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Mostrando entradas de marzo, 2012

Otra de chapucerías: la “tasa judicial catalana” y la “ilegalidad” de la intervención de los Secretarios Judiciales (i).

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Una de las incorrecciones políticas al uso es el intento de análisis de cualquier cosa que publiquen los partidos nacionalistas en los diarios oficiales; no hablemos ya de la crítica, prohibida por razones culturales y de legitimidad histórica y, que no he encontrado en los libros de historia, ni como vecinos de la analogía en el artículo 4 CC; serán principios generales del derecho del Estatuto Catalán – entro ya en materia- que se me han escapado o que quizá encuentre en el manual de la Alianza de las Civilizaciones, otro prodigio del Derecho cercano a las obras de Justiniano, pero en contemporáneo. 
Resulta que la LEY 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos de la Generalidad de Cataluña, se ha sacado de la manga o de la toga lo que sigue: cita: La tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justici…

LEXNET y el “expediente digital” en la nueva oficina judicial.

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El programa “LEXNET” es el sistema informático de comunicaciones que ha diseñado el Ministerio de Justicia para la aplicación en la práctica de los artículos 135.5 y 6 y 162 LEC. Se trata de un sistema de correo electrónico de transmisión segura de información basado en la firma electrónica. 
El sistema permite la comunicación de las oficinas judiciales con Abogados y Procuradores, la realización de actos de comunicación procesal por los órganos judiciales, la presentación de escritos y documentos, y la comunicación con fedatarios públicos, Registros de la Propiedad y Mercantiles, centros administrativos (Administración tributaria, Seguridad Social, etc.) y con los propios ciudadanos. 
Hago aquí una acotación para no perdernos: el principal objetivo de la nueva oficina judicial -creo, pero no lo aseguro- es la definitiva implantación del “expediente digital” y LEXNET ha proporcionado la tecnología necesaria para ello. En otra fase posterior, el derecho de las partes al acceso a su expe…

Cuando el TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS eliminó en la EDUCACIÓN EL SISTEMA DE CUOTAS POR RAZA (ii)

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Lea aquí la primera parte.
II. LAS CONSECUENCIAS DEL FALLO. 
La reacción contra Brown en los Estados del sur fue inmediata. Todos sus representantes y senadores, con la excepción de tres (Lyndon Johnson, Albert Gore [padre] y Estes Kefauver) firmaron el Manifiesto del Congreso Sureño que censuró al Tribunal Supremo y en varios Estados se crearon agencias gubernamentales dedicadas a combatir la integración. Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia promulgaron leyes que exigían el cierre de las escuelas en el caso de que admitieran niños negros y Arkansas revocó su ley de asistencia escolar obligatoria. 
Téngase en cuenta, por ejemplo, que Delaware, Alabama y Louisiana contaban con solamente un abogado negro, existiendo la prohibición hasta 1950 que obtuvieran títulos de posgrados o profesionales en cualquier parte del sur y hasta muy avanzada la década de los sesenta, había que litigar para que los negros fueran admitidos en las universida…

El embargo de bienes patrimoniales de las haciendas locales.

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La Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998 de 15 de julio, abrió un debate sobre la embargabilidad de los bienes patrimoniales de las entidades locales que al día de la fecha no suscita interrogantes jurídicos (otra cosa es la mayor o menor dificultad práctica en la ejecución contra entidades locales). Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del inciso "y bienes en general" del artículo 154.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en la medida en que no excluía de la inembargabilidad los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. En el mismo sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional 201/1998 de 14 de octubre, 210/1998 y 211/1998 de 27 de octubre y 228/1998 de 1 de diciembre. En estas resoluciones se afirma (o ratifica) que el régimen general de pago previsto en el artículo 154.4 LHL no garantiza, por sí solo, que la Entidad local deudora cumpla con el mandato judicial, ya que puede po…

CÓMO PRACTICAR E IMPUGNAR UNA TASACIÓN DE COSTAS EN EL PROCESO CIVIL (Referencia al proceso penal)

Portada libro costas
View more presentations from justiciayprehistoria Hoy he decidido echarle unas líneas a mi segundo libro (pinchen aquí para ver el índice). Porque, digámoslo ya, es un estupendo estudio dedicado a una de las materias que más nos importan a quienes bregamos en los mostradores judiciales y en los despachos de abogados y procuradores: las costas. 
Es bien sabido que nuestro Legislador suele dedicarse al apasionante debate de la reconvención implícita, la llamada adhesiva al proceso -que evoca al pegamento de la tecnología del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP)- la audiencia previa de lectura de minutas, por abogados que sustituyen a otros abogados y que no traen instrucciones de nada o, la última palabra al acusado; pero detrás de todo eso hay dinero y, una regulación que nos sigue poniendo los pelos de punta, porque abre la puerta a toda suerte de peticiones, dudas, conflictos y broncas que además de subirnos la tensión, bien poco aportan al debate. 
Cuando habla…

¿Quién paga la “tasa judicial”?. El Tribunal Constitucional deroga “de facto” el apartado 7 del artículo 241.1 LEC.

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La reciente Sentencia del Pleno del TC 20/2012, de 16 de febrero de 2012 desestima una cuestión de inconstitucionalidad, planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de La Coruña, en relación con el artículo 35, apartado 7, párrafo 2, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por la posible vulneración de lo dispuesto en el art. 24.1 CE y reabre el debate de la repercusión del impuesto contra el condenado en costas, que se consiguió en la última reforma parlamentaria del artículo 241 LEC, con una motivación ciertamente mejorable. Y ya adelanto, que si se sigue la doctrina del Tribunal Constitucional, el apartado 7 del artículo 241.1 LEC vulnera claramente la Ley 53/2002. 
Resumo la Sentencia: 
 1.- El legislador no mencionó expresamente en el preámbulo de la Ley 53/2002 las tasas judiciales, que habían sido introducidas directamente por las Cortes Generales durante la tramitación del proyecto de ley; tampoco dio ninguna exp…

Cuando el TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS eliminó en la EDUCACIÓN EL SISTEMA DE CUOTAS POR RAZA (i)

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Ilustración de NORMAN ROCKWELL (“The Problem We All Live With”,1964) 
I.- BROWN vs. JUNTA DE EDUCACIÓN (1954).  
En 1951, Oliver Brown, de Topeka, Kansas, impugnó la doctrina conocida como "separados, pero iguales" cuando presentó una demanda contra la junta escolar de la ciudad en nombre de su hija de ocho años. Brown deseaba que su hija asistiera a una escuela blanca situada a cinco manzanas de su casa, en vez de a la escuela negra, que estaba a veintiuna manzanas de distancia. Un Tribunal federal falló contra Brown. 
En Carolina del Sur, Virginia y Delaware, los padres de otros niños negros entablaron pleitos similares. El tribunal de Delaware resolvió que las escuelas negras eran inferiores a las blancas y ordenó que los niños negros fueran trasladados a escuelas blancas. Las autoridades escolares apelaron la decisión al Tribunal Supremo. 
En 1954 el Tribunal sentenció por unanimidad que la segregación escolar era inconstitucional. La sentencia expuso los efectos perjudicia…

IVA, Abogados y el límite del tercio del art.394 LEC.

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La aplicación del límite del artículo 394.3 LEC a la minuta del Abogado plantea, entre otros, el problema de la inclusión del IVA y no estamos ante un asunto pacífico, pues como dice la Sentencia AP CADIZ, Sección 8ª, 26 de marzo de 2007 (LA LEY 334630/2007):
“Esta cuestión ha sido objeto de decisiones contradictorias por los Tribunales. Mientras que una línea incide más en que el IVA es un tributo que no forma parte de los honorarios y que, aunque lo cobra el profesional, lo hace como mero recaudador, de tal modo que se configura como un concepto aparte de ese límite del tercio, otra corriente valora especialmente la dicción del precepto, expresivo de que es la "cantidad total" a satisfacer la que no debe exceder de esa tercera parte, y, por ello, no cabe añadirle otras sumas suplementarias que superen ese límite. Ejemplo de la primera postura son las resoluciones de Barcelona, Sección 14ª, de 10 de octubre de 2003, Córdoba, Sección 2ª, de 11 de septiembre de 2002, Albacet…

Lo subasto todo y me quedo con la mitad, por la mitad de su valor (las desventuras del ejecutante hipotecario).

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Entre las múltiples innovaciones procesales de los despachos de abogados dedicados a la ejecución hipotecaria, nos encontramos con los procesos dirigidos contra varias fincas en las que el acreedor ejecuta la garantía real, pide la subasta pública de las fincas y una vez desierta, no ejerce la facultad de adjudicación del citado artículo 671 LECrespecto de alguna de ellas, alegando que ese precepto es aplicable supletoriamente en la ejecución hipotecaria. La realidad, como sabemos, no es de supletoriedad, ni de aplicación de la ley: no valen los inmuebles lo que aparece en las escrituras públicas y de alguna forma hay que arreglar los balances. 
¿Puede hacerse esto?. Miren, no. El artículo 671 LECobliga a la adjudicación del bien o bienes, pero en modo alguno puede dejar transcurrir ese plazo y no hacer nada o, peor aún, solicitar la adjudicación de alguna finca y sin satisfacer la deuda, no ejercer la opción respecto a las demás. 
La ejecución hipotecaria, por la garantía real, le con…