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Mostrando entradas de abril, 2016

La intervención no preceptiva de Letrado y de Procurador (art. 32.5 LEC)

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El art. 32.5 LEC excluye de la tasación de costas – no de la condena en costas- los derechos y honorarios de abogados y procuradores en los casos en su intervención no sea preceptiva, salvo que el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio. 
El ATC del Pleno, 333/2006, de 26 de septiembre inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, rechazando que el art. 32.5 LEC incurriera en desigualdad en la ley al considerar que el tratamiento diferenciado en materia de costas, en atención a que la residencia de la parte estuviera en lugar distinto de aquél en el cual se hubiera celebrado el juicio tenía una justificación suficiente, objetiva y conforme con la prevención normativa a la que obedece el precepto. Más aún, acreditada la finalidad constitucionalmente legítima de la d…

Competencia en la Jura de cuentas y naturaleza de los Letrados de la A. de Justicia.

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En ese debate de dos minutos de duración (y de preocupación e interés de quien redacta) sobre la naturaleza del Cuerpo de Letrados de la A. de Justicia ha vuelto a intervenir la Sala especial del Tribunal Supremo en el Auto de 17 de marzo de 2016 (Roj: ATS 2648/2016), resolviendo un interesante conflicto negativo de competencia suscitado entre un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y un Juzgado de Primera Instancia, en relación con una impugnación de honorarios profesionales por indebidos formulada por un Ayuntamiento
El Ayuntamiento interpuso demanda de impugnación de honorarios profesionales por indebidos contra un abogado, en relación con la suma reclamada por éste (174.744,82 euros) como consecuencia de su intervención como Letrado del Consistorio en un procedimiento ordinario seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Planteada por el demandado declinatoria de jurisdicción -por entender que el enjuiciamiento del asunto no correspondía a la ju…

Cómo nos entré un concurso nos vamos a partir y a mondar.

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Esos maravillosos lunes de calorcillo con lupa (no se preocupen, nos les aburriré otra vez con la hormiga y el cactús que mora fallecido en mi despacho) y de Bankia y sus accionistas, no suelen tener otra novedad que el tiempo que perdemos en Sala con perjudicialidades resueltas; Sentencias del Tribunal Supremo que se leen a cachos; acuerdos que parecen desistimientos, pero que tampoco son allanamientos y, costas hasta el momento de la vista, suponiendo que la vista sea lo que estamos haciendo en dos minutos y algo. 
Y dejando al margen que hoy no se le ha caído a nadie ninguno de los archivadores que adornan todos los tabiques de pladur del Juzgado y que ocupan la mitad del pasillo de emergencia y, que un tercio de la plantilla ha disfrutado de una interesante jornada de formación de dos horas sobre Cicerone, que nadie sabe de lo que va a servirnos, permanece amenazante sobre la mesa de mi despacho una solicitud de comunicación concursal del art. 5 bis LC. 
Desde que el legislador de…

A ver si en Europa nos resuelven lo de las cesiones de crédito (que ni son cesiones, ni de un crédito)

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El Diario Oficial de la Comunidad Europea publica la petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo (España) el 6 de enero de 2016 en un asunto seguido a instancia Banco Popular Español S.A. y PL Salvador, S.A.R.L. (Asunto C-7/16) sobre las conocidas CESIONES DE CRÉDITO, que ni son cesiones, ni de un crédito.
Cuestiones prejudiciales 1) ¿Debe interpretarse la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz de los artículos 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2), en el sentido de que es contraria a las mismas una interpretación jurisprudencial de una disposición legislativa de un Estado miembro, como el artículo 1535 del Código Civil español, que limite su aplicación a fase declarativa hasta que se dicte sentencia, impidiendo su aplicación a fase ejecutiva una vez se haya dictado sentencia o habiendo transcurrid…

Del Monte Badón a una lluvia sin nubes (1994-2016)

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Desde que entré en la casa interioricé – que diría el psicólogo- el complejo de galo vecino de Asterix y Obelix. El certificado de la fe pública me lo firmó Belloch y los sucesivos trienios Mariscal de Gante, Michavilla, Acebes, López Aguilar y Bermejo -ya que ando escaso de protocolo elijan los lectores el Ilmo. o el Excmo. para ubicarlo delante del apellido- y, salvo Mariscal de Gante, cuya honestidad reconozco porque nos ignoró “ab initio” y sin recato; los demás una vez agarraban el primer atril que les ponían a tiro, calificaban al entonces Cuerpo de Secretarios Judiciales de elemento fundamental para el desarrollo de la civilización occidental y para la reforma de la oficina judicial; cuyos cursos, como bien sabemos, corren paralelos, más o menos, desde el reinado de los Reyes Católicos. 
En aquellos años (1993-2004) cada mando traía bajo el brazo derecho o el izquierdo, la reforma definitiva de lo segundo que se le ocurría (recuerden que lo primero era potenciar al Cuerpo de Sec…

La suspensión del lanzamiento por prejudicialidad penal.

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Cuando el adquirente de una finca lo solicite, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado (art. 675 LEC). La petición de lanzamiento se notificará a los ocupantes indicados por el adquirente, con citación a una vista en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. El Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa (art. 675.3 LEC). 
Pero ¿qué ocurre cuando el ocupante se persona y solicita la suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal? Planteado el primer interrogante aparecen inmediatamente otros dos: la posibilidad que un tercero ajeno en principio a la ejecución formulara esta clase de peticiones y, si deberíamos analizar por separado cada clase de ejecución, pues la hipotecaria finaliza con el Decreto de adjudicación y el resto de las ejecuciones con el dictado del Decreto del art. 570…