22 febrero 2012

El órgano competente para ejecutar las resoluciones aprobatorias de las tasaciones de costas.


Dispone el artículo 61 LEC, que salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare. Pero la interpretación del citado artículo 61 LEC no es pacífica y como ahora veremos, entiendo muy acertada la doctrina que afirma que solo la ejecución de la sentencia compete al órgano de la primera instancia, mientras que la de las demás resoluciones (entre otros, autos o decretos aprobatorios de las tasaciones de costas y las juras de cuentas) corresponderá al órgano que las haya dictado. 

Paradigma de esta postura lo encontramos en el AAP GUADALAJARA, 22/2003, Sección 1ª, 1 de octubre de 2003 (ROJ: AAP GU 174/2003) que considera que conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 61 LEC, tanto los Juzgados como las Audiencias Provinciales y demás Tribunales conocerán de las ejecuciones de las providencias y autos que dictaren. Y siendo obvio que la ejecución de las sentencias se llevará a cabo en los Juzgados que las hayan dictado, las demás decisiones dictadas por otros Tribunales, como las dimanadas del pleito o recursos, tales como juras de cuentas, tasaciones de costas, etc., deberán ser ejecutadas por cada uno de los que dicta la resolución.

Nos encontramos, por tanto, con una de las vertientes de la competencia funcional, cuya finalidad es acumular ante el mismo órgano judicial que dicta una resolución el proceso de ejecución de dicha resolución; por lo que, si es la Audiencia Provincial el tribunal que dicta la resolución que se pretende ejecutar, es dicho órgano judicial el competente para seguir el proceso de ejecución. Así pues, no será posible que otro Tribunal ejecute lo que la Audiencia acordó ya que el nexo lo es con la decisión de la Audiencia Provincial y no con la del Juzgado y, por lo mismo, llevará a cabo las ejecuciones de las juras de cuentas y de las tasaciones de costas causadas en la segunda instancia, pues derivan y guardan relación con la sentencia dictada en su momento en la segunda instancia. 

Por último y en tercer lugar, es concorde esta postura con el artículo 545 LEC, pues se refiere este precepto al tribunal en general, pudiéndose considerar que es la Audiencia Provincial el tribunal que conoció en primera instancia de la resolución judicial que aprueba la tasación de costas y, en consecuencia, quien tiene la competencia para la ejecución de dicha resolución judicial. 

Razones en sentido contrario también las hay, pero de menor peso. Dicen los artículos 545.1 y 61 LEC que la competencia para conocer de la ejecución de las resoluciones judiciales viene atribuida al juez que conoció del asunto en primera instancia y en la Ley de Enjuiciamiento Civil la ejecución ha quedado configurada como un procedimiento totalmente autónomo, que comienza mediante demanda y que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 LEC compete al Juez de Primera Instancia, salvo que por disposición expresa se hallen atribuidos a otros Tribunales. Y digo de menor peso, porque el artículo 85.5 LOPJ no atribuye expresamente la competencia a los Juzgados de Primera Instancia para la ejecución de los autos o decretos aprobatorios de las tasaciones de costas. 

Tampoco es obstáculo el hecho que no podría plantearse recurso de apelación, por ejemplo, frente al auto denegando el despacho de ejecución o resolviendo la oposición a la ejecución. En tal sentido dice la Audiencia de Guadalajara que partimos del hecho que la ejecución de la resolución judicial que aprueba la tasación de costas practicada en la segunda instancia se ha de sustanciar en única instancia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 549.2 LEC;


“siendo necesario destacar las diferencias tan notables que existen entre la ejecución de títulos jurisdiccionales, y el resto de ejecuciones basadas en títulos extrajurisdiccionales, en donde la oposición a la ejecución es lógicamente más amplia, pudiéndose presentar un verdadero incidente declarativo, que revisa la bondad del título, lo cual no es susceptible de suceder en la ejecución de títulos judiciales; por otro lado, no todas las resoluciones que pueden dictarse en ejecución son susceptibles de recurso, en concreto el auto que ordena el despacho de la ejecución es irrecurrible, de conformidad con el artículo 551 LEC”.

En la misma línea que atribuye competencia al órgano que dicta el decreto y no al Juzgado que ejecuta, se encuentra también el AAP BARCELONA, Sección 1ª, 20 de diciembre de 2006 (ROJ: AAP B 6884/2006) del que se reproduce, parcialmente, uno de sus fundamentos de derecho:


El examen de las actuaciones pone de manifiesto que la demanda de ejecución instada por la representación de Hostomisa SA tenía como objeto la ejecución del auto dictado por el Tribunal Supremo en fecha 28 de junio de 2004, en el que aprobaba la tasación de costas devengada en el recurso de casación número 3416/1997, y la fijaba en la cantidad de 6.911,99 euros. 
Por consiguiente, la referida demanda de ejecución no podía plantearse ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Arenys de Mar sino que debía serlo ante el Tribunal Supremo porque así lo dispone el artículo 545 LEC al señalar que será competente para la ejecución de resoluciones judiciales el tribunal que conoció del asunto en primera instancia, reiterando lo asimismo preceptuado en el artículo 61 del mismo texto legal conforme al cual, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de las sentencias. 
Prueba de lo indicado es que el artículo 550-1 de la LEC que exige la presentación del título que se pretenda ejecutar, junto con la demanda de ejecución, excluye tal requisito cuando se trata de la ejecución de una resolución judicial definitiva, lo que se explica por el hecho de que el juzgado ante el que se interpone la demanda de ejecución, es el mismo que ha dictado la resolución de que se trata y que dispone por tanto de la misma. 
Ante esta situación de clara incompetencia funcional, la demanda de ejecución resulta ser un acto inútil y no autorizado por la ley, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la LEC , no puede devengar costas, ya que si bien el indicado precepto está inicialmente concebido para excluir determinadas partidas, no se observa obstáculo legal alguno para que pueda aplicarse en aquellos casos en que el devengo de costas sea improcedente y se deniegue en su totalidad la práctica de la tasación, como ocurre en el caso de autos, por resultar contrarias a la ley las actuaciones que supuestamente habrían devengado las costas.

En suma, en estos casos se impone la apreciación de oficio de la falta de competencia funcional del Juzgado (artículos 61 y 545 LEC), lo que implica que deba denegarse en la Primera Instancia la ejecución de los decretos aprobatorios de las tasaciones de costas dictados por otros órganos (Audiencia Provincial y Tribunal Supremo).

5 comentarios :

  1. Pues en Madrid seguimos erre que erre. La AP no ejecuta sus propias costas ni a tiros.

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  2. Es lo más sencillo.De hecho, hasta hace dos telediarios en Alguna Audiencia del Sur obligaban a tasar parte de las costas de la apelación en los Juzgados de la Instancia.

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  3. ¿Y el Supremo qué hizo? ¿se ha puesto a ejecutar sus propias costas? No me lo creo....

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    1. No tengo ni idea, pero de lo que se trata (o trato) es de reformular el debate y abrir otras vías interpretativas. Seguramente estaré solo en esto o acompañado de dos más, pero se lo que hay.

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  4. El Tribunal Supremo no ejecuta sus propias costas, remite el Juzgado competente...

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