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Una estupenda fuente de dilaciones debidas: la audiencia previa del juicio ordinario.

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Corría el año del Señor de 1998 del Siglo pasado cuando avezados Catedráticos de la cosa de lo procesal decidieron oralizar el proceso civil patrio importando la audiencia previa austríaca y meterla, sin calzador, en el novedoso juicio ordinario. El objetivo y la finalidad de la novedad y no la del calzador, sea dicho, era doble: acabar con la corruptela del juicio de menor cuantía y su comparecencia delante de las máquinas de escribir de los entonces Oficiales de la Administración de Justicia, lo que convertía el Juzgado en una especie de mercado e impedía que el Juez o Magistrado viera y percibiera el quid del litigio y se pronunciara sobre la imprescindible prueba para resolverlo; y en segundo lugar, la depuración, limpieza, brillo y pulido del juicio ordinario, que sustituiría a los juicios de mayor y de menor cuantía en un acto que llevaba en volandas a la pretensión a otro segundo, el de la prueba, en el que solo se probaría o intentaría aquello en lo que las partes estuvieran d…

Un despropósito que no conoce límites: la cuenta de consignaciones judiciales.

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Cuando en el año 2006 se perpetró el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, no solo la banca electrónica comenzaba a sustituir a toda clase de mecanismos mecánicos y humanos en las miles de sucursales habidas en suelo patrio, sino que iniciaba el desarrollo de aplicaciones para toda suerte de cacharrería electrónica para que cualquier gestión financiera pudiera hacerse sin pisar la oficina. Queda el pequeño fleco de las cancelaciones contractuales que obligan a la personación e identificación en la sucursal, cuando sabido es que como no andes con ojo una mala conversación telefónica puede suponerte un par de seguros y una tarjeta para que te compres unas vacaciones en el Caribe. 

Ni que decir tiene que Justicia y sus legisladores de la cosa suelen ir con dos Galaxias de retraso y, volviendo al estupendo Real Decreto de 2006 y a su primer y antológico artículo, nos advierte con severidad q…

El deber de colaboración de terceros en las diligencias ejecutivas

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El deber de colaboración de todas las personas y entidades públicas y privadas recogido en el art. 591 LEC completa la medida de investigación judicial del patrimonio del deudor del art. 590 LEC, y supone la concreción para el proceso de ejecución del deber general de colaboración previsto en los arts. 118 CE y 17 LOPJ. Ello supone la obligación de prestar la colaboración de terceros en las actuaciones de ejecución y de entregar cuantos documentos y datos tengan en su poder, sin más limitaciones que los que imponen el respeto a los derechos fundamentales o a los límites que, para casos determinados, expresamente impongan las leyes. 
Pero este deber no es absoluto, correspondiendo al Tribunal determinar los actos de colaboración que serían exigibles en cada supuesto (AAP GRANADA, Sección 4ª, de 7 de noviembre de 2006, ROJ: AAP GR 646/2006). Por lo mismo, la ley prevé que las personas o entidades puedan alegar razones legales o de respeto a los derechos fundamentales para no realizar la …

La singularidad del plazo de veinte días del art. 548 LEC en la ejecución provisional.

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La obligación de abonar las costas en la ejecución provisional no ha sido nunca una cuestión pacíficamente resuelta en los tribunales y mientras unos, la mayoría, entienden que al ejecutado que satisface la condena dineraria dentro de los veinte días siguientes al despacho de ejecución no le serían repercutibles las costas; otros consideran aplicable a la ejecución provisional la previsión del art. 539.2 LEC para la ejecución definitiva, dada la remisión genérica que a ésta efectúa el art. 524 LEC y, la naturaleza de aquella como verdadera ejecución. 
¿Y dónde se origina la curiosa aplicación del plazo de veinte días del art. 548 LEC a la ejecución provisional? Leemos en la SAP MADRID 273/2010, Sección 12ª, 21 de abril de 2010 (ROJ: SAP M 7068/2010) que si al deudor que lo es por virtud una resolución ejecutiva y firme se le otorga el plazo de veinte días del art. 548 LEC, por igual o mayor razón habrá de entenderse que lo tiene el deudor que lo sea por la ejecución provisional de una…

Democracia, votación y coro en el Consejo del Secretariado.

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La premeditada confusión entre la democracia y la votación en que principia, que en la actualidad lidera entre otros un conocido entrenador de fútbol, se arrastra en España desde el siglo pasado y ha sido tan contagiosa que en cualquier organización se nos hace creer que en el hecho de llenar de papeletas una urna se agota el sistema, de tal modo que en el intermedio de cuatro años los elegidos no le rinden cuentas a los electores, salvo a las respectivas parejas y eso no todos y, por supuesto, a quienes les han colocado ahí, en la lista cerrada y bloqueada. 
España no tiene una democracia mejor o peor que las demás, pese a que dos canales de televisión y un grupo parlamentario anden empeñados en llevársela por delante sin mejor alternativa, pero tiene dos bridas que la sujetan y condicionan: la ya citada lista cerrada que somete el interés del electorado a la casta dirigente de cada partido y el reparto proporcional del voto por territorio, que permite el nacimiento y desarrollo de n…

Creo que veintitrés años son bastantes para que dejen de tomarme(nos) la calva (antes el pelo)

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Cuando mi padre vio mi primera nómina, cobrada en la fenecida CAJAMADRID y en una sucursal que ya no existe, no daba crédito a la escasez. Pasados veintitrés años y, setenta y tres reformas legales la escasez ha dado paso a la vergüenza, una jubilación a los setenta años, no sé cuantos días de asuntos propios, múltiples funciones que puede hacer cualquiera y cuando cualquiera es cualquiera y, una promoción profesional que se relaciona directamente con los grados de la genuflexión, por lo que creo que es hora de decir basta y en esa línea me sumo al escrito que me ha remitido una compañera de Cataluña y que cuelgo bajo este párrafo. Reclamacion salarial definitivo from justiciayprehistoria

Esas mínimas funciones que nos han convertido en no sé qué cosa.

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No está siendo un buen año para la Superioridad Jurídica y Procesal del Cuerpo de Letrados de Justicia y el futuro lleva camino de escribirse en una pizarra de primero de infantil ya sea por el interés de nuestras funcionas (ninguno) o, por la relevancia de las próximas (ninguna), de tal modo que en una carrera sin frenos volveremos, más pronto que tarde, a confirmar que los rollos de papel higiénico se gastan según reglamento o, que las señoras de la limpieza se turnan el tiempo previsto en la legislación laboral. Mínimas funciones, no arduas ciertamente y que suponen una actuación de colaboración con otros órganos de la Administración análoga a aquellas otras colaboraciones específicas que se regulan expresamente en la normativa de aplicación. 
La última frase es transcripción parcial de la ST TSJ MADRID, Sala de lo Contencioso, Sección 7ª, de 14 de julio de 2017 (ECLI:ES:TSJM:2017:7867) que ha desestimado el recurso interpuesto por la UPSJ (Unión Progresista de Letrados de la Admini…