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Mostrando entradas de 2014

A vueltas con la anotación de un derecho inexistente en el Registro de Bienes Muebles.

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Hasta la entrada en vigor de la Ley de Venta a Plazos de 1988 no existía la posibilidad de inscribir en un registro jurídico la propiedad del vehículo a favor del arrendador financiero lo cual, unido a la circunstancia de que en el Registro administrativo de Tráfico se considerara como propietario de facto al arrendatario financiero llevaba a que, en ocasiones, se trabaran embargos en dicho Registro por deudas del arrendatario cuando la propiedad del vehículo correspondía, de iure, al arrendador. A esta situación anómala puso fin la inscripción de los contratos de arrendamiento financiero en el Registro de Bienes Muebles. Una vez registrado un contrato de arrendamiento financiero sobre un vehículo, coexistirán en el Registro dos titularidades: el derecho de dominio que corresponde a la sociedad de arrendamiento financiero, y el derecho de arrendamiento financiero cuyo titular es el usuario. 
Para dar mayor protección a los acreedores del comprador con pacto de reserva de dominio o del …

La reforma de la Justicia en la Cartagena de Indias del año del Señor de 1697.

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Ahora que un Señor de la Coleta, profesor de Universidad en sus ratos libres (como casi todos los demás) ha decidido salvarnos de nuestro destino, les contaré una historia que nos define como pueblo y civilización y que permite comprender por qué no habrá nunca reforma de la Justicia y porqué los experimentos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid deberían hacerse con gaseosa y luego, en su caso, patentarse. Si se preguntaban para que sirve una Facultad de Ciencias Políticas no hace falta que investiguen más y eso que en tiempos creí que era de la arte contemporáneo o, que se dedicaba a una especie de publicidad guarra, porque entre pinturas, carteles y spray me da, así a ojo, que un par de fotos más del Che Guevara y el edificio se viene abajo; no hay pilar que soporte tanta reclamación, lloro, insulto o vociferación en mayúsculas. 
CuentaPablo Victoriaque el 13 de abril de 1697 la Armada Francesa fondeó en aguas de Cartagena y después diecisiete días somet…

Una nochebuena en España (y si llegan al final les regalo un libro).

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Pinchen en el enlace (AQUÍ) porque de lo contrario no se enteraran de nada. Sansegundo está pendiente de una llamada para volver a Irak; tanta manifestación, tanta paz y tanta historia para volver al mismo sitio, pero con menos ganas y algún kilo de más. García, él conductor, lo dejó o le echaron por fin del contrato, no lo recuerdo bien, pero el fin de la intervención (o de lo que fuera) en Afganistán y el recorte del presupuesto (desde hace años no hay presupuesto para defensa, hay un recorte calificado de presupuesto) dejó a mucha gente en la calle. 
El Teniente es ahora Capitán y al Capitán le empapelaron por sacar a la parejita de su pueblo. Todo muy bonito pero hubo que pedir ayuda a los Yanquis para que la patrulla no acabara desgraciada y la prensa, la prensa de la Calle Serrano, perfume caro y progresía rica en valores intercambiables, puso en la picota al Ministerio de Defensa cuando se enteró del apoyo aéreo norteamericano. Eufemismo que terminó en bronca y bronca, ocioso …

Facturas y minutas de honorarios de Letrado.

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El importe de los servicios del abogado se documenta en lo que se denomina tradicionalmente “minuta de honorarios profesionales”, que, desde un punto de vista estrictamente económico y contable, no es más que una factura por servicios profesionales. En cuanto a tal, está sujeta a todas las normas administrativas, que prescriben sus características formales y entre estas son relevantes la fecha, el número de la factura, el importe, el desglose del IVA y de la eventual retención a cuenta del IRPF, los datos fiscales del emisor y del receptor, etc. La factura debe contener una cierta referencia al contenido de los servicios prestados, según las necesidades o exigencias del cliente y en un mismo asunto puede ser necesario emitir facturas separadas. 
El incumplimiento de la normativa que regula la factura no sirve para calificarla de indebida, pues habrá de valorarse exclusivamente por lo que resulte del pleito en relación con el mismo marco de la ley adjetiva, sin que, por ello, por lo ge…

¿Es necesaria la subasta judicial de los bienes inmuebles?

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Poco puede decirse sobre la subasta judicial que no se haya escrito, discutido y analizado en profundidad y a pocos escapa que el sistema no funciona. Si de lo que se trata es de vender el bien inmueble y el porcentaje de subastas desiertas es altísimo – cercano al 90% de todas las que se celebran- fácil es colegir un fracaso que alguna explicación tendrá. Pero cuidado, porque tampoco puede extraer el lector las habituales conclusiones apresuradas sobre la ineficacia de los Juzgados (que la hay) y la privatización de la venta (que rechazo, parcialmente) y basta echarle un vistazo a las normas reguladoras de la subasta en la Ley de Enjuiciamiento Civil para llegar a una segunda conclusión: careceremos de un ordenamiento que nos permita vender con éxito un bien inmueble (o cualquier cosa) y aún más, la Ley sigue repleta de obstáculos “procesales” que facilitan esa ineficacia que antes cité. 
El corolario de este escenario aparece en esas certificaciones registrales con dos o tres inscrip…

El Tribunal Supremo salva a un Procurador por la campana

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El famoso derecho de defensa se entiende por algunos como el papel lo aguanta todo, pero últimamente se superan límites que uno no creería o quizá sí, teniendo en cuenta que un Señor con el mérito de una coleta y una presentación en televisión inmejorable, va el segundo en las apuestas contra el soberano pueblo español; quería decir elecciones, pero entre ustedes y yo la cosa va camino de la apuesta en el mejor local inglés en la materia y ello sin entrar en la procedencia del invento, la Complutense de Madrid, universidad que logra los méritos de ser la más sucia, a la par que la que más gasta en no sabe bien qué. 
Pero volvamos a lo nuestro. El asunto que provoca estas líneas es el ATS, Sala 1ª, de 10 de septiembre de 2014 (Roj: ATS 7840/2014) que impuso a un letrado una multa de mil euros (1.000 €) por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante el propio Tribunal Supremo al expresar en un primer escrito, que ratificó y amplió en otro posterior, que en l…

La suspensión del proceso por la solicitud de justicia gratuita.

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El artículo 16 Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita ordena a modo de regla general que “La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso, pero las excepciones son tan amplias que, en realidad, la norma parece imponer una suspensión de oficio hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente; tratándose de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes (art. 16, párrafo segundo Ley 1/196). 
Eso bajo la presunción que el beneficiario por el derecho tenga algún motivo para disfrutarlo proceso porque son ahora mayoría los supuestos en los que la petición solo busca alargar el proceso. Importa señalar que estas peticiones de justicia gratuita se formulaban, generalmente, en las ejecuciones de título no judicial para intentar la oposición contra el auto ejecutivo, pero desde hace un tiemp…

Precario contra “ocupas”.

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Precario y distinción del comodato. 
El comodato es un contrato real que se perfecciona por la entrega de una cosa no fungible que una de las partes contratantes, el comodante, hace a la otra parte contratante, el comodatario, cediéndole gratuitamente su uso durante cierto tiempo, transcurrido el cual debe el comodatario restituir la cosa que le fue entregada (art. 1.740 CC). Una de las características esenciales del contrato de comodato, junto a la gratuidad, es la duración temporal, la cual puede encontrarse expresamente estipulada por los contratantes (fijándose un plazo de duración), y, de no ser así, es decir en ausencia de pacto de duración, la restitución habrá de hacerse cuando concluya el uso para el que se entregó la cosa, debiendo estarse al uso que las partes hubieran pactado, y, en su defecto, al que resulta determinado por la costumbre de la tierra (arts. 1.749 y 1.750 CC) (SAP MADRID, Sección 21ª, de 5 de febrero de 2013, Roj: SAP M 1622/2013). 
Dentro de la regulación j…

La subsanación en la práctica de la tasación de costas.

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Presentada la solicitud de tasación de costas, las minutas y los justificantes, el Secretario Judicial puede entender que alguna de aquellas es incorrecta o aprecia, por ejemplo, la ausencia de una factura que sin embargo, se reclama por el actor. ¿Cabría una subsanación previa a la práctica de la tasación de costas? En el primer caso, la respuesta es negativa. Las normas que regulan la práctica de la tasación no permiten ninguna subsanación, porque aquí no hay un defecto en un acto procesal de la parte (art. 231 LEC), sino unas minutas que deberán atenerse a las exigencias legales (art. 243.2 LEC), sujetas a un primer control del Secretario Judicial – en lo que la ley establece- y a una posterior impugnación de la parte contraria. La subsanación persigue que el acto procesal no sea defectuoso y eso nada tiene que ver con la exclusión de partidas en una minuta, pues la tasación se habrá practicado a instancia de la parte (acto procesal valido y eficaz) y, en otro caso, no creo que deb…

La ampliación de la ejecución en reclamaciones de propiedad horizontal

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Dice el AAP VALLADOLID, Sección 1ª, 15 de mayo de 2009 (Roj: AAP VA 269/2009) que la invocación del principio de economía procesal no puede servir para incluir indiscriminadamente en la ejecución de la sentencia firme, el pago de cantidades que no fueron objeto de expresa reclamación en la litis y que no encuentran acomodo en la previsión ampliatoria del art. 578.1 LEC. Del referido precepto resulta que si despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma o la obligación en su totalidad, la Ley contempla dos posibilidades: a) entender ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento; y b) si el ejecutante solicita esta ampliación en la demanda, se advertirá al ejecutado, en el momento de notificarle el auto despachando ejecución, que ésta se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hub…

De mayor, quiero una UPAD.

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Después de un curso en el CEJ en Madrid de día y medio de duración sobre ejecución civil, que me ha permitido reconfirmar el mucho talento escondido en el Cuerpo de Secretarios Judiciales haciendo la estadística a palotes o, perdiendo el tiempo interpretando leyes hechas con partes del cuerpo propias de otras especies del Reino Animal y que no voy a citar, el aterrizaje en el Juzgado fue el habitual, porque a falta de torre de control, de coordinadores de pista y con la tutela judicial efectiva cerrando hangares con toneladas de papel, lo raro es que algo funcione como debe. 
Así que con la mesa ocupada por peticiones absurdas y previa encuadernación, por amontonamiento, de las sentencias, los autos y los decretos del trimestre en una caja de folios vacía, que remato con cinta de carrocero y una indicación en la tapa superior del año, trimestre y contenido, los años que uno va teniendo y la evidente falta de agilidad que se proyecta en una rehabilitación de rodilla que no acaba nunca…

La manifestación de bienes del ejecutado: requisitos y consecuencias prácticas.

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La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 introdujo como novedad en el art. 589 la manifestación de bienes del ejecutado, pero la reforma posterior del año 2009 no solucionó ninguno de los problemas de la aplicación del precepto, limitándose a atribuir al Secretario Judicial la orden del requerimiento, mediante diligencia de ordenación y la imposición de la multa en el apartado 3. Así que, salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título (art. 589.1 LEC). 
La falta de designación de bienes por el ejecutante ha dejado de ser un requisito y se ha transformado en una mera de fórmula impresa en las demandas de ejecución. Han desaparecido los grises…

La cuantía del asunto no se discute en la tasación de costas para impugnar honorarios.

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Sorprende que pese a los años transcurridos desde la entrada en vigor de la LEC y las audiencias previas en las que se discute la cuantía del pleito, nos encontremos con que llegada la tasación de costas aparezca como autor invitado los honorarios orientativos del Colegio de Abogados, que no fue llamado al pleito y que no tiene ningún interés en su resolución por una omisión del Código Civil y que resumo: no es fuente del derecho. 
La cosa no tendría mayor importancia si no fuera porque un alto porcentaje de las impugnaciones de las tasaciones de costas se fundan en que la cuantía del asunto es esta o aquella, según la Disposición no sé cuál del Baremo orientativo o, peor aún, que sumadas las minutas de los dos letrados de las partes contrarias, aplicando la Disposición no sé cuál y dividiendo el resultado por dos, las dos minutas serían excesivas. 
Sucede, por una parte, que las normas orientativas de los Colegios de Abogados no vinculan a los órganos judiciales y en modo alguno sirven…

Jura de cuentas: naturaleza y competencia (ATS 1-7-2014)

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La única y famosa, STCJ de 28 de septiembre de 2011 (Roj: STS 6232/2011) resolvió un conflicto suscitado entre un Ayuntamiento y una Audiencia Provincial sobre un procedimiento de jura de cuentas contra el consistorio sosteniendo que el expediente de jura de cuentas no sólo había perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, sino que incluso podría ser regulado fuera de las leyes procesales. El concepto de jurisdicción no permitía ampliaciones periféricas a partir de un núcleo central. 
Pues bien, el reciente ATS, Sala 1ª de 1 de julio de 2014 (Roj: ATS 6173/2014) afirma sobre la naturaleza de la jura que es un procedimiento especial porque va dirigido exclusivamente a hacer efectivos de forma inmediata los créditos derivados de la actuación profesional desarrollada de manera que -aunque es posible una fase sumaria de alegaciones- lo que se pretende es conseguir de forma rápida el pago o el despacho de ejecución , según se deriva del art. 34 LEC , sin prejuzgar la …

El cómputo de los plazos en la presentación de escritos en el proceso civil (ii)

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Plazos y términos, plazos civiles y procesales. 
La Ley de Enjuiciamiento Civil distingue con claridad lo que es un término – concreta determinación temporal para la práctica de un acto procesal–, de lo que es un plazo – lapso de tiempo en el que dicho acto puede realizarse– y según el art. 132.1, «las actuaciones del juicio se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas», operando en otro caso la preclusión y perdiéndose la oportunidad de realizar el acto de que se trate (art. 136 LEC). Y ello porque los arts.134 y 136 LEC tienen el carácter imperativo y de orden público que caracteriza los preceptos procesales y la recta aplicación de los mismos es siempre deber del juez (STC 202/1988, de 31 de octubre), pues los requisitos procesales no se hallan a disposición de las partes (STC 104/1989, de 8 de junio) y la premisa de que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho fundamental de acceso a la jurisdicció…