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Mostrando entradas de mayo, 2012

De los embargos a “voleo” a dos “clics” de ratón

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El artículo 588.1 LEC, castiga con la nulidad el embargo de bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. Para CACHON CADENAS la finalidad del precepto radica en vedar una práctica que se hallaba muy extendida bajo la vigencia de la LEC 1881, y que consistía en declarar embargados genéricamente, “a voleo”, bienes o derechos que pudiera tener el ejecutado, sin efectuar la reseña o descripción individualizada de los mismos, y sin que constara siquiera su existencia efectiva. Son las conocidas diligencias de embargo en las que se declaraban trabados, por ejemplo, “los bienes muebles que se encontraran en el local L”, o “los sueldos o pensiones que pueda percibir el deudor X”. 
En reiteradas ocasiones, la doctrina y la jurisprudencia habían entendido que el embargo realizado de esa forma era nulo. Esos embargos, que se siguen realizando, han terminado llevando el debate a las “expectativas de derecho” y justificado, por empresas, administraciones y no pocos Juzgados -su número dis…

Tres años y dos llamadas de teléfono en la Audiencia Nacional.

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La Operación Atalanta es una campaña de la Unión Europea para frenar la piratería en la costa de Somalia. En abril de 2.009 el despliegue incluía navíos del Reino Unido (2 fragatas), Francia (4 fragatas y 1 crucero), Alemania (1 fragata), Italia, Grecia, Holanda (1 fragata), España (1 fragata y 1 petrolero) y Suecia (2 fragatas y 1 buque de apoyo logístico). Noruega participaría en el despliegue en agosto. Los Estados Unidos, que lógicamente van por libre, crearon la “Fuerza de tareas” (traducción literal) CTF-151 con tres unidades, a la que se unirían barcos canadienses, británicos y de otras nacionalidades. 
El 6 de mayo de 2009 el "Marqués de la Ensenada", rescató a un grupo de siete presuntos piratas que cayeron al agua tras intentar abordar a un barco de bandera panameña. El buque español recibió una llamada de socorro del barco mercante, comunicando que estaba siendo atacado por piratas. Tras varias maniobras evasivas, el buque golpeó a la embarcación de los piratas, q…

¿Qué pinta la Policía en el proceso civil?

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En alguna de esas sentencias con las que el Tribunal Constitucional pone a prueba nuestro ritmo cardíaco, he leído que en el proceso civil hay que agotar los medios para localizar al demandado, empleando, cuando sean necesarios a la Policía. ¿Nacional, Local, Autonómica?, eso no se aclara; ¿para qué?, no debe ser materia de enjundia constitucional y queda al buen criterio del órgano de la instancia. Expuesto el conflicto ya adelanto que ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil tienen nada que ver con el proceso civil. En el proceso civil, salvo aquellos llamados en los que el Estado interviene por tener interés, se dirimen los conflictos que tienen las partes ante un Juez. Toda la infraestructura necesaria para ello la pone el Estado a disposición de los litigantes sin repercutir en ellos parte de los costes. 
Los órganos jurisdiccionales civiles no pueden utilizar a la Policía, a la Guardia Civil, a las Policías Autonómicas, ni a las Locales con el fin de averiguar el domicilio…

¿Cómo esta el servicio del Secretario Judicial?.

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El redactor de este BLOG ni apoya, ni rechaza la famosísima NOJ – madre de todas las reformas y un pozo sin fondo para el dinero público- ni tampoco lo hace con el CGPJ – padre de todos los órganos colegiados- y para el que el Secretario Judicial es un receptor de faxes que no llevan nunca el “por favor”, ni el “gracias” y, estas indiferencias, provoca que nos centremos en el Auto TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA de 16 de febrero de 2012 (Nº de Recurso: 128/2011, Roj: ATSJ CAT 43/2012), pues mientras aquellos y estos se dedican a sus cosas, que no son las mías, nuestro Reglamento (el de los Secretarios Judiciales) se aproxima, en volumen, a una Constitución Soviética y en la práctica, a que cualquier cosa que pase en un Juzgado tenga que ver con los famosísimos fedatarios procesales, algo lógico cuando se conoce que en su redacción (2005) solo participaron “empleados públicos dedicados a la mejora del servicio público de la justicia”. 
El auto recurrido.
El recurso de apelac…

La venta de créditos en ejecución en Irlanda y Luxemburgo.

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Otras de Bancos en los Juzgados. Llevamos años trabajando como agencias de recobro de Bancos y Cajas y poco nos sobresalta, pero las tres últimas semanas nos están inundando con escritos en los que dos Bancos – Santander y Banesto- anuncian que han vendido su crédito a una sociedad irlandesa o luxemburguesa y que se apartan de la ejecución. El problema son las variedades del citado “apartamiento”: 
a) Procurador que se aparta sin más diciendo en un párrafo que el Banco ha vendido el crédito. 
b) Procurador que comunica la venta del crédito y se persona por la sociedad irlandesa aportando copia simple de un poder notarial irlandés. 
c) Procurador que comunica la venta del crédito, se persona por la sociedad irlandesa aportando copia simple de un poder notarial irlandés y aporta otra copia notarial de la venta del crédito. 
La LEC no regula esto, por más que andemos empeñados en la aplicación del artículo 17 y no lo hace porque nadie en el año 1999 (anteproyecto de ley) podría prever que B…

El recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial.

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Dice el artículo 454.bis 2. LEC que
 “El recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso concediendo a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente. Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el Tribunal lo inadmitirá mediante providencia. Transcurrido el plazo para impugnación, hayanse presentado o no escritos, el Tribunal resolverá sin más trámites, mediante auto, en un plazo de cinco días. Contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno. Mandato que se completa con la exigencia delartículo 448.1 LEC y así, la resolución del Secretario Judicial deberá afectar desfavorablemente al recurrente. 
El artículo 454.bis 2 LEC no autoriza una corrección generalizada de…

O empujar o dejarme las narices en el suelo: he ahí el dilema de mi NOJ.

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Hace tiempo un caricaturista hizo las veces de Ministro de Justicia hasta que le mandaron a paseo (o sea, a Europa a ganar dinero como eurodiputado o europarlamentario o lo que sea eso). Ese caricaturista, que en su tiempo de ocio hacia de Ministro de Justica, se sacó del plumín un PDF conjunto de tropecientos folios que no se aplicó nunca y un plan de Transparencia judicial que corrió la misma suerte. No hubo una sola medida práctica, ni una, salvo la congelación de las oposiciones de Secretarios Judiciales y una reducción de las plazas convocadas para Jueces y Fiscales (lógico, son todos de derechas y de clase bien). 
Luego tuvimos a un cazador, que hizo las veces de Ministro de Justicia y que sacó la escopeta a pasear con el resultado conocido por todos. Tampoco hizo nada el cazador y solo el asunto de Sevilla obligó al Ministerio de Justicia a hacer funcionar en tres meses un registro informático centralizado (a costa de los Secretarios Judiciales). No se hizo más. Y entre el cari…

Insisto: no hay costas, de costas.

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Al hilo de la siguiente opinión que un lector ha dejado en un comentario anterior y que traigo literal a este comentario:
Por accidente, buscando algo de costasm he entrado en tu blog, que es muy interesante. Pero difiero de tu criterio (a) y (b). El (A) creo que es difícilmente explicable en una sentencia absolutoria en la que condena al actor en costas ¿Cómo se ejecuta una sentencia absolutoria?. Respecto de la oposición, creo que es oponible cualquier causa que tenga relación con los motivos allí expuestos ¿Qué diferencia habría? Respecto del C y el D tienes toda la razón. AAP de Barcelona (Sección 13ª) de 15 de diciembre de 2009 (Rollo de Apelación 38/2009-A) “En este sentido, conviene precisar, como ya indicó esta misma Sección en auto de 30.6.2009 , que, a partir de la profunda reforma procesal introducida por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , la tasación de costas ha dejado de poder considerarse como un mero incidente del proceso principal, que discurre …