14 julio 2017

Cesiones de crédito a fondos buitre: el ATS 10 de mayo de 2017.


La postura del editor de este blog respecto a las cesiones de créditos en masa es conocida: (i) es una operación financiera que carece de regulación en el ordenamiento, civil o procesal; (ii) el retracto del art. 1535 CC tampoco regula la figura y (iii) el deudor tendría a derecho a satisfacer el comprador el precio pagado. 

Y también conocen la postura mayoritaria: (i) la cesión se justifica en un documento notarial repleto de numeritos, (ii) el cesionario, aunque haya pagado 2 céntimos por el crédito tiene derecho (sic) a seguir con el proceso de ejecución despachado, más los intereses y las costas (fijen la cantidad que quieran) ; (iii) el concepto de crédito incluye las sentencias, que también pueden venderse, perdón cederse y (iv) el retracto del art. 1535 CC solo se aplica en el proceso declarativo. 

No parece seguir la doctrina mayoritaria, unánime diría, el ATS, Sala 1ª de 10 de mayo de 2017 (ROJ: ATS 4273/2017) y su fundamento de derecho tercero:


TERCERO.- A la vista de lo expuesto no cabe sino denegar la sucesión procesal solicitada por las siguientes razones:
a) porque pese a que Alcmena Bidco S.A.R.L afirma que se hizo una sustitución contractual y que la sustitución se hizo con plenos efectos sin que se limitase a partir de determinada fecha, lo cierto y verdad es que tal y como resulta de la escritura de cesión de créditos de fecha 15 de abril de 2015, estipulación tercera, apartado b) se estableció que la sucesión procesal debía gestionarse en los juzgados correspondientes en el plazo máximo de seis meses desde la firma de la escritura, de suerte que siendo la escritura de cesión de créditos de fecha 15 de abril de 2015 y presentado la solicitud de sucesión procesal el 15 de febrero de 2017 es claro que ha transcurrido con creces el plazo fijado al efecto en la propia cesión de créditos, siendo la petición ahora realizada claramente extemporánea. 
b) porque el cambio de parte puede perjudicar notoriamente la defensa de la parte recurrente, existiendo pedimentos en la demanda que únicamente se pueden hacer valer respecto de la parte transmitente, tal y como señala el apartado segundo del artículo 17.2, párrafo segundo, de la LEC. A tales efectos debe tenerse en cuenta que Alcmena Bidco S.A.R.L es una entidad con domicilio social en Luxemburgo, que carece de bienes radicados en España, no quedando acreditado que sea una entidad financiera habilitada para conceder préstamos sino que tiene por objeto el recobro de créditos dudosos, siendo posible que no disponga de los medios suficientes para cumplir, en su caso, con las obligaciones de hacer contenidas en el suplico de la demanda y a las que estaría obligada en caso de estimación de la demanda. En concreto la parte recurrente solicitó en su demanda la condena de la demandada a otorgar un préstamo hipotecario tradicional en euros, cuestión que le puede resultar de muy difícil o imposible cumplimento a la ahora solicitante de la sucesión procesal, dificultando enormemente para la recurrente, en su caso, la ejecución de una posible resolución judicial estimatoria de la demanda e incluso el poder hacer efectiva una posible condena en costas de la recurrida. 
En consecuencia, atendido lo dispuesto en el artículo 17.2 LEC, párrafos segundo y tercero, procede denegar la sucesión procesal solicitada, debiendo continuar el transmitente, Catalunya Banc, S.A., en el juicio en la condición de parte recurrida que venía ostentando, todo ello sin perjuicio de las relaciones jurídicas privadas que le vinculen con la sociedad que interesa ocupar su posición, todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Observe estimado lector que la letra a), que a mi entender nada tiene que ver con la sucesión del art.17 LEC, sería perfectamente aplicable en el proceso de ejecución, introduciendo otro requisito en el acceso del fondo buitre a la vía de apremio, mientras que la argumentación de la letra b) en una interpretación nada extensiva y partiendo de la existencia del perjuicio, podría llevar a entender que el ejecutado debería tener la posibilidad de satisfacer el precio pagado por la cesión o, mejor dicho, la venta.

04 julio 2017

Y si los consumidores no aparecen, habrá que buscarlos.


Imagen de un panfleto depositado en el buzón de quien redacta está mañana y, que guardaba turno con la factura de telefónica y una carta de la aseguradora del Santander. Les pido disculpas por el inadecuado empleo del tipex, pero la Ley de protección de datos me ha obligado a uso excesivo del  que ha terminado produciendo la especie de gotelé que impregna el papel.  

Y sin comentarios. Quiero decir que en esta ocasión que cada lector saque sus conclusiones, porque nadie sabe realmente lo que hay en la cara oscura de la luna.

28 junio 2017

Dos guerras perdidas y la certificación del art.654.3 LEC.


Hay dos guerras pérdidas en los Juzgados. Y escribo de guerras y no de batallas porque ahora que nos invade la cuarta cesión de créditos a fondos domiciliados fuera de España, si alguien cree que el art. 1535 CC regula la figura tiene el mismo derecho a creer que los Reyes Magos vienen de París (creo que era algo por el estilo, pero hay horas que uno no está para lindezas poéticas) y eso que vamos camino de tener consumidores y sus quejas hasta la próxima década. 

La segunda guerra se ha perdido con los Registros de la Propiedad que ya se han convertido por su derecho propio en una segunda instancia paralela a la que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Juzgados de Primera Instancia. Y como ahora no lo recordarán hagamos memoria (a secas). La Ley 1/2013 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificó el art. 654 LEC, introduciendo un apartado 3 que padece una desafortunada redacción y provoca una complicada exégesis. Dice así: «en el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además el tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas».  
La lectura del mandato no suscita dudas: cuando haya deuda pendiente, habrá certificación y, perdón, pero nada más lejos de la realidad. 

La primera duda es a resolver es determinar sobre la ejecución a la que nos referimos. La exposición de motivos de la ley 1/2013 indica que para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés. 

Todo eso no aparece en el precepto, aunque la aclaración nos pueda obligar a concluir que el art.654.3 LEC regula el importe por el que se seguirá la ejecución dineraria del art.579 LEC, para el supuesto que toda la deuda no se hubiera saldado en la ejecución hipotecaria anterior. Desde este punto de partida y como quiera que el art. 570 LEC impide terminar una ejecución hasta que el título no se haya satisfecho y que el primer apartado del citado art. 654 LE regula el destino del precio del remate para las ejecuciones, sin distinguir la naturaleza del título ejecutivo, parece lógico entender que el desglose que prevé el art. 654.3 LEC se aplicará solo a las ejecuciones hipotecarias y cualquiera que sea el bien que se haya realizado, lo que deberá entenderse sin perjuicio de las especialidades que contiene el art. 579.2 LEC respecto a las viviendas habituales. 

En cuanto a la certificación no faltan opiniones que la consideran documento imprescindible para promover esta continuación de la ejecución y, de ahí que si no se hubiere expedido no podría iniciarse la ejecución del art. 579 LEC, al no constar claramente las cantidades por las que habría de despacharse ejecución en concepto de intereses moratorios y costas. Por tanto, se requerirá al demandante para que, en el supuesto de solicitar el despacho de ejecución por las cantidades restantes, previamente solicite en el proceso hipotecario del que trae causa, la expedición de la referida certificación, y cuando sea traída al proceso de ejecución, despachar ésta. 

Por varias razones en modo alguno puede compartirse esta opinión. La primera atañe al título ejecutivo. La postura mayoritaria defiende que será la escritura de préstamo en aquella parte del crédito que no haya sido satisfecho por la adjudicación. Hablaríamos de la ejecución de un título no judicial, que podría despacharse contra los fiadores y en la que estos dispondrían de los motivos de oposición propios de dicha clase de título, pero la novedosa redacción del art. 579.2 LEC y el reconocimiento como título ejecutivo del decreto que dicta el Letrado de la Administración de Justicia, también permite colegir la posibilidad que sea el decreto de adjudicación el título ejecutivo de la posterior ejecución ordinaria en la parte no satisfecha. En este caso, no habría más intereses que los del art. 576 LEC desde la fecha del decreto de adjudicación, regulándose las costas por lo dispuesto en el art. 539 LEC. 

La segunda se refiere al momento en que la ejecución hipotecaria termina ya que lo hace con el dictado de alguna de las resoluciones del art. 670 LEC. Por tanto, la liquidación de intereses y la tasación de costas será siempre anterior a la resolución que la pone término, pues de otro modo es imposible conocer la existencia del sobrante (sirva a modo de ejemplo y por todos, el ap. 2 del art. 670 LEC) impidiéndose, en otro caso, el cumplimiento del art. 674 LEC. Por lo dicho, el art. 671 LEC dispone que el ejecutante puede optar por la adjudicación, por la cantidad adeudada por todos los conceptos o por diferentes porcentajes del valor de tasación, según los casos, lo que también finalizará la ejecución hipotecaria, pero sin ninguna liquidación o tasación posterior. No hay en la Ley un tertium genus: la adjudicación por el 50 %, el 60 % o el 70 % del valor de tasación más todos los conceptos debidos. 

La tercera y última razón es que la certificación no es un título ejecutivo, ni sirve para liquidar ninguna deuda a los efectos de la posterior demanda de ejecución de título no judicial. Y de hecho el ejecutante podrá reclamar en la nueva ejecución solo la diferencia entre el importe de adjudicación y aquel por el que se despachó la primera ejecución hipotecaria más los intereses del art. 576 LEC.

22 junio 2017

Y ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo eres tú (un vistazo a la conciliación del año 2015)


Se me escapó de las manos minuto y medio antes de dar comienzo al acto, así que me deshice de la toga, apague la cámara, mejor dicho, salí de la aplicación y apague el ordenador y con cara de no saber lo que había pasado, que no lo sabía, pregunté a los abogados el motivo de suspender la conciliación: habían llegado a un acuerdo. 

¿Un acuerdo? ¿Un acto de conciliación que termina con un acuerdo? Ni que decir tiene que el espejismo duró lo que tardó el agente del Decanato en traer el reparto del día y, colocarme en la situación previa al acuerdo de minutos antes y, posterior a la entrada en vigor de la Ley 15/15 de Jurisdicción voluntaria. La verdad es que desde la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 hubo un par de ratos e incluso de tardes, para pensar y repensar lo que podríamos haber hecho con la conciliación, -aparte de repetir, claro está, lo de potenciar los medios de solución intra, para y extrajudiciales-, pero por lo visto las agendas estaban tan ocupadas que nos quedamos con la “finalidad de evitar un pleito con un acuerdo” y, “¿qué es un acuerdo?” y tú lo preguntas: un acuerdo eres tú. 

Y con ese instrumental de tiritas y alcohol de 96 para una operación a corazón abierto, hemos logrado, después de casi dos años de esmerada aplicación, convertir a los órganos judiciales en un servicio de burofax gratuito, aunque eso sí, para evitar un pleito y, ¿el acuerdo?, el acuerdo y tú lo preguntas: el acuerdo eres tú. Lo que sin solución de continuidad debería llevarnos a pensar muy seriamente en la posibilidad, que no deshecho, de estudiar el asunto desde la perspectiva de la competencia desleal o, mejor desde la tecnológica y ya que están -que no estamos-, dispuestos a servir de mensajería instantánea “para evitar pleitos” quizá sería lógico una dotación informática con códigos de barras, tabletas y todos esos cacharros que emplean las empresas del ramo además de gorras, chalecos y uniformes varios. 

Así que llegados a este punto y por si algún lector anda perdido: 

-No es una conciliación la petición de notificar unas cuantas facturas para desgravar el IVA. 

-Tampoco lo es la comunicación de un siniestro a ninguna aseguradora y menos aún, la de informes médicos al que se acompaña, como quien no quiere la cosa, un requerimiento por el total de no se sabe bien qué. Dejaré para peor ocasión el asunto de la inexistencia del acto de conciliación en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y a que la conciliación no es un requerimiento extrajudicial. 

-¿Dónde han visto una conciliación en el hecho de contestar a una comunicación de una empresa o, de un organismo público a una previa reclamación del conciliante?, ¿para evitar un pleito? Sí ya le han dicho que nones y que les demandes. 

-Los asuntos de familia tienen mal acomodo en este expediente y no solo por la indisponibilidad del estado civil, sino por la necesidad de prueba y, a ver si vamos a necesitar un Juez para que nos rectifique el quincuagésimo punto del acta de la junta del mes de mayo y para una división de cosa común nos basta con un requerimiento y un “acuerdo para evitar el pleito”. 

-Los productos financieros darían juego en la celebración del art.145 Ley 15/15, pero mira por donde ni hay propuesta de acuerdo, ni ganas de alcanzarlo, salvo que se pague todo lo que se requiere y ya saben, por eso de hagamos difícil lo fácil e imposible lo difícil. 

¿Y que nos quedaría entonces para evitar un pleito? Nada, salvo la engorrosa querella posterior (por lo criminal, no lo olviden) a un prescindible acto al que no viene nunca el citado o el citador, según se tercie. De hecho y si se fijan, el requerimiento para evitar un pleito es un monitorio de manual y además sin costas, con lo que no se acierta a comprender la necesidad de provocar un señalamiento, una grabación y un decreto cuando puede hacer lo mismo un monitorio de págueme lo que me debe o aguante la ejecución o; cualquier empresa de mensajería. 

El acuerdo implica, por definición, una transacción y esta supone renuncia a alguna de las pretensiones de los afectados y eso está ahora en la ley, otra cosa es que no queramos verlo o que no nos interese hacerlo.

14 junio 2017

De los consumidores, de un perrito piloto y de una buena mesa.


Allá por el lejano año del Señor del 2013, junio, escribí que con los Jueces se vivía mejor, o muchísimo mejor y previo reconocimiento de la patata que para quien redacta era la NOJ desde el primer borrador y que me presenté a Secretario Coordinador Provincial en el año 2005, ejerciendo desde ese año de Presidente de la comunidad de vecinos cuando me toca, concluí que con los Jueces al mando se vivía mejor porque siempre se sabía por dónde podía venir el golpe y quién podía dártelo. 

Pero como todo lo que es susceptible de empeorar, empeora, ni los Jueces – la mayoría- saben ahora cómo viven, ni nosotros, o sea, Letrados de la Administración de Justicia sabemos en qué esquina nos espera la siguiente sorpresa en la forma jurídica que prefieran y, menos cuando el pueblo español siempre prefiere un mal pleito, una mala sentencia y una horrible ejecución antes de llegar a ningún acuerdo. ¿Acuerdo?, ¿he escrito acuerdo? Disculpen. Hagamos difícil lo fácil y pónganse en situación. Letrado del Banco que reconoce lo debido por cláusula suelo más intereses y cuatrocientos de costas. Buen acuerdo. La Magistrado y quien suscribe nos miramos. Asunto zanjado. ¿Asunto zanjado? Sí, claro, el letrado del actor indica que no está de acuerdo con el importe de costas y que a poner sentencia. Le faltó decir como “Dios manda” y a proteger a los consumidores de los abusos. 

Así que para vivir mejor no basta ahora con que mande el Juez, que ya no manda, sino tener una buena mesa bajo la que esconderse y guardarse de reformistas conversos, inventores de programas informáticos y dos sesiones de formación; jerarquías de toda clase, suerte y condición y de los ciudadanos. Sí, de los “consumidores”, vocablo que ahora supera a la “democracia” como finalidad primera y única de la Administración de Justicia y, que ya va camino de alcanzar a la “tutela judicial efectiva”. 

Y hablando de consumidores, ¿han observado como los teclados se relamían de “os lo dijimos” por la entrada de demandas en los Juzgados bis? ¡Qué alegría, que alboroto, otro Juzgado colapsado! La rima era con el “perrito piloto”, pero mis nociones de poesía no llegan a mediodía. Hagamos imposible lo difícil y vuelvan a ponerse en situación. Letrado de Banco en juicio ordinario con rebeldía del contrario y 20% de intereses de demora. La Magistrado advierte de la circunstancia y de la posible abusividad y, el letrado indica que no tiene instrucciones y que a poner sentencia. Otro palote más en la estadística de sentencias. 

Con este panorama de sueldos bajos, jefes y de directores de todas las categorías y con el Ministerio de Economía y Hacienda y la Dirección General de Registros y del Notariado, que de procesal no anda sobrada, tratando de imponerme unas curiosas doctrinas tuteladoras de los derechos de “consumidores”, faltaría, ando buscando una buena mesa, amplia y resistente que me permita un estupendo escondite a salvo de derechos, ciudadanos, jerarquías y tutelas judiciales. Aunque tampoco tengo clara su ubicación porque en el piso de arriba han colocado el Juzgado Bis y desconozco si la estructura aguantará el peso de las miles de reclamaciones (también la tradicional demanda ha desaparecido del proceso) de los “consumidores”.