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Mostrando entradas de septiembre, 2016

Un Letrado de la A. de Justicia puede conseguir en el TJUE el reconocimiento que se nos niega en España (II).

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Escribí hace meses que cuando se publicó la famosa y única Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 28 de septiembre de 2011 (LA LEY 187848/2011) que resolvió un conflicto suscitado entre un Ayuntamiento y una Audiencia Provincial sobre un procedimiento de Jura de cuentas contra el Consistorio, no pocos quisieron extraer la conclusión que la Jurisprudencia confirmaba el contenido administrativo de los entonces Secretarios Judiciales, olvidando que el expediente de jura de cuentas no había perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, pues la nueva regulación permitía la aplicación de la doctrina jurisprudencial anterior en la materia y la citada jura no era un algo extraño al proceso; antes al contrario, se justificaba por su existencia. 
Luego vinieron las famosas cuestiones prejudiciales contra la hipoteca, la ejecución hipotecaria y el monitorio y en una de esas búsquedas sobre la famosa abusividad, encontré una cuestión publicada en el portal de…

El cumplimiento o la satisfacción del título ejecutivo fuera del plazo de oposición a la ejecución.

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Dispone el art. 556.1 LEC que si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. También podrá oponer los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones constasen en documento público. 
Esta primera oposición no suscita ningún interrogante ajeno a su resolución y a la justificación documental de la que disponga el ejecutado. El problema surge cuando el ejecutado, fuera del plazo de la oposición, manifiesta que ha cumplido e insiste en que el Juzgado dicte el decreto del art. 570 LEC. En tales ocasiones esa simple alegación, pues no otra cosa cabe colegir de un escrito de parte de esa naturaleza, se solventa me…

El principio general del derecho a ninguna obligación (o a la vía penal)

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Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que las líneas del proceso estaban más o menos marcadas y en el que la disconformidad con la resolución del juzgado se mostraba con el correspondiente recurso. La reforma de la oficina judicial del año 2009 y la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia terminó de romper una presa que ya hacía aguas y que había transformado el recurso en un derecho al pataleo, pero fuera del proceso tirando de quejas en cualquier administración o de querellas: era el triunfo del art. 24 CE en la interpretación del Tribunal Constitucional de los años noventa o del Tribunal Supremo en la exigencia del depósito para recurrir. Cito este último caso porque en la actualidad son mínimos los supuestos en los que se consigna el depósito cuando se interpone un recurso y lo que era una excepción (la subsanación) es ahora la regla general.   Ni que decir tiene que cuando a la sociedad se le vende un producto que solo tiene derechos y ninguna obligación, lógi…