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Mostrando entradas de diciembre, 2016

Implantando Geranios en la Justicia de la Comunidad Valenciana

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Siempre que uno dedica unas líneas, siquiera sea un miserable párrafo, a lo de la Administración de la Administración de Justicia del Tribunal Constitucional, alguien se mosquea o, se enfada, o quien sabe, porque de reconocimiento facial no ando sobrado y bien por babor o por estribor, según el colorín gobernante, me sorprende algún reproche lo que a sensu contrario implica, que las posibilidades de acceder a un mando en plaza disminuyen en la misma proporción. 
El problema es que hoy han coincidido en el tiempo, la publicación en el BOE de del Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo al informe sobre la utilización del fax como vía de recepción de escritos procesales, para que se adopten las medidas que se consideren oportunas en consonancia con la normativa vigente, en el que se lee que abogados, procuradores y graduados sociales no po…

La conciliación y el burofax gratuito: sobre el AAP VALENCIA de 22 de julio de 2016.

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Sabido es del espíritu conciliatorio de la sociedad española y del éxito que tienen las llamadas técnicas alternativas de resolución de conflictos en la administración de justicia y así la mediación, la conciliación, el arbitraje y cualquier otra herramienta inventada o por inventar en los próximos lustros solo servirá para que imprentas y editoriales publiquen manuales y cartelería de diferentes tamaños. Loable finalidad sino fuera porque ese no sería, en teoría, el primer objetivo de la herramienta, pero puestos a examinar el asunto con cierta objetividad no pongo reparo alguno, solo faltaría, a que las editoriales puedan seguir haciendo su trabajo. 
Por lo que respecta a la famosa conciliación de la LEC 1881 interruptora de la prescripción, la Ley 15/15 ha demostrado lo que todos sabíamos: la conciliación intrajudicial (sic) o intraprocesal (sic) gratuita sigue sustituyendo al burofax como medio de comunicación. Nada más. 
Y bajo esta premisa la Diligencia de ordenación dijo esto:
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Sobre el embargo de una finca por una deuda garantizada con hipoteca.

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Bajo el sistema anterior tanto el embargo como su anotación preventiva venían siendo decretados en los supuestos de ejecución del crédito hipotecario por la vía del juicio ejecutivo, lo que incluso podía dar lugar a alguna ventaja procesal. Una de ellas —entiendo que única—consistía en conseguir la coordinación de la situación registral con la procesal desde el comienzo de la ejecución, especialmente en el caso del tercer poseedor. Así con el embargo y su anotación podía ocurrir que se practicara sobre la finca del deudor o, que se denegara porque hubiera pasado a poder de un tercero, en cuyo caso debería realizarse el correspondiente requerimiento de pago. 
No obstante, en el proceso de ejecución común no será necesario el embargo del bien hipotecado porque no añadiría nada a la hipoteca, salvo confusión. En este sentido dice el AAP MADRID, Sección 21ª, 28 de abril de 1998 (ROJ: AAP M 602/1998) que no procederá el embargo del bien hipotecado, ni su anotación preventiva en el Regist…

El TJUE declara su incompetencia sobre el Arancel de los Procuradores.

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En lo que nos interesa la Audiencia Provincial de Zaragoza (asunto 532/15) planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
1) Si la existencia de una norma jurídica dictada por el Estado que impone el control del mismo en la fijación de los derechos de los procuradores, al señalar mediante un reglamento su exacto y obligatorio importe y atribuir a los órganos judiciales, especialmente en caso de condena en costas, su control ulterior en cada caso concreto para la fijación de los mismos, aunque éste se limite a verificar la aplicación estricta del arancel, sin posibilidad en supuestos excepcionales y mediante decisión motivada de apartarse de los límites señalados por la norma de aranceles, es conforme a los arts. 4.3 [TUE] y 101 del TFUE. 2) Si la delimitación de los conceptos “razón imperiosa de interés general”, “proporcionalidad” y “necesidad” en los arts. 4 y 15 de la Directiva [2006/123] realizada por el Tribunal de [Justicia] permite a los tribunales de…