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Mostrando entradas de 2013

Prescripción, caducidad y prueba o, de cómo el Tribunal Supremo puede dictar tres sentencias en una sola.

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La STS Sala 1ª de 29 de octubre de 2013 (Roj: STS 5355/2013) analiza un asunto en el que el demandante interesó la nulidad del procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria y, en su caso, la nulidad del auto de remate y adjudicación de la finca de su propiedad con todas las consecuencias jurídicas que se derivaran de ello y que se condenara a la demandada a indemnizar por los daños y perjuicios causados, incluidos los morales, el lucro cesante y al pago de las costas causadas.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que la acción había caducado y la Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la sentencia.
Y dice el Tribunal Supremo
Afirma la sentencia recurrida, en su fundamento de derecho tercero, que «no se cumple por la recurrente el plazo establecido para solicitud la nulidad(sic) el cual coincide con el plazo de caducidad que será de 20 días a contar desde la notificación de la resolución judicial o desde que se tuvo conocimiento d…

El despacho de ejecución por intereses en el proceso monitorio.

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En un Seminario realizado por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2004 se formuló entre los asistentes la siguiente cuestión respecto a la reclamación de intereses en la ejecución del proceso monitorio: ¿Desde cuándo se generan en el proceso monitorio los intereses del artículo 576 LEC?. La respuesta a dicho interrogante fue como sigue: “Se entiende que desde el archivo del mismo, transcurrido el plazo para oponerse el deudor, y a la espera de que se presente demanda ejecutiva”. Para no confundir al lector, aclararé, después de esta breve introducción, que no se tratarán las reclamaciones de intereses accesorias a la principal, ni los intereses de futuro, entendiendo por tales los que se devengan tras la interposición del monitorio. Nos centraremos, exclusivamente, en los despachos ejecutivos que se postulan con inclusión de intereses, sin más precisión y haciendo el cómputo desde la fecha de interposición de la demanda de proceso monitorio. 
Sobre tales particulares nada d…

Una nochebuena en una carretera de Afganistán.

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El golpe fue seguido de un movimiento incontrolado del volante, el intento de frenar en seco la mole de metal y un segundo volantazo que no terminó en vuelco gracias a la pericia del conductor. 
-¡Hay que joderse García, no tenías otro sitio para estrellarte!- El teniente recriminó al conductor mientras se palpaba la frente.  -No señor, ni había mejor sitio, ni que se demonios ha pasado-García, sin perder la calma, se quitó los arneses que le sujetaban al sillón, propios de un avión y no de un cacharro como aquel, mientras los otros dos vehículos del convoy se cruzaban en la carretera y varios soldados salían para montar un perímetro de seguridad.  -Estupenda noche para quedarse tirados en una carretera – Sansegundo, que era el gracioso del grupo, hizo una pausa y continuó- rodeados de talibanes. Sí señor, estupenda noche. 
Pero nadie gritaba, ni mostraba nerviosismo; se hablaban por la radio o se hacían señales unos a otros siguiendo un guión que habían practicado ya en muchas ocasiones.…

Depósitos para recurrir y el depósito de la DAd.15ª LOPJ como gasto recuperable en la tasación de costas.

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El artículo 241.1.3º LEC considera como “costa” – gasto recuperable- los depósitos necesarios para la presentación de recursos. Recuperación que hasta la entrada en vigor del depósito de la Ley Orgánica 1/2009 no suscitaba especiales dificultades. Hasta esa reforma sólo el depósito del recurso de revisión del artículo 513 LEC podía encajar en el concepto del artículo 241 LEC y utilizo el condicional, porque la estimación de la impugnación implica la devolución del importe y además, no hay previsión expresa sobre la condena en costas, con lo que si hubiera algún gasto por el depósito, no sería repercutible. 
Nada tienen que ver con el depósito del artículo 241.1.3º LEC, los del artículo 449 LEC. En este caso se trata de pagos a cuenta, anticipos o cumplimiento de las obligaciones, como garantía de la seriedad del recurso y a resultas de éste. 
Queda, por último, el depósito para recurrir de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre y que tampoco es un gasto recuperable, pero que puede pl…

Entrega de bienes muebles, en ejecución de sentencia o de auto, por incumplimiento de contratos de venta a plazos

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El art. 634.3 LEC recoge la posibilidad, reclamada desde hace largo tiempo, de entregar inmediatamente el bien en la ejecución de sentencia que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de con-tratos de venta a plazos de bienes muebles. La entrega se producirá tanto si se ha dictado una sentencia como si la reclamación de la empresa financiera se ha producido en el proceso monitorio. 
Y viene a cuento la aclaración porque, en ocasiones, se han denegado las peticiones de entrega de vehículos financiados por mor de una interpretación restrictiva del título ejecutivo obtenido en el proceso monitorio, dado que a diferencia de la sentencia de condena, a la que se llega después de un juicio oral, en que la actora a pesar de la posible incomparecencia del demandado, y rebeldía del mismo ha de acreditar los hechos en los que funda su pretensión; en el proceso monitorio nada de todo esto debe hacer el actor por lo que la posibilidad recogida en tal precepto deba entenderse…

La dación de cuenta

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Entendía la doctrina que la dación de cuenta implicaba una misión técnica de cooperación por la que el Secretario Judicial estudiaba , valoraba y relataba al juez las peticiones de las partes contenidas en los escritos que se presentaban, pronunciándose sobre lo que debía acordarse. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003 alteró la función y, por ende la definición, y ahora es responsabilidad del secretario judicial la dación de cuenta en los términos establecidos en las leyes procesales (artículo 455 LOPJ). 
La remisión a lo que establezcan las leyes procesales nos conduce a las previsiones del artículo 178 LEC y: 
1) Los Secretarios Judiciales darán cuenta a la Sala, al ponente o al Juez, en cada caso, de los escritos y documentos presentados en el mismo día o en el siguiente día hábil, cuando contuvieran peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquellos y 
2) También darán cuenta, en el siguiente día hábil, del transcurso de los plazos procesales y…

Una explicación a la anarquía competencial que padecemos

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(o de porque es imposible ponerle puertas al campo). 
Reconocida la competencia de las Comunidades para crear Derecho sigue siendo objeto de discusión su extensión. Una primera postura del Tribunal Constitucional sostenía que cualquier intento de la Asamblea Legislativa de una Comunidad debía basarse en el Derecho consuetudinario que subsistiera en el territorio desde la abolición de los Fueros. Esta interpretación del art. 149.1.8ª CE que se califica de «foralista» limitaría la capacidad legislativa de cualquier Comunidad a la costumbre foral (que se formalizara mediante ley, lo que no significa que no pudiera probarse su vigencia) y a las materias que se encontraran con ella en íntima conexión. 
Una segunda postura – no reconocida por el Tribunal Constitucional de los años noventa– que puede calificarse de «autonomista» va más allá de los estrictos límites de la costumbre bajo la premisa que las regiones que tuvieron entidad política dispusieron de unos cuerpos jurídicos completos qu…

Prueba ilícita, prueba ilegal y la doctrina de los frutos del árbol envenenado.

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Señala RAMOS MENDEZ (“Enjuiciamiento Civil. Como gestionar litigios civiles”. Tomo I, Editorial ATELIER, Barcelona 2008, páginas 601 y 602) que la amplitud con la que se concibe la garantía constitucional a la prueba solo tiene un límite, que además debe ser interpretado restrictivamente: la prohibición de las pruebas ilícitas. El principio general está establecido en el artículo 11. 1 LOPJ: “En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. 
La norma de la LOPJ protege, frente a la investigación de fuentes de prueba realizada por las partes, sólo aquellos derechos subjetivos que la Constitución considera fundamentales, con lo que quedan fuera todos los demás derechos que no alcanzan ese rango, el principal de los cuales por su trascendencia práctica es el de propiedad. Siguiendo tal razonamiento, podríamos distinguir los derechos fundamental…

La Ciudad de la Justicia de Valencia y la hormiga Magdalena.

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¿Qué gastan las Comunidades Autónomas en Justicia?. Buena pregunta si tuviera respuesta. Valencia – a la que han copiado Cataluña y Andalucía- hace ciudades judiciales que cuestan una pasta y que pueden quedarse pequeñas bajo el principio del amontonamiento de juzgados vía BOE. Y el caso es que, a falta de mejor idea, nos hemos dedicado a poner ladrillos – y no discuto su necesidad-, pero con esa I+D+I del adobe, las garantías de una mejora son inexistentes. 
Creo que la Ciudad de la Justicia de Valencia fue la primera, aunque no sea una ciudad y esté en Valencia de milagro, porque unos metros más allá y los juicios los hubiéramos hecho en la Albufera y en bañador togado. La idea, o la monoidea reformista caló y con las arcas autonómicas llenas, la tentación de una fotografía gigantesca delante de cada edificio terminado fue irresistible; corolario, dicho sea, de muchas otras fotografías más pequeñas, con las obras en progresión y con cascos blancos o amarillos sobre cabezas cuyo inter…

Presupuestos objetivos de la cesión del remate.

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Dejo colgado el epígrafe dedicado en el libro sobre la ejecución hipotecaria a los presupuestos objetivos de la cesión del remate. Presupuestos objetivos cesion remate from justiciayprehistoria

El 0,02€ existe, lo he visto y he tenido entre las manos

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Una de las herramientas informáticas más chupi lerendis con las que contamos en los Juzgados es el llamado embargo masivo de cuentas bancarias a la vista, que se realiza a través de la aplicación de BANESTO (hoy SANTANDER) y que recientemente se ha premiado por el Ministerio de Justicia
No que me quejaré del servicio, porque funciona muy bien, pero ahora verán el gran avance de cangrejo maquinero investido de fe pública que hemos logrado. 
Cuando hubo experiencia piloto – que la hubo y ya fue una sorpresa- solo pedí dos cosas: 
a) que el embargo fuera de cualquier cosa financiera titularidad del embargado o, sea, por NIF, CIF, o NIE ya que la operativa bancaria tira de documento identificativo y no de números de cuentas y  b) que se garantizara la cooperación del mayor número de los bancos que quedan en el mercado. 
Pues esto funciona así. Se saca la información patrimonial del ejecutado, que va por años vencidos (o qué se yo) y se da de alta el embargo masivo en la aplicación de BANESTO…

La inadmisión a trámite de la oposición a la ejecución.

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Una de las omisiones más relevantes en el trámite de oposición a la ejecución lo encontramos en la admisión de cualquier escrito en el que la parte ejecutada afirme “formalmente” que la formula y, en el que con o sin la cita de alguno de los óbices de los artículos 556 y 557 LEC, obligue al Juzgado de la Instancia a sustanciarla. Nada dice la ley en sentido contrario y cabe preguntarse si el silencio legal exige, en todo caso, el traslado al ejecutante sin más o, si por el contrario puede (y debe) realizarse un previo examen de la petición de la ejecutada e inadmitirla si no cumple los requisitos de los citados artículos 556 y 557 LEC
El problema de la respuesta es que nos vemos obligados al examen de cada caso porque, en principio, no podemos dar reglas generales. Comencemos con el AAP MADRID, Sección 8ª, 30 de diciembre de 2011 (ROJ: AAP M 18271/2011) en el que se analiza la cuestión que nos ocupa -si ad límine se puede inadmitir la oposición a la ejecución despachada-, cuando no…

Un análisis apresurado e intranquilizador del Caso Frago.

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La lectura de la Sentencia de 1 de octubre de 2013 de la Sección 3ª de la Audiencia Nacional que estima el recurso interpuesto por D. Juan Antonio Frago Amada contra la resolución del Secretario de Estado de Justicia, por la que se impuso al Fiscal recurrente la sanción de separación del servicio, declarándola nula de pleno derecho por vulnerar el art. 25 CE, mete más medio por lo que calla, que por lo que dice y, por cierto, dice bastante. 
Recordarán que entre la marejada reformista de la justicia de tómate un café y apañamos unas transaccionales en el Congreso de los Diputados a cambio de esto y de aquello, aparece como estrella invitada en forma de yate de millonario la necesidad, nunca explicada, de atribuirle al Ministerio Fiscal la instrucción penal y siempre que he leído esto me hago la misma pregunta ¿a qué Ministerio Fiscal?. 
De momento hemos sobrevivido a esa idea, peregrina de donde las haya, de intentar parecernos a una película norteamericana, pero sin actores, sin bander…