colegir la posibilidad que sea el decreto de adjudicación el título ejecutivo de la posterior ejecución ordinaria en la parte no satisfecha. En este caso, no habría más intereses que los del art. 576 LEC desde la fecha del decreto de adjudicación, regulándose las costas por lo dispuesto en el art. 539 LEC. 

La segunda se refiere al momento en que la ejecución hipotecaria termina ya que lo hace con el dictado de alguna de las resoluciones del art. 670 LEC. Por tanto, la liquidación de intereses y la tasación de costas será siempre anterior a la resolución que la pone término, pues de otro modo es imposible conocer la existencia del sobrante (sirva a modo de ejemplo y por todos, el ap. 2 del art. 670 LEC) impidiéndose, en otro caso, el cumplimiento del art. 674 LEC. Por lo dicho, el art. 671 LEC dispone que el ejecutante puede optar por la adjudicación, por la cantidad adeudada por todos los conceptos o por diferentes porcentajes del valor de tasación, según los casos, lo que también finalizará la ejecución hipotecaria, pero sin ninguna liquidación o tasación posterior. No hay en la Ley un tertium genus: la adjudicación por el 50 %, el 60 % o el 70 % del valor de tasación más todos los conceptos debidos. 

La tercera y última razón es que la certificación no es un título ejecutivo, ni sirve para liquidar ninguna deuda a los efectos de la posterior demanda de ejecución de título no judicial. Y de hecho el ejecutante podrá reclamar en la nueva ejecución solo la diferencia entre el importe de adjudicación y aquel por el que se despachó la primera ejecución hipotecaria más los intereses del art. 576 LEC.

22 junio 2017

Y ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo eres tú (un vistazo a la conciliación del año 2015)


Se me escapó de las manos minuto y medio antes de dar comienzo al acto, así que me deshice de la toga, apague la cámara, mejor dicho, salí de la aplicación y apague el ordenador y con cara de no saber lo que había pasado, que no lo sabía, pregunté a los abogados el motivo de suspender la conciliación: habían llegado a un acuerdo. 

¿Un acuerdo? ¿Un acto de conciliación que termina con un acuerdo? Ni que decir tiene que el espejismo duró lo que tardó el agente del Decanato en traer el reparto del día y, colocarme en la situación previa al acuerdo de minutos antes y, posterior a la entrada en vigor de la Ley 15/15 de Jurisdicción voluntaria. La verdad es que desde la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 hubo un par de ratos e incluso de tardes, para pensar y repensar lo que podríamos haber hecho con la conciliación, -aparte de repetir, claro está, lo de potenciar los medios de solución intra, para y extrajudiciales-, pero por lo visto las agendas estaban tan ocupadas que nos quedamos con la “finalidad de evitar un pleito con un acuerdo” y, “¿qué es un acuerdo?” y tú lo preguntas: un acuerdo eres tú. 

Y con ese instrumental de tiritas y alcohol de 96 para una operación a corazón abierto, hemos logrado, después de casi dos años de esmerada aplicación, convertir a los órganos judiciales en un servicio de burofax gratuito, aunque eso sí, para evitar un pleito y, ¿el acuerdo?, el acuerdo y tú lo preguntas: el acuerdo eres tú. Lo que sin solución de continuidad debería llevarnos a pensar muy seriamente en la posibilidad, que no deshecho, de estudiar el asunto desde la perspectiva de la competencia desleal o, mejor desde la tecnológica y ya que están -que no estamos-, dispuestos a servir de mensajería instantánea “para evitar pleitos” quizá sería lógico una dotación informática con códigos de barras, tabletas y todos esos cacharros que emplean las empresas del ramo además de gorras, chalecos y uniformes varios. 

Así que llegados a este punto y por si algún lector anda perdido: 

-No es una conciliación la petición de notificar unas cuantas facturas para desgravar el IVA. 

-Tampoco lo es la comunicación de un siniestro a ninguna aseguradora y menos aún, la de informes médicos al que se acompaña, como quien no quiere la cosa, un requerimiento por el total de no se sabe bien qué. Dejaré para peor ocasión el asunto de la inexistencia del acto de conciliación en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y a que la conciliación no es un requerimiento extrajudicial. 

-¿Dónde han visto una conciliación en el hecho de contestar a una comunicación de una empresa o, de un organismo público a una previa reclamación del conciliante?, ¿para evitar un pleito? Sí ya le han dicho que nones y que les demandes. 

-Los asuntos de familia tienen mal acomodo en este expediente y no solo por la indisponibilidad del estado civil, sino por la necesidad de prueba y, a ver si vamos a necesitar un Juez para que nos rectifique el quincuagésimo punto del acta de la junta del mes de mayo y para una división de cosa común nos basta con un requerimiento y un “acuerdo para evitar el pleito”. 

-Los productos financieros darían juego en la celebración del art.145 Ley 15/15, pero mira por donde ni hay propuesta de acuerdo, ni ganas de alcanzarlo, salvo que se pague todo lo que se requiere y ya saben, por eso de hagamos difícil lo fácil e imposible lo difícil. 

¿Y que nos quedaría entonces para evitar un pleito? Nada, salvo la engorrosa querella posterior (por lo criminal, no lo olviden) a un prescindible acto al que no viene nunca el citado o el citador, según se tercie. De hecho y si se fijan, el requerimiento para evitar un pleito es un monitorio de manual y además sin costas, con lo que no se acierta a comprender la necesidad de provocar un señalamiento, una grabación y un decreto cuando puede hacer lo mismo un monitorio de págueme lo que me debe o aguante la ejecución o; cualquier empresa de mensajería. 

El acuerdo implica, por definición, una transacción y esta supone renuncia a alguna de las pretensiones de los afectados y eso está ahora en la ley, otra cosa es que no queramos verlo o que no nos interese hacerlo.

14 junio 2017

De los consumidores, de un perrito piloto y de una buena mesa.


Allá por el lejano año del Señor del 2013, junio, escribí que con los Jueces se vivía mejor, o muchísimo mejor y previo reconocimiento de la patata que para quien redacta era la NOJ desde el primer borrador y que me presenté a Secretario Coordinador Provincial en el año 2005, ejerciendo desde ese año de Presidente de la comunidad de vecinos cuando me toca, concluí que con los Jueces al mando se vivía mejor porque siempre se sabía por dónde podía venir el golpe y quién podía dártelo. 

Pero como todo lo que es susceptible de empeorar, empeora, ni los Jueces – la mayoría- saben ahora cómo viven, ni nosotros, o sea, Letrados de la Administración de Justicia sabemos en qué esquina nos espera la siguiente sorpresa en la forma jurídica que prefieran y, menos cuando el pueblo español siempre prefiere un mal pleito, una mala sentencia y una horrible ejecución antes de llegar a ningún acuerdo. ¿Acuerdo?, ¿he escrito acuerdo? Disculpen. Hagamos difícil lo fácil y pónganse en situación. Letrado del Banco que reconoce lo debido por cláusula suelo más intereses y cuatrocientos de costas. Buen acuerdo. La Magistrado y quien suscribe nos miramos. Asunto zanjado. ¿Asunto zanjado? Sí, claro, el letrado del actor indica que no está de acuerdo con el importe de costas y que a poner sentencia. Le faltó decir como “Dios manda” y a proteger a los consumidores de los abusos. 

Así que para vivir mejor no basta ahora con que mande el Juez, que ya no manda, sino tener una buena mesa bajo la que esconderse y guardarse de reformistas conversos, inventores de programas informáticos y dos sesiones de formación; jerarquías de toda clase, suerte y condición y de los ciudadanos. Sí, de los “consumidores”, vocablo que ahora supera a la “democracia” como finalidad primera y única de la Administración de Justicia y, que ya va camino de alcanzar a la “tutela judicial efectiva”. 

Y hablando de consumidores, ¿han observado como los teclados se relamían de “os lo dijimos” por la entrada de demandas en los Juzgados bis? ¡Qué alegría, que alboroto, otro Juzgado colapsado! La rima era con el “perrito piloto”, pero mis nociones de poesía no llegan a mediodía. Hagamos imposible lo difícil y vuelvan a ponerse en situación. Letrado de Banco en juicio ordinario con rebeldía del contrario y 20% de intereses de demora. La Magistrado advierte de la circunstancia y de la posible abusividad y, el letrado indica que no tiene instrucciones y que a poner sentencia. Otro palote más en la estadística de sentencias. 

Con este panorama de sueldos bajos, jefes y de directores de todas las categorías y con el Ministerio de Economía y Hacienda y la Dirección General de Registros y del Notariado, que de procesal no anda sobrada, tratando de imponerme unas curiosas doctrinas tuteladoras de los derechos de “consumidores”, faltaría, ando buscando una buena mesa, amplia y resistente que me permita un estupendo escondite a salvo de derechos, ciudadanos, jerarquías y tutelas judiciales. Aunque tampoco tengo clara su ubicación porque en el piso de arriba han colocado el Juzgado Bis y desconozco si la estructura aguantará el peso de las miles de reclamaciones (también la tradicional demanda ha desaparecido del proceso) de los “consumidores”.

08 junio 2017

La convocatoria de la subasta y la notificación del señalamiento.


Con el fin de no arrebatar al ejecutado cualquier bien que posea, despojándole de todo lo que no sea inembargable, sino sólo de los bienes que efectivamente tengan valor económico suficiente, ordena la ley que no se saquen a subasta ni un bien determinado, ni un lote de bienes, cuando sea previsible que con la realización no se va a obtener una cantidad de dinero que cubra, como mínimo, los gastos de la subasta (art. 643 LEC). 

La convocatoria a subasta se realiza por decreto y por una diligencia de ordenación se comunicará a las partes que no se convocará (arts. 644 y 545.7 LEC). Esta sorprendente antinomia de imposible explicación, la suscita la nueva redacción del art. 644 LEC que no solo requiere un decreto, sino que además obliga a que sea firme (art. 645 LEC) y todo ello cuando sigue sin aclararse qué se entiende por «gastos originados por la subasta» . El cálculo de los gastos parece atribuirse de hecho al Letrado de la A. de Justicia, ya que nada se dispone en sentido contrario, quien resolverá si debe o no convocarse en función de la liquidación que realice. Cuestión distinta es que los juzgados deban adelantar la resolución al decreto en la que se aprueba la valoración definitiva de los bienes (art. 639.4 LEC); actuación que creo errónea por la ubicación sistemática de las dos normas y por el especial contenido de dicha resolución, pero que con la nueva redacción de los arts. 644 y 645 LEC no rebato. 

A modo de hipótesis de laboratorio podríamos preguntarnos si en la diligencia de ordenación debería recogerse con algún detalle el cálculo efectuado y qué partidas se comprenden en los «gastos de la subasta». Ambas cuestiones, que se encuentran íntimamente relacionadas, nos obligarían a distinguir los conceptos de costas y de gastos, aunque teniendo en cuenta que el mayor importe, que era el correspondiente a la publicación en los boletines oficiales ha reaparecido en la ejecución civil como gasto impuesto (art. 645 LEC). Sin darle muchas vueltas el gasto comprenderá todo aquel concepto incluible en la tasación de costas (honorarios de letrado, arancel del procurador, honorarios de perito, gastos del depósito, publicación edictal y publicación en otros medios), o más correctamente podrían reducirse a los directamente originados por la subasta (publicación edictal, honorarios de perito y, en su caso, gastos del depósito). 

Tomada la decisión de convocar la subasta, se dictará una primera diligencia de ordenación, en la que se emplazará a las partes para que aleguen lo que tengan por conveniente sobre la formación de lotes (art. 643.1 LEC). Transcurrido el plazo concedido para esas alegaciones, se dictará un decreto en el que se acordará la convocatoria de la subasta (art. 644 LEC). La necesidad de dictar esas dos resoluciones se justifica por el distinto sentido y finalidad de una y otra: la primera tendrá por objeto la convocatoria de la subasta y se fundará en el juicio de valor sobre los gastos que origina; en la segunda, pese a la dicción legal, se anunciará la subasta que se llevara a cabo electrónicamente y, en la que se identificarán los bienes, sea individualmente o formando lotes. La necesidad de firmeza impuesta en el art. 645 LEC, permite que tanto la diligencia como el decreto puedan impugnarse en reposición. 

De la repetida exigencia de firmeza resulta que aunque la ley no fije plazo alguno entre la convocatoria y su celebración, con lo que nada impediría que comenzara la subasta dos días después del dictado del decreto (ex. art.648.2ª LEC), no solo deberá esperarse a que transcurra el plazo de impugnación (art. 451 LEC), sino que la omisión no amparará interpretaciones desorbitadas, que desconociendo la finalidad de la venta, hurten la concurrencia de los licitadores. En consecuencia no ha perdido valor la doctrina sentada por la STS, Sala 1ª, de 21 de noviembre de 2000 (LA LEY 257/2001) en la que se declaró la nulidad de una subasta notarial por vulneración del requisito de la publicidad, razonando que no podía entenderse cumplido al haber mediado desde su anuncio a la celebración, un plazo cuando más, de veinticuatro horas que, lógicamente, era a todas luces insuficiente para provocar la concurrencia de postores que hubieran podido elevar el precio ofrecido, conculcándose así el derecho e interés del propietario a obtener el mayor precio posible. 

No obstante, la novedad que introduce en este punto la Ley 19/2015 consiste la supresión de la obligación de notificar al ejecutado el señalamiento del lugar, día y hora para la subasta en el domicilio que conste en el título ejecutivo y, deberemos entender que la notificación del Decreto del art. 644 LEC practicada con arreglo a las normas generales en la materia, será bastante para evitar cualquier posible indefensión por desconocimiento. Era una práctica muy extendida la de intentar notificar personalmente al ejecutado el señalamiento para subasta, suspendiéndose si resultaba negativa. 

Con la reforma si el ejecutado no se opone a la ejecución, personándose en forma, los actos posteriores, como el acto de comunicación de la subasta, seguirán el régimen normal y, consecuentemente, si posteriormente el deudor no fuera localizado en el domicilio donde primeramente fue hallado, debería recurrirse a la comunicación edictal porque, en definitiva, habría sido el propio demandado quien faltó a su obligación de comunicar al Juzgado su cambio de domicilio y no podría responsabilizarse al órgano judicial de una indefensión que únicamente se explicaría por su propia falta de diligencia (AAP BARCELONA, Sección 14ª, 21 de mayo de 2015, ROJ: AAP B 729/2015). 

En suma, la notificación del señalamiento de la subasta (la del anuncio) se realizará por medio del edicto, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (art. 645.1 LEC).

31 mayo 2017

Tres polémicas en las costas del proceso de ejecución.


La Revista de Jurisprudencia de El Derecho ha publicado el artículo “Tres polémicas en las costas del proceso de ejecución”. Por razones que se ignoran los llamados costes del proceso carecen de regulación en nuestro ordenamiento y, dejando al margen los escasos preceptos que la Ley de Enjuiciamiento Civil dedica a la tasación de costas, los conflictos procesales que en esta sede se originan son múltiples. Centrándonos en el proceso de ejecución destacan, entre otros, la aplicación del límite del art. 394.3 LEC o las costas en la ejecución del proceso monitorio y a dichos interrogantes se dedica este trabajo así como a las diferentes teorías que han tratado de solucionarlos.

27 mayo 2017

Hartazgo.


No me llama la atención que profesionales de cincuenta años y con más de veinte de ejercicio -o mejor dicho, desde que aprobamos la oposición y repito, desde que aprobamos la oposición, porque todos los funcionarios de los grupos A de la Administración del Estado hemos aprobado una oposición y no un master, tres cursos, dos trabajos o, peculiaridades académicas varias- piensen, pensemos, en lo que nos queda para despedirnos de la tutela judicial efectiva de los 152.954 abogados ejercientes en el censo del año 2016 (en el año 2015 fueron 151.866) y de los derechos de los millones de conciudadanos que o, nunca han sabido lo que firmaban o, nunca han leído nada de lo que sabían. O lo sabían todo por la televisión, que de todo hay y como dice un antiguo portero del Real Madrid en “situaciones difíciles” “hagámoslo fácil”. 

Claro que sí “hagámoslo fácil”, con ochenta y dos facultades de derecho produciendo abogados en cuatro años y un master, cualquiera puede cascarle un recurso de casación al Tribunal Supremo, así que tampoco podrá sorprendernos que la conciliación haya sustituido al burofax de correos, que las demandas de los juicios ordinarios traten de ganar el asunto por el peso y por no la calidad de la fundamentación y, que sigamos prefiriendo un buen pleito a cualquier clase de acuerdo. De hecho ya son legión los abogados que se traen de casa y por escrito, las conclusiones de los juicios que luego leen sin recato y, todo ello después de la práctica de una prueba que era imprescindible en la audiencia previa o multitudinaria en el juicio verbal y que se obvia por que, evidentemente, no venía escrita, ni concluida de casa. 

Y es que en el otro lado, en el nuestro, solo cabe guardar un prudente silencio, que todo pase y a ver si con suerte nos dejan en paz. El caso Mari Luz fue paradigmático en este sentido y un buen aviso a navegantes: se centró el foco en el Magistrado y en la Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal y, no en los incompetentes que han regido y rigen la gestión de la Administración de Justicia desde que el Tribunal Constitucional tuvo la ocurrencia de partir aquella en tres trocitos. No niego responsabilidades en la casa, pero por aquí pasan y pasan saltimbanquis que van y vienen y, a ninguno se le piden cuentas por nada y, sucede que en mi Juzgado todos, comenzando por la Magistrado y terminando por el Auxilio Judicial, tiramos de agenda a pezuña para computar plazos o señalamientos, porque el famoso Cicerone de gestión procesal es un programa tan obsoleto y, hay que dar tantos pasos para cualquier cosa que al final lo más práctico es el bolígrafo y el papel. 

Valencia no tiene facultad de Veterinaria (la pública más cercana está en Zaragoza), ni de Ciencias del Mar, pero tiene cuatro estupendas facultades de Derecho y sumamos y seguimos y si los planes de estudios de los años setenta eran como eran, los de ahora son con son y, de hecho una de ellas produce un licenciado de Derecho en un año con las convalidaciones oportunas. Con el título, el master, y los artículos 24 CE y 231 LEC la cosa está hecha. 

¿La cosa está hecha? Pues claro que está hecha y encima transporta un virus contagioso, porque por edad, por modificaciones legales y por la situación económica, esos abogados de los años ochenta y noventa están desapareciendo o ya evitan los enfrentamientos en los juicios y prefieren mandar a gente de sus despachos a que cojan tablas y, ojalá que el público de ese teatro fuera también funcionarios cogiendo tablas, pero cuando eso no sucede vamos pensando que lo mejor es cumplir sesenta años y llegar a treinta años de servicio

24 mayo 2017

La cuestión compleja en la ejecución de la jura de cuentas.

La regulación de la jura de cuentas en la Ley de Enjuiciamiento civil constituye una vía privilegiada de protección de los derechos y honorarios de abogados y de procuradores, siendo así que en el caso de los primeros se ampara el pago de los «honorarios que hubieren devengado en el asunto», siempre que se presente una «minuta detallada» (art.35.1 LEC). 

Dice el ATS, Sala 1ª, del 17 de junio de 2015 (ROJ: ATS 5027/2015) que las características propias del procedimiento de jura de cuenta conducen a reconocerle un carácter incidental, es decir, un procedimiento en dependencia inmediata con un pleito principal. Estas características serían las siguientes: (i) presupone siempre un proceso anterior; (ii) los sujetos legitimados activamente serían los abogados y los procuradores que hubieran intervenido en el proceso precedente; (iii) la integración del sujeto pasivo y del objeto vendrían, igualmente, determinados por el proceso anterior; (iv) la comprobación de los presupuestos y requisitos para su admisión y el examen de las posibles excepciones e impugnaciones habrían de hacerse en relación con el pleito anterior; (v) la clase de resolución que en la ley ha elegido el legislador para su conclusión adoptará la forma de decreto; (vi) lo decidido en este trámite, como norma, no tendría efectos de cosa juzgada, en cuanto podría promoverse un juicio posterior; (vii) la competencia funcional para su tramitación correspondería al órgano que conoció del proceso anterior; y (viii) la propia sistemática seguida para la regulación del procedimiento se sitúa entre las disposiciones relativas a la intervención de los abogados y procuradores, y no dentro de los procesos especiales. 

Y en palabras de la STS, Sala 1ª, de 19 de junio de 2008 (ROJ: STS 4138/2008), la jura de cuentas sería un procedimiento ejecutivo, de naturaleza sumaria y especial, que otorgaría una singular protección a los letrados, en cuanto les posibilitaría a hacer efectivos de forma expeditiva los créditos derivados de su actuación profesional en los procesos, evitándoles acudir a la vía declarativa ordinaria, la cual, de todas formas, no quedaría excluida ya que el interesado podría optar por una u otra. 

No obstante, en los casos en los que por el requerido de pago se formularan excepciones que desbordasen los límites del procedimiento, debería someterse la cuestión al juicio declarativo correspondiente. De lo contrario, se ampararían situaciones de abuso, al tiempo que quedaría mermado el derecho de defensa. Aunque tampoco bastaría cualquier alegación de cuestión compleja, sino que por el órgano judicial habría de determinarse sí efectivamente las razones esgrimidas por el demandado contarían con visos de verosimilitud. Para terminar, deberá atenderse a la obligación de solventar la reclamación y la impugnación que en su caso pudiera formularse, según el estado de las actuaciones y, de la documental que hubiera podido aportarse. Pues bien, dicho todo lo anterior, el problema surge cuando el demandado guarda silencio frente al requerimiento y una vez despachada ejecución formula una oposición fundada en la existencia de una «cuestión compleja», que excedería los reducidos límites del art. 35 LEC y que tampoco encontraría acomodo, en principio, en los arts. 556 y ss. LEC. Digo que excedería los límites del art. 35 LEC porque en tales circunstancias, nos encontraríamos con una problemática que presentaría una complejidad que excedería del ámbito del juicio sumario y debería examinarse en el juicio declarativo (ATS, Sala 1ª, 20 de septiembre de 2011, ROJ: ATS 9983/2011). 

Y ¿qué sucede con la ejecución? Adviértase que en este supuesto lo que el ejecutado plantearía sería la inexistencia del arrendamiento de servicios entre las partes y por ende, de una relación entre el letrado y la parte en el que estaría incluido el proceso que originó la reclamación del primero. Esto es, lo que realmente se sometería a consideración del órgano judicial sería la eficacia y el alcance de lo pactado y, pese a ello la oposición que se articulase no prosperaría salvo, claro está, la decisión que pudiera adoptarse en el proceso declarativo sobre esta cuestión. 

Ahora bien la reciente Sentencia TJUE, Sala Quinta, de 16 de febrero de 2017 (asunto C‑503/15), puede haber abierto la puerta a otra interpretación. La sentencia define la jura de cuentas como un procedimiento que se sitúa al margen del sistema jurisdiccional nacional. Por una parte, la incoación del procedimiento de jura de cuentas no da lugar a que, por causa de litispendencia, pueda impedirse que un tribunal ordinario sustancie autónomamente un proceso declarativo o un procedimiento monitorio, ni tampoco constituye una causa de inadmisibilidad de los motivos que pudieran formularse, simultánea o sucesivamente, ante tal tribunal ordinario, y, por otra parte, el decreto por el que se pone fin al expediente de jura de cuentas es similar a una resolución de carácter administrativo, puesto que tal decreto, aun siendo firme e inmediatamente ejecutivo, sin que se admita contra él ningún recurso, no goza de los atributos de una resolución judicial, especialmente de la fuerza de cosa juzgada material. 

De las consideraciones anteriores resultaría que, en el ámbito del expediente de jura de cuentas, el Letrado de la Administración de Justicia no constituiría un «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE y sería el juez de la ejecución competente para acordar el apremio sobre la cantidad debida, quien debería examinar —de oficio si fuera necesario— el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual que figurase en el contrato celebrado entre un abogado y un cliente suyo (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2015, C‑32/14 y de 18 de febrero de 2016, C‑49/14) y, por la misma razón, podría admitirse la oposición que el ejecutado formulase por la existencia de una «cuestión compleja» entre las partes.

19 mayo 2017

No habrá Juzgados Bis en Valencia para las reclamaciones bancarias (ii).


ACTA de la junta celebrada el día 5 de mayo de 2017 por los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia. 

Secretario Coordinador Provincial.
LAJ de los Juzgados de 1ª Instancia nº 1, nº 2, nº 4, nº 10, nº 12, nº 14, nº 16, nº 18, nº 19, nº 20, nº 22 y nº 23 
Excusan asistencia LAJ de los Juzgados de 1ª Instancia nº 5, nº7, nº 17, nº 21 que delega voto en el LAJ 1ª Instancia nº 22 y nº 25 y delega voto en el LAJ 1ª Instancia nº 4. 
No han sido convocados los LAJ destinados en los Juzgados de Familia y de Incapacidades.


ORDEN DEL DÍA: 
Se informe sobre la posibilidad de la constitución de un Juzgado Bis para la TRAMITACIÓN y RESOLUCIÓN de los asuntos civiles que se indican y, en su caso, sobre la dotación de su plantilla. 
El Secretario Coordinador Provincial informa a la junta que la aprobación de la constitución de un Juzgado Bis para la resolución de los conocidos como asuntos bancarios compete al CGPJ y que su plantilla se compondría de 2 Letrados y 4 funcionarios. No obstante, el parecer del Ministerio de Justicia y de la Consejería de Justicia es que no dotaran las plazas que correspondan hasta que no tengan datos del número de registro de demandas en el decanato. 
Por su parte, la Sala de Gobierno del TSJ ha aprobado la petición del Juez Decano de prorrogar el refuerzo de los Magistrados que en comisión de servicio actúan en los Juzgados de Primera Instancia. Sin embargo, la medida será provisional en tanto se constituya el Juzgado Bis, por lo que a diferencia de lo sucedido en el caso de Bankia, será este último — y no todos los Juzgados de Primera Instancia— el que asuma esta clase de asuntos. 
— Sobre la resolución de los conocidos como asuntos bancarios por un Juzgado Bis. Se vota por unanimidad el siguiente ACUERDO. 
La Junta entiende que la constitución de un Juzgado Bis es la mejor medida para tramitar y resolver los asuntos de esta naturaleza, por las siguientes razones: 
a) Evita las disfunciones y perjuicios del sistema vigente —refuerzo de varios Magistrados en todos los Juzgados sin otra dotación de personal— en el particular relativo al señalamiento paralelo que estaba produciendo en cada órgano entre los asuntos que enjuiciaba el Magistrado titular y los que conocían los Magistrados de refuerzo, lo que implicaba que unos asuntos se solventaran con mayor celeridad que otros y 
b) Atribuye a un solo órgano —el Juzgado Bis— todos los asuntos de la misma naturaleza lo que facilita su gestión y tramitación y permite unificar criterios y prácticas de actuación. 
Las razones que se exponen y que justifican la constitución del Juzgado Bis implicarían, por necesidad, las siguientes medidas organizativas: 
a) La dotación de plantilla suficiente para responder a las necesidades del órgano, lo que evitará el riesgo de colapso en el caso que el número de entrada de asuntos sea muy elevado. 
b) La dotación informática que corresponda, incluyendo la apertura de una cuenta bancaria propia. 
c) La competencia sobre cualquier gestión burocrática o administrativa en los asuntos que conozca el Juzgado Bis y en particular en lo que se refiere a la elaboración de la estadística, cuestiones de personal y peticiones de información que se formulen por otras Administraciones. 
d) La determinación del destino de la bolsa de asuntos que pueda quedar pendiente de tramitar o de ejecutar en el Juzgado Bis, si dicha medida de refuerzo no se prorrogara hasta finalizar todos los asuntos de su competencia. 
— Sobre la elaboración de un protocolo que unifique prácticas en la tramitación y ejecución en el Juzgado BIS Se vota por unanimidad el siguiente ACUERDO. 
La Junta entiende que deberá elaborarse un protocolo que unifique prácticas en los siguientes actos: 
Emplazamiento de las partes. 
Forma y presentación de documentos en los traslados de copias. 
Forma de cumplimiento de la sentencias. 
Liquidaciones de intereses. 
Práctica e impugnación de las tasaciones de costas.

En fechas recientes se ha tenido noticia que el Juzgado Bis designado ha sido el Primera Instancia nº 25 y que la Comunidad Valenciana no facilitará la constitución del Juzgado Bis, lo que no sorprende y que obligará a elaboración del protocolo. No obstante, tampoco estamos ante un asunto sencillo y, de hecho las juntas se están convocando con arreglo a la previsión del art.26.3 Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

11 mayo 2017

Buena fe procesal y los actos del último minuto (ATS, 26-4-2017)


Una de las situaciones que se reproducen a modo de plaga en cualquier órgano judicial es del acto del último minuto: en juicios señalados con meses de antelación se comienzan a pedir cosas cuarenta y ocho horas antes de la vista o, mejor aún, en el mismo día del juicio se suceden apuds actas, se personan partes, se reclaman presuntas nulidades y, se pregunta por la pericial que no aparece, pero que estaba, solo había que buscarla. Una especie de entente cordiale permite estas prácticas y hasta los desistimientos y los acuerdos del “déjenos un mínuto que estamos hablando”, ¿un mínuto?, pero ¿si se señaló el juicio hace siete meses? 

En estas se ha publicado el ATS, Sala 1ª de 26 de abril de 2017 (ROJ: ATS 3863/2017) que desestima un recurso de audiencia en justicia contra la decisión de la Sala de imponer a CAIXABANK, SA una multa de seis mil euros por haber conculcado las reglas de la buena fe procesal ya que esperó al día anterior al señalado para la deliberación y fallo del asunto para desistir del recurso, pese a tener conocimiento del citado señalamiento desde hacía más de un mes y haber interpuesto el recurso hacía más de dos años. 

La recurrente argumentó, en síntesis, que el motivo del desistimiento estaba justificado y motivado por el acuerdo alcanzado entre las partes, al que se había llegado tras una negociación prolongada en el tiempo; también se argumentó que la LEC permite desistir a las partes en cualquier momento procesal con anterioridad a la notificación de la sentencia, por lo que dicho desistimiento no podía considerarse un fraude procesal; por último, se alegó que la Sala había requerido a la recurrente para que identificase todos los recursos que tenía interpuestos con contenido similar, por lo que el esfuerzo, tiempo y dedicación de los magistrados no habrían sido baldíos pues servirían para la resolución de los quince recursos pendientes con idéntica cuestión jurídica. 

Dice la Sala que recurso planteado reproduce, básicamente, los argumentos del escrito de alegaciones que fueron ya tenidos en cuenta al resolver sobre la actuación del demandado que motivó la actuación correctora de la, con lo que no se aprecian razones de hecho ni de derecho para que la audiencia en justicia pueda ser acogida, al subsistir las causas que motivaron la imposición de la sanción acordada. Y previa remisión al auto recurrido resuelve que, en síntesis, se consideró injustificable que se hubiera esperado al día anterior al señalado para la deliberación, votación y fallo del recurso para presentar el escrito de desistimiento, porque no había obstáculo para haberlo presentado antes y porque, de ser cierto que el acuerdo no se alcanzó hasta ese momento (lo cual no ha quedado demostrado), se pudo advertir al tribunal con suficiente antelación de lo avanzado de las negociaciones, para que pudiera suspenderse al menos momentáneamente la deliberación, votación y fallo, y señalar otro recurso en sustitución del suspendido. Y termina diciendo:


TERCERO.- La alegación de que no existe fraude procesal es inane, porque la sanción no se impuso por la existencia de fraude procesal, sino por haber conculcado Caixabank las reglas de la buena fe procesal. 
Esta sala no cuestiona que los arts. 19, 20 y 22 LEC faculten a Caixabank para desistirse del recurso. Caso de que Caixabank no hubiera estado facultado para ello, la decisión de la sala hubiera sido la de no acceder a la solicitud de desistimiento. El ejercicio de los derechos conculcando las exigencias de la buena fe supone que, efectivamente, el sujeto está ejercitando un derecho que le concede el ordenamiento jurídico, pero las circunstancias concretas concurrentes hacen que, por su excepcionalidad, tal ejercicio sea jurídicamente reprochable porque se defraudan las legítimas expectativas que los interesados en la relación jurídica podían tener respecto de un ejercicio correcto del derecho.
Eso es lo acaecido en el presente caso, en el que, sin justificación, se ha esperado a la víspera del día señalado para la deliberación, votación y fallo del recurso para comunicar al tribunal el desistimiento del recurso. 
Por último, la existencia de otros recursos que se dicen similares (sin que se haya argumentado mínimamente el porqué de tal similitud) no es argumento que sirva para desvirtuar las circunstancias que determinan el comportamiento contrario a la buena fe de la recurrente. El señalamiento del recurso, mantenido hasta el último momento, ha impedido que pueda señalarse otro asunto con el correspondiente perjuicio para la recta administración de justicia. Como ya se indicó en el auto hoy recurrido, la actuación de la recurrente no supone únicamente una desconsideración hacia los miembros de este tribunal sino también un mal uso de los recursos públicos que redunda en perjuicio del resto de justiciables .

No nos preocupemos que en la primera instancia seguiremos suspendiendo lo suspensible azotados por los arts. 231 LEC y 24 CE, (menos cuando aparece el impulso de oficio del art. 179 LEC que de todo hay) o, mejor dicho, no hace falta articulado alguno: ¿un auto para la audiencia en justicia más la nulidad que vendría después, el recurso de queja en la Audiencia Provincial y la correspondiente, por trámite, en el Tribunal Superior de Justicia a cambio de un desistimiento? Evidentemente el desistimiento y hasta del último segundo.

09 mayo 2017

Los Juzgados Bis, la mejor solución entre las peores para las reclamaciones bancarias (i).


Las sucesivas intervenciones del TJUE tan incomprensiblemente aplaudida por algunos – esperen a que la inexistencia de la cosa juzgada les sorprenda en un asunto y verán el espectáculo- parece conducirnos a una segunda oleada de litigios contra las entidades bancarias y, sí en el primero fue Bankia el actor invitado en el proceso civil, en esta segunda entrega van a ser varias las entidades bancarias afectadas. Mientras tanto creo que el proceso penal sigue su curso, prudencia ante todo. 

Y quien les escribe tiene cierta experiencia en esto de las más de 20.000 demandas que se registraron en el Decanato de Valencia, se turnaron a los 21 Juzgados de Primera Instancia y con el único refuerzo de varios Magistrados en comisión de servicio, mal que bien logramos sacar el lío adelante. Observen lo del refuerzo, porque la Comunidad Autónoma decidió ponerse de perfil y el Ministerio de Justicia nombró un único Letrado, mientras que el CGPJ aprobaba sucesivas prórrogas que en ocasiones llegaron a cinco Jueces de Adscripción Territorial en un solo trimestre. Y otro detalle que se deja escapar como si tal cosa: la dificultad jurídica de los asuntos contra Bankia disminuyó con el paso del tiempo (entiéndase como pronunciamientos en sentido contrario) y de hecho, desde hace un par de años no se interpone ningún recurso de apelación y el contenido de las sentencias es sustancialmente idéntico. 

Vayamos ahora con el famosísimo Juzgado bis y el punto de vista del consumidor, porque si me lo permiten a mi condición de Letrado de la Administración, uno la circunstancia de haber firmado una escritura de hipoteca y hasta podría verme afectado por algún hecho que me obligara a presentar una demanda en un Juzgado de Primera Instancia y, bajo esta triple condición la constitución de estos para-órganos se antoja la mejor solución entre las peores posibles, que tampoco sé muy bien cuales serían. 

La primera razón de peso es que unifica la respuesta de la primera instancia civil y evita el juego procesal de las sentencias contradictorias. Insisto en que no estamos hablando del copia-pega de las sentencias contra Bankia, sino de litigios que aunque sean de la misma naturaleza, podrán tener diferentes grados de complejidad y, en esta tesitura parece aconsejable que sea el Tribunal Supremo el encargado de fijar una doctrina y no que cada órgano de la instancia resuelva según su entender en la materia. 

La segunda razón afecta al doble turno de señalamiento que producen los llamados refuerzos transversales y a los perjuicios que ello implica para otras reclamaciones civiles. Esto es, cuando intervienen varios Magistrados de refuerzo se organiza un turno de señalamiento paralelo al que tiene cada Juzgado y, como solo se dedican a esta clase de asuntos, al juicio (cuando se celebra) y al dictado de la sentencia, no hará falta ilustrarles sobre la celeridad de este segundo turno, que repito se produce en el mismo Juzgado. 

La tercera afecta a la ejecución y a las tasaciones de costas. El segundo beneficio procesal que produce la intervención de un solo órgano es que la unidad de criterio del proceso declarativo se traslada al de ejecución en la interpretación y ejecución del fallo y, cuando hablo de ejecución me refiero al día siguiente al de la firmeza de la sentencia y a la posibilidad de arbitrar prácticas que permitan y obliguen el cumplimiento voluntario. 

En cuanto a las costas la pelea – y aquí no cabe otro calificativo- entre Bankia y varios colegios de abogados provocó que la primera denunciara a siete de ellos en la Comisión de la Competencia y, que los Juzgados se hayan llenado de impugnaciones de tasaciones en las que me da que el ciudadano-consumidor poco ha tenido que ver pese a que fuera el titular del crédito y que, no hará falta decirlo, provocan un hartazgo mayúsculo. 

Y para terminar no creo que la dotación de medios tal y como se entiende en España y, que consiste en el amontonamiento de funcionarios interinos de todos los cuerpos en todos los Juzgados sirva de argumento en sentido contrario.

27 abril 2017

Las costas en la división de la cosa común


Las actuaciones tendentes a conseguir la efectiva división de la cosa común no constituyen propiamente un procedimiento de ejecución, aunque se pudiera llegar a acordar la subasta con intervención de licitadores extraños. Se trata de un procedimiento especial en el que no habría (en teoría) intereses contrapuestos entre demandante y demandado y en el que ambos estarían dirigidos al mismo fin de hacer líquido el bien para repartir su importe. Por ello cada parte deberá hacer frente a las costas causadas a su instancia y las comunes serán por mitad ya que no habrá pronunciamiento o imposición de costas (con independencia del pronunciamiento de las causadas en la fase declarativa) y no resultaría aplicable el art. 539.2 LEC. 

Ésta es la postura mayoritaria en la doctrina de las Audiencias Provinciales, pues concurriendo la voluntad de cumplimiento, no puede entenderse que deba existir efectivo pronunciamiento sobre costas procesales. 

Y, en la misma línea, la SAP SAN SEBASTIÁN, Sección 3ª, de 5 de febrero de 2008 (ROJ: SAP SS 355/2008), resuelve que no sería ejecutada únicamente la demandada del proceso declarativo sino también el propio actor del proceso de ejecución (y en ese solo sentido ejecutante) que igualmente estaría vinculado por el fallo a ejecutar, de tal forma que los gastos y costas que se fueran produciendo deberían ser a cargo de todos ellos y no exclusivamente de la demandada ejecutada. 

Esto es, la existencia de la ejecución dimana de la necesidad de acudir a la vía judicial y de ahí que no tenga aplicación lo dispuesto en el art. 539.2 LEC, siendo así que los preceptos del Código civil ponen de manifiesto que el propio legislador entiende que la división de cosa común sería una actuación conjunta de todos los comuneros y, que en consecuencia habría de sufragarse por todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas. 

En definitiva, leemos en el AAP CADIZ, 256/2016, Sección 8ª, de 17 de octubre de 2016 (EDJ 2016/236310) que la jurisprudencia menor modera el criterio de la imposición de las costas a cargo del ejecutado del art. 539.3 LEC cuando se trata de ejecutar una sentencia dictada en el ejercicio de una acción de división de la cosa común ya que no cabría hablar propiamente de ejecutante y ejecutado, pues siendo el bien propiedad de ambas partes, ambas tendrían exactamente los mismos derechos respecto al mismo y, no existiendo oposición del ejecutado, estaríamos ante una situación peculiar en cuanto que no se trataría de una ejecución dineraria ni de una obligación de dar o no hacer, sino de una obligación de hacer, pero con la especialidad de que este hacer sería la venta en pública subasta, lo cual no exigiría ninguna intervención personal del ejecutado, ni dependería de su voluntad, por lo que se consideraría contrario al principio de equidad que los gastos de la subasta y los de asesoramiento jurídico de una de las partes debieran ser sufragados por la contraria. 

Por último, aparece un criterio distinto y singular en la SAP ALICANTE, 168/2011, Sección 6ª del 21 de diciembre de 2011 (ROJ: SAP A 3830/2011) que equipara la oposición a la ejecución con la permanencia en actitud pasiva de una de las partes ante la obligación de hacer, lo que implicaría que hubiera de sufrir las consecuencias de que «la otra parte se vea obligada, por si sola, a interesar la ejecución del título judicial, pues no hay que olvidar que en el proceso civil rige el principio de justicia rogada». Más aún, se advierte que la sentencia que declara la extinción de la situación de indivisión y ordena la subasta del inmueble, constituiría una obligación de hacer que obligaría a ambas partes, siendo así que la parte ejecutada debería acreditar que trató de llegar a acuerdos extrajudiciales en cuanto a la forma de llevar a cabo la división o de interesar conjuntamente la ejecución de la sentencia. Esa omisión, que obligaría a la ejecutante a tener que hacer uso de la asistencia letrada y de la oportuna representación procesal para la apertura de la vía de apremio, implicaría que las costas y gastos fueran a cargo del ejecutado (art. 539 LEC). 

Dejo apuntada una sola nota: ni la oposición equivale a la inactividad, ni el art. 539 LEC contiene una excepción por el hecho de presentar primero la demanda de ejecución y que la petición de la tramitación (que no otra cosa) de la venta en pública subasta, no convierte a una parte en ejecutante sin más, máxime cuando la otra no se opone.

20 abril 2017

¿Y por qué esta fiesta es gratis?: a propósito del copago en justicia y de los consumidores.


Hagamos una previa aclaración. A la derecha, la gestión de la justicia le importa treinta y tres y a la izquierda, esa cantidad por tres y aún me quedo corto. No me extiendo mucho: la derecha ve la justicia como un mal necesario y no sabe lo que hacer con ella; la izquierda como un asunto electoral, que permite colocar tres o cuatro consignas y cientos de querellas a ver si hay suerte (moda, por cierto, a la que luego se han apuntado todos los demás). De los nacionalistas no sé qué decir, porque empeñados en poner fronteras en cada barrio les preocupa la identidad y nada la eficacia y en estas, no es de extrañar el altísimo nivel intelectual de todos los debates que protagoniza el llamado tercer poder del estado (todo con minúsculas). 

Y ¿es necesario el copago en justicia? Estupenda pregunta que contesto con rotundidad: Si. Y ¿por qué? Vuelvo a contestar con rotundidad: la mitad (cómo poco) de los asuntos que entran en los Juzgados merece el calificativo de “litigiosidad artificial”, innecesaria, inasumible y, en consecuencia, prescindible. Esto se ha escrito y publicado. El problema es que estos debates no pueden abrirse como quien se va a la playa, porque el vecino de sombrilla tiene a mano, un inteligentísimo abanico de respuestas: “ataque a la tutela judicial efectiva”, “los derechos de los pobres” y la “justicia para ricos”. ¿Justicia para ricos? Pero ¿ustedes creen que los ricos acuden a la justicia para solventar sus problemas? y a, propósito ¿qué es un rico? Cuando llevamos al “absurdo” esta clase de eslóganes, no hay nada detrás. 

¿Quieren un debate serio? Calculen lo que cuesta el tiempo que emplea un funcionario Judicial, el trabajador de correos, un Juez, un Letrado de Justicia y otro funcionario de Gestión o Tramitación en un juicio verbal de 200,00€ y añadan el coste de la Sala y el sistema de grabación. Puedo quedarme escaso con los 200,00€ - que juicios hay y no pocos de ese importe e inferior-, así que vayamos a un juicio ordinario de 6.000,00€: cuando la sentencia se recurre en apelación y se obliga a intervenir, para empezar, a otros tres magistrados no estamos hablando de justicia. Y eso por no hablar de las cientos de denuncias penales contra vecinos (cuestión de educación que se resuelve en España a multa limpia) o, de los procesos contenciosos administrativos que se interponen por funcionarios, haya o no derecho, porque en asuntos de personal la cosa iba de gratis, aunque muchas veces también gracias a comportamientos de las administraciones públicas que lindan con el ilícito penal. 

En tales circunstancias la tasa judicial respondió a la famosa ley española del péndulo, que no tiene definición, pero si una secuencia temporal que comenzó cuando el movimiento del mismo llegó a un extremo (cualquier cosa terminaba en un Juzgado) y que finalizó cuando el péndulo, por una ley de la física que no explico, acabó en el otro (Juzgados atascados y falta de dinero para crear nuevas “unidades judiciales”). En el recorrido se queda – o, el péndulo se llevó por delante- el derecho a la justicia gratuita y la deficiente gestión de las Comunidades Autónomas, pero esto es solo a medias, porque el primero consiste en pagar, pagar y pagar a los Colegios de Abogados y de Procuradores y de la segunda responde siempre el maestro armero; de hecho, es muy habitual que los gestores de la cosa pública judicial salten de puesto en puesto y, de derecho, que solo hayan sabido construir edificios (“ciudades de las justicias”) y eso, creo, tiene poco mérito, nulo esfuerzo intelectual y mucho de LEGO®. 

Llegados aquí más de un lector estará con él “y tú más”, el horario de los juzgados o, el maltrato del Juez del Quince, pero si hablamos de péndulo habrá que dar una explicación al movimiento y no a su ausencia; esto es, el colapso en los Juzgados no lo han provocado los funcionarios que se van una hora de cafés, ni los juicios que se retrasan una hora o más, ni el Juez del Quince y dramático es, que tampoco sepamos realmente la causa, porque seguimos sin tener en justicia datos fiables de nada, ni modo de obtenerlos a corto plazo. Con lo que entran en juego los volúmenes: (a) el de las modas (cesiones de créditos, ejecuciones hipotecarias, SWAP, preferentes y reclamaciones de consumidores), (b) el de la necesidad (monitorios por gastos de propiedad horizontal, que se han triplicado) y (c) el del gasto (imposibilidad de seguir montando juzgados a la puerta de cada domicilio) y como quiera que los volúmenes no han disminuido, la solución fue echarle mano o, mejor garra, al bolsillo del ciudadano. 

Sí, claro, habría una primera y única solución: inmediata devolución al Estado de las competencias transferidas en Justicia y supresión de todas las Consejerías del ramo, pero luego es muy probable que me cayera de la cama y despertara al vecino del golpetazo. Eso por no indicar que la red de intereses creados es de tal magnitud, que salvo imposición europea mediante una cuestión prejudicial se antoja imposible esta devolución. 

Así que justificado el movimiento del péndulo y partiendo del hecho reconocido que España está llena de españoles, el Ministerio de Justicia no hizo otra cosa que seguir el ejemplo de la Dirección General de Tráfico. Esto es, imponer tasas desproporcionadas y no olvidemos tampoco que desde la casa se había reclamado con insistencia que se pusiera coto al abuso con el que se empleaba la Justicia (¿recuerdan alguna pretensión de justicia gratuita que se haya calificado de insostenible?) y frente a ello siempre se había sacado a paseo el art. 24 Constitución, no una alternativa. 

El problema no se limitaba a la desprotección del ciudadano frente a la Administración, que es ahora máxima, sino a que nadie parece importarle, salvo a dos o tres Colegios de Abogados y eso también tiene su explicación. Nos movemos según nos tocan el bolsillo o, los privilegios y, después de sucesivas congelaciones o disminuciones de sueldo, a pocos nos importa si, por la tasa judicial el asunto llegaba o no la apelación; salvo, claro está, que uno fuera el apelante. 

Ni que decir tiene que la supresión de la tasa no sirve contra las modas que bambolean la Justicia española. Y ahora estamos con el arbitraje y la mediación tratando de ver cómo es posible, si lo es, que los miles de asuntos que acechan la estabilidad física de los edificios judiciales tengan alguna salida rápida que no sea la papelera. 

No me ocupare del arbitraje, al que se han apuntado los Colegios de Abogados y sus minutas de honorarios, sino a la mediación, que es una suerte de conciliación en la que el Juzgado se pone en medio de las partes para que se lleven bien o para no se sabe bien qué, porque hasta ayer, la función del Juzgado consistía precisamente en ponerse en medio de los llamados litigantes a fin de ordenar una salida racional al asunto. Folios y más folios en el estudio de la cuestión (o sea, en cómo darse la mano) cuando basta echar un vistazo a cualquier sede judicial para comprobar que el problema no tiene que ver con el derecho, sino con la educación, pero ahí seguimos dándole vueltas a la teoría o a los calamares, que tanto da. 

Y mientras tanto esperamos que los miles de consumidores que no sabíamos lo que firmábamos, inunden por segunda vez los Juzgados civiles con toda clase de reclamaciones por abusividades varias, al mismo tiempo que acuden (en esta parada quien firma se bajo hace tiempo) a las sucursales bancarias atraídos por esos créditos de pronta entrega e interés remuneratorio cercano al 20% ¿Cercano al 20%?, pero ¿de verdad se creían que llevarse por delante la ejecución hipotecaria y parte del sistema créditicio iba a salir gratis? 

Pero lo peor de todo es que la cosa no tiene solución. Es imposible reformar la casa sin un plan y este debe diseñarse a largo plazo y ni este, ni aquel pueden sujetarse a los vaivenes electorales (esperen que ahora vuelvo de echarme unas risas o unos lloros, lo que prefieran) y como eso es imposible y basta echarle un vistazo a cualquier parlamento de los dieciocho que nos pagamos por estos lares para llegar a esa conclusión, nos queda la moda. Y de la moda de las unidades judiciales al lado de cada parada de autobús y de la nueva oficina judicial, hemos pasado a la moda de la justicia digital y electrónica y, como no hay dinero para tanto desfile, muchas sedes judiciales dan pena, cuando no asco, la nueva oficina judicial está a punto de cumplir diez años sin haber empatado un partido en una gran capital de provincia (por número de órganos judiciales afectados por el invento) y, los sistemas informáticos echan el humo característico de las locomotoras de hace dos siglos.

11 abril 2017

El plazo del año para el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble.


El art. 675 LEC establece que si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado, mientras que si estuviera ocupado, el Letrado de la Administración de Justicia acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal hubiera resuelto, con arreglo a lo previsto en el art. 661.2 LEC, que el ocupante u ocupantes no tendrían derecho a permanecer en él. 

El tercer supuesto es el que motiva un doble interrogante. Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente según lo dispuesto en el art. 661.2 LEC, el adquirente podrá pedir al Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes pudieran considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda. 

Y ¿dónde se encontraría el doble interrogante? En el cómputo del plazo del año o, mejor dicho, en su inicio y en la definición de «adquirente». Respecto a la primera cuestión, la ley fija el «dies a quo» en el momento en el que se produce «la adquisición del inmueble» y dice la STS, Sala 1ª, de 18 de marzo de 2009 (ROJ: STS 1141/2009) que en los casos de venta judicial en pública subasta la perfección se produciría con el acto de la subasta y aprobación del remate, y la consumación de la venta, que producirá los efectos traslativos de dominio, con la adjudicación al adquirente del bien subastado, esto es, en el momento en que se dicte el decreto de adjudicación. De ahí que con independencia de la impropiedad que supone el empleo del término «venta» para identificar la enajenación forzosa que se lleva a cabo mediante la subasta judicial, es lo cierto que, en todo caso, la repetida enajenación deberá perfeccionarse y consumarse ya que en nuestro sistema jurídico el contrato de compraventa no transmite la propiedad sino va seguido de la tradición. 

Iniciándose el cómputo en la fecha del dictado del decreto o, en el momento en el que se produzca su firmeza, sucede que la tradición se producirá con la plasmación de la venta en el testimonio del decreto de aprobación (o de adjudicación) expedido por el Letrado de la A. de Justicia. Requisito de titulación indispensable para que pueda entenderse que se ha producido la transmisión del dominio, la cual exige que exista título y que concurra modo de adquirir mediante la tradición o entrega (art. 609 CC). Y lo dicho significa que la posesión del art. 675 LEC se estaría refiriendo en todo caso al lanzamiento, pues la entrega del testimonio conllevaría la de la primera. 

Por lo demás, habrá que tener en cuenta que no serían posibles interrupciones del plazo de tal modo que solicitado el lanzamiento deberá llevarse a cabo y, si el adquiriente solicitará la suspensión de la diligencia o ésta debiera repetirse, ni se reanudaría el plazo que faltara por cumplir, ni comenzaría a correr de nuevo: el Juzgado estaría cumpliendo una diligencia ya acordada. En el mismo sentido el plazo del año tampoco admitiría prorrogas y no podría interrumpirse por la existencia de sucesivos ocupantes y, aunque en la práctica se ordene el lanzamiento pese a tener constancia del abandono del inmueble, vuelve a insistirse en que nos encontraríamos ante el cumplimiento de una resolución judicial por lo que cuando el Servicio Común devolviera el mandamiento sin haber practicado el lanzamiento no volveríamos a iniciar el cómputo del plazo. 

Solventado el primer interrogante y entrando ahora en el segundo, precisaremos que el «adquirente» no sería el «ejecutante» y, por tanto, a este también se le aplicaría el plazo del año cuando se hubiera adjudicado el inmueble. Se confunde en esta sede lo que es el objeto de la ejecución con el derecho del ejecutante a la satisfacción de su título y, mientras aquel suele consistir en la realización de bienes en una vía de apremio, este se limita al pago (en la ejecución dineraria y en la hipotecaria), por lo que no existiría un hipotético derecho del ejecutante a la entrega del inmueble ajeno al art. 675 LEC y al repetido plazo del año. 

Por idéntica razón que el ocupante sea o no el ejecutado es una cuestión que en nada afecta a la limitación temporal del mandato, pues no se trataría de «hacer efectiva la posesión del ejecutante adjudicatario del inmueble, mediante el lanzamiento de la propia parte ejecutada» como erróneamente suele entenderse, sino como hemos visto de satisfacer el título ejecutivo mediante la realización del bien.

05 abril 2017

Comunicación de los LAJ de Valencia sobre la gestión de los asuntos de la cláusula suelo


Como sabrán los lectores, Valencia ha sido una de las ciudades especialmente afectadas por los llamados pleitos en masa contra entidades bancarias. La avalancha se solucionó mediante la designación de varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que en número variable de tres a cinco según los meses, eran los encargados de la vista de los juicios verbales y de las audiencias previas y de las vistas de los juicios ordinarios. Varios funcionarios del Decanato de Valencia y una Letrado de la Administración de Justicia gestionaron las Salas necesarias, de tal modo que los Juzgados de Primera Instancia continuaban con la tramitación de cada asunto desde el registro de la demanda hasta la vista y, desde el dictado de la sentencia hasta su definitivo cumplimiento, lo que incluía la ejecución y la posible oposición que se formulase. 

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cláusula suelo y una segunda posible entrada masiva de asuntos bancarios motivo, que se redactara por los Letrados de la Administración de Justicia de Valencia el documento que a continuación se recoge:


Comunicación de los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia sobre la gestión de los asuntos de la cláusula suelo. 
1. Postura sobre la posible atribución a un solo Juzgado de Primera Instancia de los asuntos sobre la cláusula suelo. 
1.1. Dado el desconocimiento sobre los términos en los que el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado respecto a la atribución a un único Juzgado de todos los asuntos sobre la cláusula suelo y, de los requisitos que deberá o no reunir el órgano afectado, la Junta observa que en las condiciones actuales de medios informáticos y personales dicha atribución no es una medida adecuada para responder al probable incremento de asuntos y, solo garantizará a muy corto plazo su colapso. 
2. Postura sobre el mantenimiento del refuerzo transversal mediante el nombramiento de Jueces de refuerzo. 
2.1. Durante los últimos tres años todos los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Valencia se han reforzado con tres o cuatros Jueces que solo han resuelto determinados asuntos bancarios. Dicho refuerzo no ha supuesto ningún incremento de plantilla, ni mejora en los medios informáticos y, pese a ello el registro de más de 20.000 demandas ha provocado una multiplicación imposible de cuantificar en las resoluciones de trámite, el movimiento en la cuenta de consignaciones, las diligencias de tasaciones de costas, su impugnación y en los despachos de ejecución. Súmese a lo dicho la atención al público y a profesionales que tampoco ha merecido ninguna dotación extraordinaria para los órganos judiciales afectados. 
2.2. Dado que como en el caso del plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, también se desconoce si se va a mantener el refuerzo transversal en forma de nombramientos de Jueces para sentenciar los asuntos sobre la cláusula suelo, Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia muestran su preocupación a que por segunda vez se obligue a los órganos judiciales de la Primera Instancia de Valencia a tramitar y a gestionar una avalancha de procesos, cuyo número y dificultad jurídica se ignora en la actualidad, sin auxilio o dotación complementaria de ninguna clase. 
2.3. En consecuencia, los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia entienden que cualquier medida de refuerzo que sobrecargue la actividad diaria de dichos órganos, deberá realizarse con arreglo a un plan que vaya más allá del nombramiento de Jueces encargados de sentenciar asuntos ya que de nada sirve dicha celeridad resolutiva en determinados asuntos, si no puede observarse en los demás procesos, ni mantenerse aquella en la tramitación posterior al dictado de la correspondiente resolución o, en la ejecución. 
Se ha remitido esta comunicación al Ilte. Secretario Coordinador Provincial de Valencia y entregado al Ilmo. Magistrado-Juez Decano de Valencia.

.