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Mostrando entradas de marzo, 2015

La multa coercitiva.

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Dispone el art. 699 LEC, que cuando el título ejecutivo contuviere condena u obligación de hacer o no hacer o de entregar cosa distinta a una cantidad de dinero, en el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo. En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias. 
Esta multa es una herramienta compulsoria para inducir al ejecutado a cumplir y no es una sanción, sino una coerción para que el ejecutante reciba aquello a lo que tiene derecho. Ese sentido unánime es el recogido en las resoluciones de juzgados y Tribunales. Así, puede leerse en la SAP LA CORUÑA, Sección 4ª, 22 de junio de 2007 (CENDOJ: 15030370042007100356) que las multas coercitivas previstas con la finalidad de compeler al tempestivo cumplimiento de las obligaciones derivadas de una resolución dictada en el…

Ese ciudadano que solo tiene derechos, ninguna obligación, ni educación.

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El término ciudadano, que se utiliza para la defensa de toda clase de derechos nacidos y por nacer, tiene una segunda acepción que puja por convertirse en la primera y que gracias a las sucesivas reformativas educativas del mismo lado (del otro solo ha habido una y es la que trata de implantarse ahora), no tardará mucho en lograrlo. Esto es, el antiguo ciudadano que nació en Roma va camino de transformarse en una especie nueva y ciertamente peligrosa para el destino de la humanidad, al mutar la especie en un Derecho Universal con movimiento. La pérdida de rasgos humanos como el esfuerzo el sacrificio y el hecho del fracaso, se compensa con una excelente movilidad, que se antoja imprescindible para reclamar cualquier cosa, en cualquier sitio y a cualquier hora; características de los futuros principios generales del Derecho. 
Una mañana de invierno en la Secretaría de un Colegio aparece una mama azorada y pide hablar con el Secretario. Ni que decir tiene que se cuela delante de otras d…

¿Qué entiende usted por una Administración de Justicia informatizada?

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Ahora que volvemos al asunto de la informatización de la justicia, cualquier ciudadano medio que tenga acceso a un ordenador conectado a una red ADSL (o como se llame ahora) puede darse de alta en la Tesorería General de la Seguridad, hacer la declaración de renta, realizar toda clase de operaciones bancarias y adquirir productos en cualquier lugar del mundo. En Justicia, la competencia en medios materiales está transferida a las Comunidades Autónomas y a sus Consejerías de las Justicias que dirigen (o eso dicen) personajes que según el año son independientes, objetivos e imparciales, aunque sirvan en sillones adquiridos contra la lealtad institucional que determinadas Comunidades Autónomas ignoran. Ni que decir tiene que en esas circunstancias ni hay una red informática común, ni la habrá, salvo que nos encomendemos a Don Google y nos abramos todos cuentas en esa empresa (incluidos los Juzgados) y en algunas de sus aplicaciones, porque no sé a qué viene tanta seguridad informática s…

¿Puede el Juez inadmitir una demanda previamente admitida por el Secretario Judicial?

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Un aspecto a tratar sobre la nueva oficina judicial, que no suscita especiales dificultades en la actual, pero que seguramente provocará más de un debate cuando se constituyan los Servicios Comunes Procesales, lo plantea BLASCO SOTO con una sencilla pregunta: ¿puede el juez inadmitir una demanda previamente admitida por el secretario?. 
La autora entiende que sí por tres razones: 
(a) porque la ley no lo prohíbe. Al contrario, el control judicial de los presupuestos procesales no se ha alterado ni modificado, 
(b) porque pese a lo que dice el legislador la verificación y control de los presupuestos procesales no se limita a «la comprobación de ciertos requisitos formales y el examen de la jurisdicción y competencia objetiva y territorial, lo que, en la mayoría de los supuestos no es más que una mera comprobación material» (Exposición de Motivos III) y junto a los simples «requisitos formales» faltan algunos esenciales, entre otros, la acumulación indebida, falta de claridad y precisión e…

La extrema dificultad de restaurar la situación en la ejecución provisional.

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Dice el art. 528.3 LEC que si la sentencia fuese de condena dineraria, el ejecutado solo podrá oponerse a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando entienda que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Al formular esta oposición, el ejecutado habrá de indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone, así como ofrecer caución suficiente para responder de la demora en la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado. 
Si el ejecutado no indicara medidas alternativas ni ofreciese prestar caución, no procederá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se decretará de inmediato por el Secretario judicial. Contra …

Otra del Tribunal Supremo y de Registros de la Propiedad.

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Los demandantes intentan, sin éxito, que un registrador proceda a la cancelación de determinadas anotaciones de embargo y acudieron a la vía judicial en solicitud de que expidiera mandamiento de cancelación a lo que accedió el Juzgado. No obstante el registrador denegó la cancelación aduciendo que " la anotación de embargo letra A que se pretende cancelar, fue cancelada por caducidad con fecha 9 de noviembre de 1993, conforme a los artículos 86 de la LH y 353 de su Reglamento" , y respecto de la cancelación de las cargas posteriores afirmó que "no se puede cancelar la anotación de embargo letra A, ni las inscripciones y anotaciones posteriores, incluso las verificadas después de expedida la certificación ya que subastada con fecha 22 de abril de 1991 la mitad indivisa de la finca en base al ejecutivo que motivó dicha anotación letra A, y cancelada por caducidad la citada anotación, no se pueden cancelar las posteriores en base a dicho procedimiento ya que ha perdido…