25 julio 2017

Nuevo libro: la práctica de la tasación de costas en el proceso civil.


Pecaré de vanidad si digo que el libro que les presentó me hubiera venido muy bien en el primer destino – también en el último-, pero al fin y al cabo quien redacta estas lineas es el autor del manual y del mismo modo que desde hace mucho tiempo conoce que los niños no vienen de París, sucede lo mismo con la ignorancia que la doctrina y nuestro legislador demuestran sobre lo que ocurre detrás del mostrador de un Juzgado. Desconocimiento que se traduce en las sucesivas reformas legales o, mejor dicho, en la ausencia de ellas o, peor aún, en las que se producen a resultas de nadie sabe bien porqué, pero que suelen provocar indeseables efectos en forma de toda suerte de peticiones, dudas, conflictos y broncas que además de subirnos la tensión, bien poco aportan a ningún debate. 

También es cierto que cuando el asunto afecta al bolsillo dije hace tiempo que nos metemos en unos caminos farragosos que ya va siendo hora que se asfalten: o bien dejando que cada uno cobre lo que quiera (libre competencia) o, permitiendo que los Letrados de la Administración de Justicia determinemos los honorarios y derechos devengados en los procesos. O, fijando desde el principio una tarifa de precios como en cualquier otro servicio público, sin perjuicio, claro está del asesoramiento que cada uno quiera recibir o pueda pagarse. 

Pero en nuestro caso nada de esto ha sucedido. Las normas orientativas de los Colegios de Abogados obligan más que orientan y están llegando al extremo de contradecir mandatos imperativos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Arancel de los Procuradores no precisa una reforma, sino una derogación y nuevo texto. No, querido lector. No quiero, ni pretendo (¡faltaría!) decirle a cada uno lo que tiene derecho a cobrar por su trabajo, solo aspiro a que se ponga cierto orden en el asunto de las costas y más cuando se observa que una regulación tan genérica y escasa como la nuestra facilita el pleito. 

Así que ve la luz un manual estrictamente práctico dedicado a estudiar y analizar todos los particulares de las tasaciones civiles: los honorarios, las facturas, las normas orientativas, los gastos, los derechos de los procuradores, la indemnización de testigos, los honorarios de peritos y los diferentes trámites de la ley de enjuiciamiento civil en el proceso declarativo y en el de ejecución. Evidentemente siempre quedarán cosas el tintero, pero espero que hayan sido pocas y menores. 

A partir de este momento, todo lo demás queda ya a la opinión y a la crítica del lector.

Dejo el índice completo de la obra, que como verán se ha adaptado al maremágnum de reformas legales y pronunciamientos jurisprudenciales de los últimos años. 

14 julio 2017

Cesiones de crédito a fondos buitre: el ATS 10 de mayo de 2017.


La postura del editor de este blog respecto a las cesiones de créditos en masa es conocida: (i) es una operación financiera que carece de regulación en el ordenamiento, civil o procesal; (ii) el retracto del art. 1535 CC tampoco regula la figura y (iii) el deudor tendría a derecho a satisfacer el comprador el precio pagado. 

Y también conocen la postura mayoritaria: (i) la cesión se justifica en un documento notarial repleto de numeritos, (ii) el cesionario, aunque haya pagado 2 céntimos por el crédito tiene derecho (sic) a seguir con el proceso de ejecución despachado, más los intereses y las costas (fijen la cantidad que quieran) ; (iii) el concepto de crédito incluye las sentencias, que también pueden venderse, perdón cederse y (iv) el retracto del art. 1535 CC solo se aplica en el proceso declarativo. 

No parece seguir la doctrina mayoritaria, unánime diría, el ATS, Sala 1ª de 10 de mayo de 2017 (ROJ: ATS 4273/2017) y su fundamento de derecho tercero:


TERCERO.- A la vista de lo expuesto no cabe sino denegar la sucesión procesal solicitada por las siguientes razones:
a) porque pese a que Alcmena Bidco S.A.R.L afirma que se hizo una sustitución contractual y que la sustitución se hizo con plenos efectos sin que se limitase a partir de determinada fecha, lo cierto y verdad es que tal y como resulta de la escritura de cesión de créditos de fecha 15 de abril de 2015, estipulación tercera, apartado b) se estableció que la sucesión procesal debía gestionarse en los juzgados correspondientes en el plazo máximo de seis meses desde la firma de la escritura, de suerte que siendo la escritura de cesión de créditos de fecha 15 de abril de 2015 y presentado la solicitud de sucesión procesal el 15 de febrero de 2017 es claro que ha transcurrido con creces el plazo fijado al efecto en la propia cesión de créditos, siendo la petición ahora realizada claramente extemporánea. 
b) porque el cambio de parte puede perjudicar notoriamente la defensa de la parte recurrente, existiendo pedimentos en la demanda que únicamente se pueden hacer valer respecto de la parte transmitente, tal y como señala el apartado segundo del artículo 17.2, párrafo segundo, de la LEC. A tales efectos debe tenerse en cuenta que Alcmena Bidco S.A.R.L es una entidad con domicilio social en Luxemburgo, que carece de bienes radicados en España, no quedando acreditado que sea una entidad financiera habilitada para conceder préstamos sino que tiene por objeto el recobro de créditos dudosos, siendo posible que no disponga de los medios suficientes para cumplir, en su caso, con las obligaciones de hacer contenidas en el suplico de la demanda y a las que estaría obligada en caso de estimación de la demanda. En concreto la parte recurrente solicitó en su demanda la condena de la demandada a otorgar un préstamo hipotecario tradicional en euros, cuestión que le puede resultar de muy difícil o imposible cumplimento a la ahora solicitante de la sucesión procesal, dificultando enormemente para la recurrente, en su caso, la ejecución de una posible resolución judicial estimatoria de la demanda e incluso el poder hacer efectiva una posible condena en costas de la recurrida. 
En consecuencia, atendido lo dispuesto en el artículo 17.2 LEC, párrafos segundo y tercero, procede denegar la sucesión procesal solicitada, debiendo continuar el transmitente, Catalunya Banc, S.A., en el juicio en la condición de parte recurrida que venía ostentando, todo ello sin perjuicio de las relaciones jurídicas privadas que le vinculen con la sociedad que interesa ocupar su posición, todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Observe estimado lector que la letra a), que a mi entender nada tiene que ver con la sucesión del art.17 LEC, sería perfectamente aplicable en el proceso de ejecución, introduciendo otro requisito en el acceso del fondo buitre a la vía de apremio, mientras que la argumentación de la letra b) en una interpretación nada extensiva y partiendo de la existencia del perjuicio, podría llevar a entender que el ejecutado debería tener la posibilidad de satisfacer el precio pagado por la cesión o, mejor dicho, la venta.

04 julio 2017

Y si los consumidores no aparecen, habrá que buscarlos.


Imagen de un panfleto depositado en el buzón de quien redacta está mañana y, que guardaba turno con la factura de telefónica y una carta de la aseguradora del Santander. Les pido disculpas por el inadecuado empleo del tipex, pero la Ley de protección de datos me ha obligado a uso excesivo del  que ha terminado produciendo la especie de gotelé que impregna el papel.  

Y sin comentarios. Quiero decir que en esta ocasión que cada lector saque sus conclusiones, porque nadie sabe realmente lo que hay en la cara oscura de la luna.

28 junio 2017

Dos guerras perdidas y la certificación del art.654.3 LEC.


Hay dos guerras pérdidas en los Juzgados. Y escribo de guerras y no de batallas porque ahora que nos invade la cuarta cesión de créditos a fondos domiciliados fuera de España, si alguien cree que el art. 1535 CC regula la figura tiene el mismo derecho a creer que los Reyes Magos vienen de París (creo que era algo por el estilo, pero hay horas que uno no está para lindezas poéticas) y eso que vamos camino de tener consumidores y sus quejas hasta la próxima década. 

La segunda guerra se ha perdido con los Registros de la Propiedad que ya se han convertido por su derecho propio en una segunda instancia paralela a la que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Juzgados de Primera Instancia. Y como ahora no lo recordarán hagamos memoria (a secas). La Ley 1/2013 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificó el art. 654 LEC, introduciendo un apartado 3 que padece una desafortunada redacción y provoca una complicada exégesis. Dice así: «en el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además el tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas».  
La lectura del mandato no suscita dudas: cuando haya deuda pendiente, habrá certificación y, perdón, pero nada más lejos de la realidad. 

La primera duda es a resolver es determinar sobre la ejecución a la que nos referimos. La exposición de motivos de la ley 1/2013 indica que para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés. 

Todo eso no aparece en el precepto, aunque la aclaración nos pueda obligar a concluir que el art.654.3 LEC regula el importe por el que se seguirá la ejecución dineraria del art.579 LEC, para el supuesto que toda la deuda no se hubiera saldado en la ejecución hipotecaria anterior. Desde este punto de partida y como quiera que el art. 570 LEC impide terminar una ejecución hasta que el título no se haya satisfecho y que el primer apartado del citado art. 654 LE regula el destino del precio del remate para las ejecuciones, sin distinguir la naturaleza del título ejecutivo, parece lógico entender que el desglose que prevé el art. 654.3 LEC se aplicará solo a las ejecuciones hipotecarias y cualquiera que sea el bien que se haya realizado, lo que deberá entenderse sin perjuicio de las especialidades que contiene el art. 579.2 LEC respecto a las viviendas habituales. 

En cuanto a la certificación no faltan opiniones que la consideran documento imprescindible para promover esta continuación de la ejecución y, de ahí que si no se hubiere expedido no podría iniciarse la ejecución del art. 579 LEC, al no constar claramente las cantidades por las que habría de despacharse ejecución en concepto de intereses moratorios y costas. Por tanto, se requerirá al demandante para que, en el supuesto de solicitar el despacho de ejecución por las cantidades restantes, previamente solicite en el proceso hipotecario del que trae causa, la expedición de la referida certificación, y cuando sea traída al proceso de ejecución, despachar ésta. 

Por varias razones en modo alguno puede compartirse esta opinión. La primera atañe al título ejecutivo. La postura mayoritaria defiende que será la escritura de préstamo en aquella parte del crédito que no haya sido satisfecho por la adjudicación. Hablaríamos de la ejecución de un título no judicial, que podría despacharse contra los fiadores y en la que estos dispondrían de los motivos de oposición propios de dicha clase de título, pero la novedosa redacción del art. 579.2 LEC y el reconocimiento como título ejecutivo del decreto que dicta el Letrado de la Administración de Justicia, también permite colegir la posibilidad que sea el decreto de adjudicación el título ejecutivo de la posterior ejecución ordinaria en la parte no satisfecha. En este caso, no habría más intereses que los del art. 576 LEC desde la fecha del decreto de adjudicación, regulándose las costas por lo dispuesto en el art. 539 LEC. 

La segunda se refiere al momento en que la ejecución hipotecaria termina ya que lo hace con el dictado de alguna de las resoluciones del art. 670 LEC. Por tanto, la liquidación de intereses y la tasación de costas será siempre anterior a la resolución que la pone término, pues de otro modo es imposible conocer la existencia del sobrante (sirva a modo de ejemplo y por todos, el ap. 2 del art. 670 LEC) impidiéndose, en otro caso, el cumplimiento del art. 674 LEC. Por lo dicho, el art. 671 LEC dispone que el ejecutante puede optar por la adjudicación, por la cantidad adeudada por todos los conceptos o por diferentes porcentajes del valor de tasación, según los casos, lo que también finalizará la ejecución hipotecaria, pero sin ninguna liquidación o tasación posterior. No hay en la Ley un tertium genus: la adjudicación por el 50 %, el 60 % o el 70 % del valor de tasación más todos los conceptos debidos. 

La tercera y última razón es que la certificación no es un título ejecutivo, ni sirve para liquidar ninguna deuda a los efectos de la posterior demanda de ejecución de título no judicial. Y de hecho el ejecutante podrá reclamar en la nueva ejecución solo la diferencia entre el importe de adjudicación y aquel por el que se despachó la primera ejecución hipotecaria más los intereses del art. 576 LEC.

22 junio 2017

Y ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo eres tú (un vistazo a la conciliación del año 2015)


Se me escapó de las manos minuto y medio antes de dar comienzo al acto, así que me deshice de la toga, apague la cámara, mejor dicho, salí de la aplicación y apague el ordenador y con cara de no saber lo que había pasado, que no lo sabía, pregunté a los abogados el motivo de suspender la conciliación: habían llegado a un acuerdo. 

¿Un acuerdo? ¿Un acto de conciliación que termina con un acuerdo? Ni que decir tiene que el espejismo duró lo que tardó el agente del Decanato en traer el reparto del día y, colocarme en la situación previa al acuerdo de minutos antes y, posterior a la entrada en vigor de la Ley 15/15 de Jurisdicción voluntaria. La verdad es que desde la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 hubo un par de ratos e incluso de tardes, para pensar y repensar lo que podríamos haber hecho con la conciliación, -aparte de repetir, claro está, lo de potenciar los medios de solución intra, para y extrajudiciales-, pero por lo visto las agendas estaban tan ocupadas que nos quedamos con la “finalidad de evitar un pleito con un acuerdo” y, “¿qué es un acuerdo?” y tú lo preguntas: un acuerdo eres tú. 

Y con ese instrumental de tiritas y alcohol de 96 para una operación a corazón abierto, hemos logrado, después de casi dos años de esmerada aplicación, convertir a los órganos judiciales en un servicio de burofax gratuito, aunque eso sí, para evitar un pleito y, ¿el acuerdo?, el acuerdo y tú lo preguntas: el acuerdo eres tú. Lo que sin solución de continuidad debería llevarnos a pensar muy seriamente en la posibilidad, que no deshecho, de estudiar el asunto desde la perspectiva de la competencia desleal o, mejor desde la tecnológica y ya que están -que no estamos-, dispuestos a servir de mensajería instantánea “para evitar pleitos” quizá sería lógico una dotación informática con códigos de barras, tabletas y todos esos cacharros que emplean las empresas del ramo además de gorras, chalecos y uniformes varios. 

Así que llegados a este punto y por si algún lector anda perdido: 

-No es una conciliación la petición de notificar unas cuantas facturas para desgravar el IVA. 

-Tampoco lo es la comunicación de un siniestro a ninguna aseguradora y menos aún, la de informes médicos al que se acompaña, como quien no quiere la cosa, un requerimiento por el total de no se sabe bien qué. Dejaré para peor ocasión el asunto de la inexistencia del acto de conciliación en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y a que la conciliación no es un requerimiento extrajudicial. 

-¿Dónde han visto una conciliación en el hecho de contestar a una comunicación de una empresa o, de un organismo público a una previa reclamación del conciliante?, ¿para evitar un pleito? Sí ya le han dicho que nones y que les demandes. 

-Los asuntos de familia tienen mal acomodo en este expediente y no solo por la indisponibilidad del estado civil, sino por la necesidad de prueba y, a ver si vamos a necesitar un Juez para que nos rectifique el quincuagésimo punto del acta de la junta del mes de mayo y para una división de cosa común nos basta con un requerimiento y un “acuerdo para evitar el pleito”. 

-Los productos financieros darían juego en la celebración del art.145 Ley 15/15, pero mira por donde ni hay propuesta de acuerdo, ni ganas de alcanzarlo, salvo que se pague todo lo que se requiere y ya saben, por eso de hagamos difícil lo fácil e imposible lo difícil. 

¿Y que nos quedaría entonces para evitar un pleito? Nada, salvo la engorrosa querella posterior (por lo criminal, no lo olviden) a un prescindible acto al que no viene nunca el citado o el citador, según se tercie. De hecho y si se fijan, el requerimiento para evitar un pleito es un monitorio de manual y además sin costas, con lo que no se acierta a comprender la necesidad de provocar un señalamiento, una grabación y un decreto cuando puede hacer lo mismo un monitorio de págueme lo que me debe o aguante la ejecución o; cualquier empresa de mensajería. 

El acuerdo implica, por definición, una transacción y esta supone renuncia a alguna de las pretensiones de los afectados y eso está ahora en la ley, otra cosa es que no queramos verlo o que no nos interese hacerlo.