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Mostrando entradas de 2015

El nuevo empleo de sistemas telemáticos o electrónicos en los trámites con la Administración de Justicia

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La revista Actualidad Civil ha publicado un número especial sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que incluye el artículo “El nuevo empleo de sistemas telemáticos o electrónicos en los trámites con la Administración de Justicia”. 
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El Nuevo Empleo de Sistemas Telemáticos o Electró...

En Valencia el expediente judicial digital seguirá siendo manual y con grapas.

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Este pasado viernes mientras quien redacta asistía a unas jornadas de formación del Colegio de Procuradores de Valencia, recibió un correo electrónico que se leyó a la numerosa concurrencia en el que se informaba que la Comunidad Valenciana quedaba al margen del presunto salto tecnológico de las Leyes 42/2015 y 18/2011 (esta última solo publicada, nada conocida y reiteradamente incumplida) y que, por lo tanto, seguiremos tirando de papel sellado en los Decanatos, grapa china de va y viene o fastener cortante, carpeta rotulada y papel reciclado. 
Otro de los ponentes, compañero destinado en otra Comunidad Autónoma, no daba crédito a la alegría de los asistentes – o, si lo prefieren, a su tranquilidad o a su sosiego- y eso pese a que el portátil que estaba utilizando se había colgado en varias ocasiones en un edifico (la famosísima Ciudad de la Justicia de Valencia) en el que a las siete de tarde de un viernes únicamente tendría funcionando en red los ordenadores del Juzgado de guardia…

Las nuevas competencias y funciones de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso civil

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La revista Practica de Tribunales ha publicado un número especial sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye el artículo “Las nuevas competencias y funciones de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso civil”
El documento se contiene en el siguiente PDF Especial Laley Lopj Laj 2015

¿Cuando habrá vista en el juicio verbal?

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Una de las novedades más relevantes es la nueva regulación de la vista de los juicios verbales, que el actor pedirá en los tres días siguientes al traslado del escrito de contestación (sin que sea necesario que lo haga en la demanda) y el demandado en el escrito de contestación a la misma. 
El traslado al actor del art. 438.4 LEC no debería suscitar problemas y aunque en teoría pudiéramos distinguir entre un verbal de cuantía inferior a 2.000€ (en el que la postulación no es obligatoria y sería el Juzgado el que diera el traslado de la contestación) y un verbal por materia del art. 250.1 LEC u otro de cuantía superior a 2.000€ del art. 250.2 LEC (en los que habría un traslado previo de copias por los Procuradores) habría que esperar a que el Juzgado se pronunciara sobre la contestación a la demanda (incluida la subsanación posibles defectos) ya que la ley no prevé el dictado de dos resoluciones: la fije el señalamiento y la que se pronuncie, si procede, sobre algún particular de conte…

¿Por qué no le dan la ejecución hipotecaria a los Registradores de la Propiedad y nos ahorramos una sexta instancia?

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Hace mucho tiempo y creo que en una Galaxia muy lejana, cuando el Tribunal Supremo decía algo, todos los demás íbamos detrás y en ocasiones, cuando el Tribunal Constitucional intervenía en asuntos de su incumbencia, seguíamos también todos detrás. La Galaxia se hizo más lejana cuando alguien no solo descubrió las cuestiones prejudiciales en la Unión Europea, sino que las probabilidades de admisión centuplicaban a las cuestiones de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional y, partiendo del prestigio jurídico de ambas instituciones y del hecho cierto que el art. 24 CE no ha logrado pasar los Pirineos, la lógica consecuencia terminó en la mesa de los todos los órganos judiciales españoles y en las peticiones para formular la cuestión prejudicial que tocara. 
La Ley Orgánica del Poder Judicial, que se ha reformado no sé cuántas veces en no sé cuántos años, tenía una lectura en el foro que colocaba al Tribunal Constitucional por encima del Tribunal Supremo (cuarta instancia) y en la…

La tercería de mejor derecho por gastos de propiedad horizontal.

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La reclamación fundada en el art. 9.1 e) LPH puede articularse mediante la tercería de mejor derecho cuando la comunidad de propietarios tenga conocimiento de que el piso a que corresponden dichos gastos ha sido objeto de ejecución. El precepto otorga al crédito de la comunidad el carácter superprivilegiado y por ello se instaura un gravamen legal prevalente sobre cualquier otro derecho, real o personal por el mero hecho de la inscripción del título de la Propiedad horizontal y de ahí que la preferencia de los créditos comunitarios no venga determinada por su inscripción en el Registro de la Propiedad (SAP MADRID, Sección 12ª, 18 de octubre de 2013, Roj: SAP M 14191/2013). 
Tampoco será necesario que el crédito esté reconocido en una sentencia o título ejecutivo, por lo que la copia del acuerdo de la Comunidad aprobatorio de la liquidación de la deuda por las cuotas reclamadas servirá como principio de prueba de la existencia del crédito. 
Siendo inexistente el conflicto en el caso…

A vueltas con la puesta en conocimiento de las ejecuciones civiles en el Registro Concursal.

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La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, introdujo el siguiente párrafo en el art. 551.3.3º LEC:
El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor persona física o jurídica contra el que se despache la ejecución. El Registro Público Concursal notificará al juzgado que esté conociendo de la ejecución la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al número de identificación fiscal notificado a los efectos previstos en la legislación concursal. El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la finalización del procedimiento de ejecución cuando la misma se produzca. Supongo que con la “puesta en conocimiento”, el legislador habrá querido decir “inscripción en el Registro Público Concursal” o quizá “anotación” y hasta es posible que se hay…

La liquidación de la sociedad de gananciales por deudas privativas.

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El art. 541.3 LEC dispone si la ejecución se siguiere a causa de deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguiesen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos, el embargo de aquéllos habrá de notificarse al cónyuge no deudor. En tal caso, si éste optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes. 
En este supuesto la disolución y posterior liquidación de la sociedad de gananciales se produce cuando se persiguen bienes gananciales por la insuficiencia de los privativos, siendo así que el cónyuge no deudor podrá consentir el embargo, o solicitar al tribunal que sustituya el embargo sobre los bienes gananciales por una traba sobre la cuota indivisa del deudor en la sociedad. 
Nótese, pese a la des…

¿Qué Disposición Adicional regula las subidas de tensión, entiéndase como “ponerse de los nervios”?

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Permítanme algunas licencias con el lenguaje de Cervantes. Cuando el Boletín Oficial del Estado comenzó a expulsar las tropecientas reformas legales, que pondrán a la Justicia española a no sé qué nivel en el mundo contemporáneo, faltó tiempo para que la vanguardia del nerviosismo apareciera en escena. 
Una de las ventajas de cumplir años en la casa es que basta una primera lectura de cualquier texto para saber si tenemos una chapuza de día y medio con la mitad de la escayola por el suelo o, una reforma de esas de revista de papel caro, con materiales que no se describir y con toda clase de innovaciones tecnológicas. Y cuento esto porque las dos últimas leyes que retocan el proceso civil (Leyes 19/2015 y 42/2015) y que nos han introducido en no sé qué planeta o estrella de la Guerra de las Galaxias, obligan a registrar a todo el mundo en el Registro Mercantil, a celebrar todas las subastas en la nube virtual y tienen más de escayola mal puesta, que de techo vaticano. 
La primera cosa, q…

Otro revolcón del Tribunal de Justicia UE a la ejecución hipotecaria

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El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Martorell (Barcelona) planteaó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 
«Si el plazo de un mes dispuesto por la [disposición transitoria controvertida] debe entenderse que se opone al sentido de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE.» 
El fallo de la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 29 de octubre de 2015 es el siguiente:
Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición transitoria nacional, como la controvertida en el litigio principal, que impone a los consumidores, respecto de los que se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposición y que a esa fecha no ha concluido, un plazo preclusivo de un mes, calculado a partir del día siguient…

El derecho de los ocupantes a permanecer en el inmueble.

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Los arts. 661 y 675 LEC tratan de solventar el problema de la ocupación por terceras personas de los bienes inmuebles embargados o, hipotecados, quienes sin haber tenido noticia, ni intervención en el proceso de ejecución, deban hacer frente a la privación de la posesión, pese a ostentar un título que eventualmente pudiera subsistir después de la pérdida del dominio por el ejecutado. Ese conflicto entre los derechos del ejecutante y del ocupante fue resuelto por la doctrina tradicional en el sentido de que la ejecución purgaba no sólo el arrendamiento, sino cualquier situación posesoria, pero a raíz de diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional con relación, en su mayor parte, al derogado procedimiento judicial sumario del art. 131 LH (por todas STC 6/1992 de 16 de enero, 21/1995 y 158/1997 de 2 de octubre), se llegó a la conclusión de que los órganos judiciales deberían examinar cada caso para apreciar, según las circunstancias, si la situación posesoria debía subsistir.…

Atentos a las curvas en la Ley 42/2015: el juicio ordinario y su mini yo (i).

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Quince años ha tardado el Legislador en llevarse por delante los dos famosos principios que inspiraron la reforma procesal civil del año 2000: el de la oralidad (no escribamos, presenciemos) y el de la inmediación (salgan los Jueces de sus despachos aunque, en ocasiones, no se sepa para qué) y no solo remata el primero y condiciona el segundo, sino que parece haberlo hecho con ganas, con lo que lógico es presumir que la presión de determinados colectivos (algunos profesionales) ha encontrado una cálida respuesta en el Legislativo. 
El comentario que precede viene a cuento por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que introduce toda clase de obligación tecnológica, pero que pisa a fondo el pedal del freno en la tramitación del proceso. 
En este primer apunte advierto, entre otras novedades, las siguientes: 
1) Desaparece la fijación de cuantía como criterio único para la intervención de abogado y procurador y aparece también …

Hasta que le toca a mamá un DESAHUCIO es un LANZAMIENTO, una MANZANA una PERA y un CAMIÓN un TRICICLO.

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Perdimos la batalla del lenguaje y ganada esa refriega por la prensa objetiva (faltaría), imparcial (otra vez faltaría) e independiente (tercer faltaría) no había forma de convencer al mando en plaza en forma de Alcalde, Concejal, Consejero Autonómico y miedo da, futuro Ministro, que un DESAHUCIO no es un LANZAMIENTO, ni una MANZANA una PERA, ni un CAMIÓN un TRICICLO
Si no ando mal de memoria comenzó la campaña de la confusión en una televisión de logotipo verde, obsesión con la derecha y que sirvió de plataforma a Coleta Morada; siguió con los opinadores de la cosa (ya saben, un día toca Siria y al siguiente la bajada del IVA en la depilación al vapor) que en legión y en todas las televisiones meditaban a gritos sobre la maldad de los bancos que, salvados con el dinero público, “HACIAN DESAHUCIOS”. 
Y dejando al margen que ninguna televisión o grupo mediático se ha salvado con dinero público (cuarto faltaría) la tercera ola de la ignorancia arrastró lo poco que quedaba de prudencia y…

Atentos a la jugada: se acabó el monitorio

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Llegamos tarde al monitorio y hemos salido del proceso con la celeridad propia del converso que una mañana se levantó y dedicándose a la defensa del consumidor, entendió que la seguridad jurídica no tiene límites, lo que contradice la definición de seguridad, pero mientras sea jurídica parece servir la interpretación que se tercie. 
Y como esto es España el péndulo se ha ido contra la pared de enfrente y la ahora famosa cuestión prejudicial, cuya existencia pasaba desapercibida es ahora una especie de llamada de auxilio o, mejor dicho, de primer recurso en cualquier proceso que se precie. Las interpretaciones libres (o sería mejor decir, liberadas) y las cuestiones prejudiciales que se han superado por la derecha, la izquierda y el centro hasta que han logrado transformar el monitorio en una cosa extraña que recibe el golpe de gracia en una modificación legislativa aprobada en el Congreso y, pendiente de publicación en el BOE. 
Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 815, que queda r…

Doctrina del Pleno del TS sobre los efectos del impago de la primera prima o la prima única del seguro de vehículo a motor.

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En Sentencia de 10 de septiembre de 2015, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Roj: STS 3745/2015) afirma que para resolver la póliza del seguro obligatorio no basta con acreditar la culpa del tomador en caso de impago de la prima, para lo que es suficiente la prueba de falta de fondos en la cuenta designada para atender el recibo. Esta Sala, en SSTS núm. 783/2008 de 4 de septiembre y 17 de octubre de 2008, ha considerado suficiente para acreditar la culpa del tomador, el impago del recibo presentado por la compañía con cargo a la cuenta designada por el tomador, devuelto por falta de fondos. 
Pero la falta de pago de la primera prima antes de la ocurrencia del siniestro no produce el efecto "ope legis" de liberar al asegurador de su obligación de indemnizar, como señala el recurrente en su escrito. No basta para resolver el contrato del seguro obligatorio por impago de la primera prima demostrar la culpa del tomador, sino que, es necesario acreditar, además…

Y la vida puede ser maravillosa

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Los últimos en todo: un solo Blog de LAJ (antes Secretarios Judiciales)

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Cuando abrí este Blog en marzo del año 2010 esperaba que algún compañero se sumara a la iniciativa y que después llegaran otros para así, poco a poco, montar una especie de red de opinión ajena a las politizadas asociaciones, que facilitara a la sociedad, desde nuestro punto de vista, información sobre lo que se hace en justicia y como se hace. 
En esos cinco años los Notarios, los Registradores, los Fiscales y Abogados del Estado han entrado en el juego de las redes sociales y junto a la potentísima NOTARIOS Y REGISTRADORES, encontramos HAY DERECHO de Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, Abogado del Estado y Fernando Gomá Lanzón, Notario, el BLOG JUSTICIA IMPARCIALmantenido por varios fiscales, el ya imprescindible EN OCASIONES VEO REOS del Fiscal Juan Antonio Frago Amada y el novedoso CON MI TOGA Y MIS TACONES de la Fiscal Susana Gisbert Grifo, que se ha sumado a la red con notable y envidiable impulso. 
Entre los Jueces destaca el portal de información INTER JUEZ, del Magistrado Jorge…

Dos nuevas incompetencias de los LAJ: la mediación y los monitorios.

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Continuando con el análisis de la antepenúltima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Ley 7/2015, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, nos encontramos con una parcial alteración (la modificación es cosa muy distinta) en el art. 456 d) y e) que atribuye a los LAJ (recuerden, Letrados de la Administración de Justicia) dos palmarias incompetencias. 
La primera, que consiste en la tramitación y resolución de los monitorios (art. 456.6. d) LOPJ) quedará de hecho sin efecto cuando entre en vigor el «Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (621/000142)» que en el caso del procedimiento monitorio incluye el cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto Banco Español de Crédito, C—618/10; razón por la que se introduce en el art. 815 LEC un nuevo apartado 4 que permitirá al juez, previamente a que el secretario judicial acuerde realizar el requerimiento, controlar la…

Una nueva aplicación en justicia para Iphone y Android: la Tablonpel

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La antepenúltima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Ley 7/2015, que entra en vigor el próximo 1 de octubre modifica, entre otros preceptos, el apartado segundo del artículo 232.2 LOPJ y nos mete o introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 138 LEC. 
El apartado 2 del artículo 232 queda ahora redactado como sigue:
«2. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Letrados de la Administración de Justicia velarán por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento. Y esto puede analizarse de dos formas distintas y quien redacta ha elegido la jurídico-procesa-orgánica, que es la adecuada al supuesto. Pues bien, en una tercera lectura del mandato (no comprendí bien en las dos primeras …