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Mostrando entradas de mayo, 2015

El Tribunal Supremo vuelve a opinar sobre los derechos de los Procuradores.

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En el reciente ATS, Sala 1ª, de 22 de abril de 2015 (Roj: ATS 2984/2015) se resuelve un recurso de revisión contra un decreto en el que se desestimó una impugnación de la tasación de costas, declarando debidos los derechos de un procurador. 
En relación con los derechos del procurador la impugnante mostró su disconformidad con la motivación del decreto, exponiendo que sus alegaciones ya se habían planteado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en auto de fecha 1 de marzo de 2012 , que nuestros órganos internos en materia de competencia ya han puesto de manifiesto la ilegalidad del sistema retributivo de los procuradores (cita el IPN 96/13, Anteproyecto de Ley de reforma de la LEC, procuradores) y que esta misma línea es seguida en el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. Dejaba en manos de la Sala el planteamiento de oficio de una cuestión prejudicial ante el TJUE o la inaplicación directa del Reglamento que regula el arancel de los procuradores. Sin e…

Un señalamiento, una suspensión y una multa de 6.000,00€ al Banco de Santander.

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Inundados en Valencia con demandas contra Bankia (y escribo literal lo de inundados) una estupenda forma de cargarse todo un orden jurisdiccional en una de las capitales más importantes de España es la de acudir a la audiencia previa del juicio ordinario o a la vista del juicio verbal como si el asunto en cuestión fuera el primero de los que se ventilan en el Juzgado (y en Valencia hay tres magistrados reforzando el estropicio) ya sea reiterando excepciones, citando a testigos de los que solo se conoce el número y por supuesto, reclamando el movimiento bursátil del demandante (hábil gestor de fondos aunque, verbigracia, no sepa leer, ni escribir o, no tenga ni idea de lo que compraba, ni el empleado de turno de lo que vendía). 
Sucede además que en ocasiones la cosa va para largo y podemos tener apelación y casación (ya saben, lo de la tutela judicial efectiva) y si el señalamiento en la instancia ya va para largo, solo faltaba que nos venga el escrito de desistimiento o de acuerdo ext…

A vueltas con las grabaciones de los actos en el proceso penal: la STC 16 de marzo de 2015.

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En el apasionante debate que sostienen algunas Fiscalías sobre la necesidad de la trascripción de declaraciones y juicios entró el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 16 de marzo de 2015 (BOE núm. 98, de 24 de abril de 2015)y de la única forma posible, mediante el análisis de la actividad de la documentación, propia de los Secretarios Judiciales y que rebate esa vuelta al papel que parece encontrarse en algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que le ocasionaría a los ingenieros de Apple un infarto. 
El asunto que analiza el Tribunal Constitucional es de los que somete a la famosa Ley de Murphy y la maldita tostada boca abajo, si bien el quehacer del Juzgado de la instancia, de su titular, de la Audiencia y sobre todo de la Secretario Judicial, fue impecable. Estas líneas, que no dejan de ser un resumen, obligan a leerse la sentencia y es algo que aconsejo, porque también el razonamiento del Tribunal Constitucional fue impecable y ello pese a que el Ministerio …

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre la integración de las cláusulas abusivas (STS 22-4-2015)

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La reciente STS, Pleno de la Sala 1ª, 265/2015, de 22 de abril de 2015 (ROJ: STS 1723/2015) analiza la posible integración de las cláusulas abusivas (dejando al margen la ejecución hipotecaria) y llega a las siguientes conclusiones: 
(i) por un lado reitera que tratándose de cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores, la ausencia de vicios del consentimiento o, que el consumidor haya prestado válidamente su consentimiento al contrato predispuesto por el profesional, incluso en el caso de cláusulas claras, comprensibles y transparentes, no es obstáculo para que pueda declararse la nulidad de las cláusulas abusivas cuando, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato (art. 3.1 de la Directiva 1993/13/CEE y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios); 
(ii) en segundo lugar, ha de entenders…

La Fiscalía obliga al TSJ ANDALUCIA a explicar lo obvio: ni hay que transcribir CD o DVD, ni nos queda papel calco.

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En un reciente ACUERDO la SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de ANDALUCIA, que encontraran del comentario, concluye: 
1. Los Secretarios Judiciales ostentan en exclusividad el poder de documentación de los actos procesales para su incorporación al proceso (art. 453.1 LOPJ), con respeto a la legalidad vigente y, muy especialmente, a las normas procesales que han de aplicar (art. 230 LOPJ), debiendo atender con especial atención a las limitaciones que al uso de documentos, archivos y ficheros electrónicos, establece la Ley de Protección de Datos. 
2. La LECrim, en la redacción actual de los artículos 385 y siguientes, reguladores de las declaraciones de los procesados, testigos y peritos en el proceso penal, no impone obligatoriamente la forma escrita en la documentación de dichas declaraciones aún no habiendo sido modificados dichos preceptos, por lo que ha de entenderse, bien por vía de aplicación supletoria de la LEC, de la directa de la LOPJ o de la ley 18/2011, de 5 d…

El Tribunal Supremo fija doctrina en las reclamaciones por gastos generales de la Ley de Propiedad Horizontal.

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La reciente STS, Sala 1ª, 22 de abril de 2015 (Roj: STS 1536/2015)estimando el recurso de casación interpuesto contra la SAP VALENCIA, Sección 11ª de 21 de diciembre de 2012, en el rollo de apelación número 260/2012 , dimanante del juicio ordinario número 1087/2011 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gandía, desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación una Comunidad de Propietarios contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gandía y fija como doctrina que "cuando el deudor de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o por extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a éste solo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre"
El Tribunal Supremo analiza los arts. 9.1 y 21 LPH y parte de la regla general que el obligado al pago de los gastos generales, según el precepto sustantivo (artículo 9.1.e)) es el p…