20 abril 2017

¿Y por qué esta fiesta es gratis?: a propósito del copago en justicia y de los consumidores.


Hagamos una previa aclaración. A la derecha, la gestión de la justicia le importa treinta y tres y a la izquierda, esa cantidad por tres y aún me quedo corto. No me extiendo mucho: la derecha ve la justicia como un mal necesario y no sabe lo que hacer con ella; la izquierda como un asunto electoral, que permite colocar tres o cuatro consignas y cientos de querellas a ver si hay suerte (moda, por cierto, a la que luego se han apuntado todos los demás). De los nacionalistas no sé qué decir, porque empeñados en poner fronteras en cada barrio les preocupa la identidad y nada la eficacia y en estas, no es de extrañar el altísimo nivel intelectual de todos los debates que protagoniza el llamado tercer poder del estado (todo con minúsculas). 

Y ¿es necesario el copago en justicia? Estupenda pregunta que contesto con rotundidad: Si. Y ¿por qué? Vuelvo a contestar con rotundidad: la mitad (cómo poco) de los asuntos que entran en los Juzgados merece el calificativo de “litigiosidad artificial”, innecesaria, inasumible y, en consecuencia, prescindible. Esto se ha escrito y publicado. El problema es que estos debates no pueden abrirse como quien se va a la playa, porque el vecino de sombrilla tiene a mano, un inteligentísimo abanico de respuestas: “ataque a la tutela judicial efectiva”, “los derechos de los pobres” y la “justicia para ricos”. ¿Justicia para ricos? Pero ¿ustedes creen que los ricos acuden a la justicia para solventar sus problemas? y a, propósito ¿qué es un rico? Cuando llevamos al “absurdo” esta clase de eslóganes, no hay nada detrás. 

¿Quieren un debate serio? Calculen lo que cuesta el tiempo que emplea un funcionario Judicial, el trabajador de correos, un Juez, un Letrado de Justicia y otro funcionario de Gestión o Tramitación en un juicio verbal de 200,00€ y añadan el coste de la Sala y el sistema de grabación. Puedo quedarme escaso con los 200,00€ - que juicios hay y no pocos de ese importe e inferior-, así que vayamos a un juicio ordinario de 6.000,00€: cuando la sentencia se recurre en apelación y se obliga a intervenir, para empezar, a otros tres magistrados no estamos hablando de justicia. Y eso por no hablar de las cientos de denuncias penales contra vecinos (cuestión de educación que se resuelve en España a multa limpia) o, de los procesos contenciosos administrativos que se interponen por funcionarios, haya o no derecho, porque en asuntos de personal la cosa iba de gratis, aunque muchas veces también gracias a comportamientos de las administraciones públicas que lindan con el ilícito penal. 

En tales circunstancias la tasa judicial respondió a la famosa ley española del péndulo, que no tiene definición, pero si una secuencia temporal que comenzó cuando el movimiento del mismo llegó a un extremo (cualquier cosa terminaba en un Juzgado) y que finalizó cuando el péndulo, por una ley de la física que no explico, acabó en el otro (Juzgados atascados y falta de dinero para crear nuevas “unidades judiciales”). En el recorrido se queda – o, el péndulo se llevó por delante- el derecho a la justicia gratuita y la deficiente gestión de las Comunidades Autónomas, pero esto es solo a medias, porque el primero consiste en pagar, pagar y pagar a los Colegios de Abogados y de Procuradores y de la segunda responde siempre el maestro armero; de hecho, es muy habitual que los gestores de la cosa pública judicial salten de puesto en puesto y, de derecho, que solo hayan sabido construir edificios (“ciudades de las justicias”) y eso, creo, tiene poco mérito, nulo esfuerzo intelectual y mucho de LEGO®. 

Llegados aquí más de un lector estará con él “y tú más”, el horario de los juzgados o, el maltrato del Juez del Quince, pero si hablamos de péndulo habrá que dar una explicación al movimiento y no a su ausencia; esto es, el colapso en los Juzgados no lo han provocado los funcionarios que se van una hora de cafés, ni los juicios que se retrasan una hora o más, ni el Juez del Quince y dramático es, que tampoco sepamos realmente la causa, porque seguimos sin tener en justicia datos fiables de nada, ni modo de obtenerlos a corto plazo. Con lo que entran en juego los volúmenes: (a) el de las modas (cesiones de créditos, ejecuciones hipotecarias, SWAP, preferentes y reclamaciones de consumidores), (b) el de la necesidad (monitorios por gastos de propiedad horizontal, que se han triplicado) y (c) el del gasto (imposibilidad de seguir montando juzgados a la puerta de cada domicilio) y como quiera que los volúmenes no han disminuido, la solución fue echarle mano o, mejor garra, al bolsillo del ciudadano. 

Sí, claro, habría una primera y única solución: inmediata devolución al Estado de las competencias transferidas en Justicia y supresión de todas las Consejerías del ramo, pero luego es muy probable que me cayera de la cama y despertara al vecino del golpetazo. Eso por no indicar que la red de intereses creados es de tal magnitud, que salvo imposición europea mediante una cuestión prejudicial se antoja imposible esta devolución. 

Así que justificado el movimiento del péndulo y partiendo del hecho reconocido que España está llena de españoles, el Ministerio de Justicia no hizo otra cosa que seguir el ejemplo de la Dirección General de Tráfico. Esto es, imponer tasas desproporcionadas y no olvidemos tampoco que desde la casa se había reclamado con insistencia que se pusiera coto al abuso con el que se empleaba la Justicia (¿recuerdan alguna pretensión de justicia gratuita que se haya calificado de insostenible?) y frente a ello siempre se había sacado a paseo el art. 24 Constitución, no una alternativa. 

El problema no se limitaba a la desprotección del ciudadano frente a la Administración, que es ahora máxima, sino a que nadie parece importarle, salvo a dos o tres Colegios de Abogados y eso también tiene su explicación. Nos movemos según nos tocan el bolsillo o, los privilegios y, después de sucesivas congelaciones o disminuciones de sueldo, a pocos nos importa si, por la tasa judicial el asunto llegaba o no la apelación; salvo, claro está, que uno fuera el apelante. 

Ni que decir tiene que la supresión de la tasa no sirve contra las modas que bambolean la Justicia española. Y ahora estamos con el arbitraje y la mediación tratando de ver cómo es posible, si lo es, que los miles de asuntos que acechan la estabilidad física de los edificios judiciales tengan alguna salida rápida que no sea la papelera. 

No me ocupare del arbitraje, al que se han apuntado los Colegios de Abogados y sus minutas de honorarios, sino a la mediación, que es una suerte de conciliación en la que el Juzgado se pone en medio de las partes para que se lleven bien o para no se sabe bien qué, porque hasta ayer, la función del Juzgado consistía precisamente en ponerse en medio de los llamados litigantes a fin de ordenar una salida racional al asunto. Folios y más folios en el estudio de la cuestión (o sea, en cómo darse la mano) cuando basta echar un vistazo a cualquier sede judicial para comprobar que el problema no tiene que ver con el derecho, sino con la educación, pero ahí seguimos dándole vueltas a la teoría o a los calamares, que tanto da. 

Y mientras tanto esperamos que los miles de consumidores que no sabíamos lo que firmábamos, inunden por segunda vez los Juzgados civiles con toda clase de reclamaciones por abusividades varias, al mismo tiempo que acuden (en esta parada quien firma se bajo hace tiempo) a las sucursales bancarias atraídos por esos créditos de pronta entrega e interés remuneratorio cercano al 20% ¿Cercano al 20%?, pero ¿de verdad se creían que llevarse por delante la ejecución hipotecaria y parte del sistema créditicio iba a salir gratis? 

Pero lo peor de todo es que la cosa no tiene solución. Es imposible reformar la casa sin un plan y este debe diseñarse a largo plazo y ni este, ni aquel pueden sujetarse a los vaivenes electorales (esperen que ahora vuelvo de echarme unas risas o unos lloros, lo que prefieran) y como eso es imposible y basta echarle un vistazo a cualquier parlamento de los dieciocho que nos pagamos por estos lares para llegar a esa conclusión, nos queda la moda. Y de la moda de las unidades judiciales al lado de cada parada de autobús y de la nueva oficina judicial, hemos pasado a la moda de la justicia digital y electrónica y, como no hay dinero para tanto desfile, muchas sedes judiciales dan pena, cuando no asco, la nueva oficina judicial está a punto de cumplir diez años sin haber empatado un partido en una gran capital de provincia (por número de órganos judiciales afectados por el invento) y, los sistemas informáticos echan el humo característico de las locomotoras de hace dos siglos.

11 abril 2017

El plazo del año para el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble.


El art. 675 LEC establece que si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado, mientras que si estuviera ocupado, el Letrado de la Administración de Justicia acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal hubiera resuelto, con arreglo a lo previsto en el art. 661.2 LEC, que el ocupante u ocupantes no tendrían derecho a permanecer en él. 

El tercer supuesto es el que motiva un doble interrogante. Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente según lo dispuesto en el art. 661.2 LEC, el adquirente podrá pedir al Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes pudieran considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda. 

Y ¿dónde se encontraría el doble interrogante? En el cómputo del plazo del año o, mejor dicho, en su inicio y en la definición de «adquirente». Respecto a la primera cuestión, la ley fija el «dies a quo» en el momento en el que se produce «la adquisición del inmueble» y dice la STS, Sala 1ª, de 18 de marzo de 2009 (ROJ: STS 1141/2009) que en los casos de venta judicial en pública subasta la perfección se produciría con el acto de la subasta y aprobación del remate, y la consumación de la venta, que producirá los efectos traslativos de dominio, con la adjudicación al adquirente del bien subastado, esto es, en el momento en que se dicte el decreto de adjudicación. De ahí que con independencia de la impropiedad que supone el empleo del término «venta» para identificar la enajenación forzosa que se lleva a cabo mediante la subasta judicial, es lo cierto que, en todo caso, la repetida enajenación deberá perfeccionarse y consumarse ya que en nuestro sistema jurídico el contrato de compraventa no transmite la propiedad sino va seguido de la tradición. 

Iniciándose el cómputo en la fecha del dictado del decreto o, en el momento en el que se produzca su firmeza, sucede que la tradición se producirá con la plasmación de la venta en el testimonio del decreto de aprobación (o de adjudicación) expedido por el Letrado de la A. de Justicia. Requisito de titulación indispensable para que pueda entenderse que se ha producido la transmisión del dominio, la cual exige que exista título y que concurra modo de adquirir mediante la tradición o entrega (art. 609 CC). Y lo dicho significa que la posesión del art. 675 LEC se estaría refiriendo en todo caso al lanzamiento, pues la entrega del testimonio conllevaría la de la primera. 

Por lo demás, habrá que tener en cuenta que no serían posibles interrupciones del plazo de tal modo que solicitado el lanzamiento deberá llevarse a cabo y, si el adquiriente solicitará la suspensión de la diligencia o ésta debiera repetirse, ni se reanudaría el plazo que faltara por cumplir, ni comenzaría a correr de nuevo: el Juzgado estaría cumpliendo una diligencia ya acordada. En el mismo sentido el plazo del año tampoco admitiría prorrogas y no podría interrumpirse por la existencia de sucesivos ocupantes y, aunque en la práctica se ordene el lanzamiento pese a tener constancia del abandono del inmueble, vuelve a insistirse en que nos encontraríamos ante el cumplimiento de una resolución judicial por lo que cuando el Servicio Común devolviera el mandamiento sin haber practicado el lanzamiento no volveríamos a iniciar el cómputo del plazo. 

Solventado el primer interrogante y entrando ahora en el segundo, precisaremos que el «adquirente» no sería el «ejecutante» y, por tanto, a este también se le aplicaría el plazo del año cuando se hubiera adjudicado el inmueble. Se confunde en esta sede lo que es el objeto de la ejecución con el derecho del ejecutante a la satisfacción de su título y, mientras aquel suele consistir en la realización de bienes en una vía de apremio, este se limita al pago (en la ejecución dineraria y en la hipotecaria), por lo que no existiría un hipotético derecho del ejecutante a la entrega del inmueble ajeno al art. 675 LEC y al repetido plazo del año. 

Por idéntica razón que el ocupante sea o no el ejecutado es una cuestión que en nada afecta a la limitación temporal del mandato, pues no se trataría de «hacer efectiva la posesión del ejecutante adjudicatario del inmueble, mediante el lanzamiento de la propia parte ejecutada» como erróneamente suele entenderse, sino como hemos visto de satisfacer el título ejecutivo mediante la realización del bien.

05 abril 2017

Comunicación de los LAJ de Valencia sobre la gestión de los asuntos de la cláusula suelo


Como sabrán los lectores, Valencia ha sido una de las ciudades especialmente afectadas por los llamados pleitos en masa contra entidades bancarias. La avalancha se solucionó mediante la designación de varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que en número variable de tres a cinco según los meses, eran los encargados de la vista de los juicios verbales y de las audiencias previas y de las vistas de los juicios ordinarios. Varios funcionarios del Decanato de Valencia y una Letrado de la Administración de Justicia gestionaron las Salas necesarias, de tal modo que los Juzgados de Primera Instancia continuaban con la tramitación de cada asunto desde el registro de la demanda hasta la vista y, desde el dictado de la sentencia hasta su definitivo cumplimiento, lo que incluía la ejecución y la posible oposición que se formulase. 

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cláusula suelo y una segunda posible entrada masiva de asuntos bancarios motivo, que se redactara por los Letrados de la Administración de Justicia de Valencia el documento que a continuación se recoge:


Comunicación de los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia sobre la gestión de los asuntos de la cláusula suelo. 
1. Postura sobre la posible atribución a un solo Juzgado de Primera Instancia de los asuntos sobre la cláusula suelo. 
1.1. Dado el desconocimiento sobre los términos en los que el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado respecto a la atribución a un único Juzgado de todos los asuntos sobre la cláusula suelo y, de los requisitos que deberá o no reunir el órgano afectado, la Junta observa que en las condiciones actuales de medios informáticos y personales dicha atribución no es una medida adecuada para responder al probable incremento de asuntos y, solo garantizará a muy corto plazo su colapso. 
2. Postura sobre el mantenimiento del refuerzo transversal mediante el nombramiento de Jueces de refuerzo. 
2.1. Durante los últimos tres años todos los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Valencia se han reforzado con tres o cuatros Jueces que solo han resuelto determinados asuntos bancarios. Dicho refuerzo no ha supuesto ningún incremento de plantilla, ni mejora en los medios informáticos y, pese a ello el registro de más de 20.000 demandas ha provocado una multiplicación imposible de cuantificar en las resoluciones de trámite, el movimiento en la cuenta de consignaciones, las diligencias de tasaciones de costas, su impugnación y en los despachos de ejecución. Súmese a lo dicho la atención al público y a profesionales que tampoco ha merecido ninguna dotación extraordinaria para los órganos judiciales afectados. 
2.2. Dado que como en el caso del plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, también se desconoce si se va a mantener el refuerzo transversal en forma de nombramientos de Jueces para sentenciar los asuntos sobre la cláusula suelo, Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia muestran su preocupación a que por segunda vez se obligue a los órganos judiciales de la Primera Instancia de Valencia a tramitar y a gestionar una avalancha de procesos, cuyo número y dificultad jurídica se ignora en la actualidad, sin auxilio o dotación complementaria de ninguna clase. 
2.3. En consecuencia, los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia entienden que cualquier medida de refuerzo que sobrecargue la actividad diaria de dichos órganos, deberá realizarse con arreglo a un plan que vaya más allá del nombramiento de Jueces encargados de sentenciar asuntos ya que de nada sirve dicha celeridad resolutiva en determinados asuntos, si no puede observarse en los demás procesos, ni mantenerse aquella en la tramitación posterior al dictado de la correspondiente resolución o, en la ejecución. 
Se ha remitido esta comunicación al Ilte. Secretario Coordinador Provincial de Valencia y entregado al Ilmo. Magistrado-Juez Decano de Valencia.

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28 marzo 2017

¿Triciclo o patines? La última sobre la NOJ en la Comunidad Valenciana (III)


Y miren, como esto de la implantación a martillo de la Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana no le importa a nadie en la casa, salvo un par de Magistrados de trinchera que anda moviéndose por aquí y por allá con nulo éxito de crítica y escaso de público, he pensado que quien redacta estas líneas debe dejarse arrastrar por el impulso modernizador de esa nueva organización de la oficina judicial que se rige por el principio de “se hace camino al andar” aunque nadie sepa dónde está el camino, ni si al final del mismo hay un precipicio. 

Con esta introducción ya indico que este será el último comentario sobre la Nueva Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana, sus sesiones de formación informática de tres horas en salones de actos o en las salas de bodas de los decanatos, sus miles de modelos triplicados en el Cicerone procesal y su versión 19 y, por supuesto, sus servicios generales, comunes, mediopensionistas y ocasionales y, el tránsito de procesos o de pedazos procesales entre unos, otros y los de más allá. 

Así que llegados a este punto son cuatro las importantísimas dudas que me asaltan. ¿Estaremos asistiendo al definitivo ocaso de la grapa judicial, subespecie de la grapa de tono cobrizo o grisáceo, que a modo de plaga infectan procesos y archivos? y, por necesarias alusiones ¿los fasteneres corren el mismo riesgo de desaparición gracias a que los pedazos procesales saltarán de ordenador en ordenador -y no de mesa en mesa-, aunque no necesariamente en el mismo orden jurisdiccional, ni entre los encargados de su tramitación? 

¿Patines o un triciclo? Esta es la tercera cuestión que me tiene alterado el sueño, porque como se queda un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) por cada tres Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD), los años van cayendo y no conozco a ningún LAJ que tenga seis brazos y cuatro piernas, será imprescindible algún soporte que facilite el desplazamiento autónomo entre aquellas y, permita desempeñar esas notabilísimas funciones que cada reforma adjudica al Cuerpo. 

Y nos queda la cuarta y última: ¿seguirán haciéndose los miles de testimonios de sentencias, autos y decretos mientras los originales de esos documentos se conservan en cajas sin orden, índice y en concierto propio de la anarquía? Supongo que lo ignoran pero el primer gasto que se ahorró la administración – y con razón- fue el de la encuadernación de esos miles de folios. 

Pasen un buen día y si hacen algún comentario y no leen una respuesta es que no puedo hacerla. He entrado en un bucle informático del que todavía no he logrado salir.

21 marzo 2017

El pago o cumplimiento como motivo de oposición a la ejecución.


Una larga tradición en nuestro proceso que confunde su finalidad de declarar el derecho y de ejecutarlo, con el inexistente de las partes a servirse del mismo así como prácticas carentes de sentido con las nuevas tecnologías, transforma los requisitos del pago o cumplimiento del título y con ello afecta a los límites del despacho de ejecución y de una posible oposición. La reforma del expediente de consignación en la Ley 15/2015 y una adecuada exégesis de las normas procesales obligaría a despejar el proceso de estas costumbres y, a que el pago o cumplimiento fuera ajeno al mismo hasta que apareciera como motivo de oposición a la ejecución. 

Les dejo el artículo publicado en la ley sobre esta cuestión.